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EDITORIAL

Desorden y orden en Europa

Alejandro Deustua
12 de febrero de 2010

Un nuevo factor de inestabilidad económica ha surgido en los países desarrollados poniendo  en cuestión las condiciones de superación de la crisis del sistema financiero internacional. Aquél muestra que a la irresponsabilidad de los agentes privados que forjaron la burbuja inmobiliaria beneficiándose del desmanejo bancario, se ha sumado el riesgo de la progresiva indisciplina fiscal en esos Estados. Expresada en exceso de déficit y de deuda pública en Estados Unidos, ahora la más regulada Unión Europea se ha revelado también como fuente de vulnerabilidad global. El tiempo en que esas fuentes radicaban en los países en desarrollo está cambiando aunque no se ha superado.

  Las consecuencias de ese deterioro, amplificadas por la hipersensitividad del mercado, se acaban de sentir en la fuerte caída de las bolsas europeas (hasta de 6%), en la del Dow Jones (circunstancialmente por debajo de la barrera psicológica de 10 mil puntos), las de ventas a futuro de las materias primas y de oro) (IHT) y en una devaluación del euro de 1.50 (en noviembre pasado) a 1.36 por dólar ayer.
 
   Para América Latina, ello ha implica otro golpe al comportamiento de  los precios de sus commodities, la erosión de la confianza en el principal mercado de destino de sus exportaciones y  dudas adicionales sobre la fortaleza del euro como divisa alternativa al dólar en la canasta de reservas.

   Es verdad que buena parte de este shock deriva de los efectos perversos de los imprescindibles planes de estímulo a los que los gobiernos apelaron para escapar a la recesión global. La preocupación al respecto ha estado centrada hasta hoy en cómo retirar el exceso de liquidez antes de que ésta se convierta en un problema inflacionario sin arriesgar el incipiente crecimiento. Pero los problemas fundamentales de algunas economías europeas, de la que Grecia es el peor ejemplo, muestra que el crecimiento de las mismas fue parcialmente estimulado también, en momentos no críticos, mediante endeudamiento y gasto superior a lo que determina la prudencia.

   Hace tiempo que todos estamos al tanto de que éste era el caso norteamericano. Pