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EDITORIAL

Perú-Unión Europea: más allá del acuerdo comercial

Alejandro Deustua
8 de febrero de 2010

 

Si Perú logra cerrar a mediados de año el acuerdo de libre comercio que negocia con la Unión Europea habrá redefinido el vínculo estructural con la primera economía regional del mundo (17.1% del comercio mundial). Ello completará la relación contractual con las principales tres economías del sistema internacional (las otros dos son los acuerdos comerciales suscritos con Estados Unidos –el primer mercado nacional- y China -  la economía mayor de más rápido crecimiento-) a la espera de lo que ocurra con Japón.

   Sin embargo, este logro estratégico que mejora el formato de nuestra inserción global no tendrá todo el impacto esperado si la Unión Europea no progresa en acercarse institucionalmente a sus interlocutores andinos a la espera de un acuerdo sobre diálogo político que abarque al conjunto subregional. Si de momento ello no sería posible debido al veto boliviano (Ecuador podría regresar a las negociaciones comerciales), la UE debería plantearse la conveniencia de un acuerdo de asociación sólo con Perú y Colombia  (como lo tienen Chile y México).

  El conjunto de beneficios regimentales derivados de un acuerdo que elimina los problemas de unilateralidad, discrecionalidad, temporalidad e incertidumbre del SGP Plus  (régimen preferencial concedido por la UE) y que fomenta la seguridad jurídica de las normas y reglas pactadas sería, aún así, beneficioso para el Perú. Pero ello ocurrirá mejor si, al margen de la frustración parcial del componente político, el acuerdo con  la Unión Europea asegura un impacto mayor en el crecimiento de nuestra economía, gestiona mejor las grandes asimetrías, promueve intensamente la creación de comercio desde el Perú y logra asegurar ganancias claras de competitividad.
  
  En relación al mejoramiento de la perfomance el acuerdo tendría, sin embargo un impacto menor. Según la Universidad de Manchester, éste rondaría el 0.5% del PBI peruano en un escenario de liberalización intensa. Ese impacto no parece mayor si se lo evalúa en términos absolutos y estáticos. Pero mejora considerablemente si se le compara con  el impacto potencial del acuerdo suscrito con Estados Unidos (algo más de 1% del PBI) y si las oportunidades de mercado que el acuerdo abre son eficientemente aprovechadas por los agentes económicos especialmente locales.

   Por lo demás, la propia inercia del acuerdo debiera tender a consolidar a la Unión Europea como la principal fuente de inversión extranjera directa y de cooperación económica con el Perú (status concordante con el ámbito andino y latinoamericano). Ello, sin embargo, podría estar en cuestión por algo más que el corto plazo si la crisis de los países con mayor déficit público, menor calidad de deuda y peor crecimiento de la UE (Grecia, España, Portugal e Irlanda) se desborda al conjunto de la Unión poniendo en cuestión su débil crecimiento en el 2010 (1.5% y 1.9% para el 2010 y 2011, según el FMI).

   De no materializarse ese alto riesgo en Europa, el bajo crecimiento en el continente  podría tener un efecto favorable para el Perú si los inversionistas europeos que buscan ganancias en mercados emergentes con perfomances considerablemente mayores (el peruano, en particular) optan por mejor su presencia en el área (los bancos españoles mostraron ganancias en el 2009 debido a sus inversiones en América Latina).

  Sin embargo, si se pudiera dejar de atender estos hechos (que tienen implicancias de largo plazo), queda por ver si el interés de esos agentes supera el impacto insignificante que el acuerdo tendrá para la Unión Europea. Especialmente si se considera que mientras que la UE tiene una participación en el comercio exterior andino de 14.2%, el mercado andino sólo representa 0.6% del comercio exterior europeo.

   De otro lado, para que la gran brecha de asimetrías estructurales que esas cifras representan se torne en oportunidades reales, los agentes económicos andinos quizás deban preocuparse más del intercambio de bienes  no primarios y por la inversión de las medianas empresas europeas una vez que las grandes ya han consolidado su posicionamiento en el área.

   Y también por un mayor rol del sector servicios. De otra manera, el patrón de comercio que establece que el Perú exporta minerales y alimentos e importa bienes manufacturados consolidará un tipo de inserción indeseada (la predominante desde el siglo XIX) pero esta vez formalizada en términos contractuales.

   Como ocurre con los demás acuerdos de libre comercio, buena parte de sus beneficios dependerá del mejoramiento sustancial de nuestra competitividad. El esfuerzo nacional al respecto  debería poder ser acompañado al respecto por las empresas europeas. En la actualidad el Perú ocupa el puesto 50 entre los principales socios comerciales de la UE y Colombia el puesto 46. Ello debe poder mejorarse en el mediano plazo si los latinoamericanos que tienen acuerdos de libre comercio y de asociación con la Unión (Chile y México) ocupan los puestos 35 y 20, respectivamente (mientras que Brasil, que no tiene acuerdo comercial pero sí político, ocupa el puesto 9).
 
   Si bien esta jerarquía es económica, lo es también política porque traduce el nivel de atención europeo. Si ésta se refleja en influencia, el requerimiento de un acuerdo de asociación es más importante para Perú y Colombia en este momento tanto en relación a los vecinos (frente a los cuales es necesario evitar discriminación política por la UE) como a manera de complementación estratégica  del menor impacto económico que el acuerdo comercial puede tener. Pero especialmente como seguro de anclaje en Occidente y en sus redes asociativas para mejorar el posicionamiento nacional en el proceso de inserción en la cuenca del Pacífico

   De allí que el rol de la Cancillería en la negociación del  acuerdo de libre comercio deba superar el nivel subsidiario que ahora tiene según la vigente distribución de funciones. En relación a la UE, este rol ha venido, en apariencia, decayendo desde que, luego de suscribirse en el 2003 el acuerdo de cooperación y diálogo político entre la Unión y los miembros de la CAN, la legitimidad de la negociación comercial fuera cuestionada por Bolivia en el 2007. A principios del 2007 Bolivia canceló su participación y Ecuador  complicó aún más las cosas cuando luego se retiró (este país busca ahora su reincorporación buscando plazos y condiciones más amplias para él).

  Por lo demás, el rol de Cancillería debe intensificarse con el fin de concretar mejor los fundamentos políticos del acuerdo, de evitar que elementos exógenos se introduzcan en el proceso bajo presión europea (p.e., una cláusula de no proliferación que sólo cabe en una agenda política y de seguridad), de prevenir la coacción política por el interlocutor (la eventual indisposición del Parlamento Europeo a aceptar un acuerdo con Colombia por asuntos vinculados con derechos humanos) y de asegurar que ciertas cuestiones sensibles de carácter procesal puedan ser mejor resueltas (p.e. el origen de los productos faenados en la zona económica exclusiva del mar peruano o la existencia de los Ceticos fronterizos cuya extinción la UE desea asegurar cuando venza la ley que los cobija).   

   Sin duda que esta participación es necesaria también para resolver asuntos “técnicos” de resonancia política como la demanda europea de circulación de bienes dentro de la CAN o la consideración preferencial que debe otorgarse al drawback (que la UE desea cancelar). Pero por encima de ello está, sin  duda, la necesidad nacional de reducir las vulnerabilidades implícitas en el acuerdo, de asegurar una gestión favorable de las mismas y de cubrir ciertos elementos del marco negociador que originalmente no fueron bien tratados (p.e. el trato preferencial o la influencia del problema de drogas en el esquema SGP Plus).

  Entre estos requerimientos resalta el vinculado a la mejor promoción del acuerdo de asociación con la UE para evitar que su denegación para Perú y Colombia no se convierta en  materia de discriminación en relación a Chile y México y para  asegurar que el acuerdo rinda todo su potencial estratégico.   

 

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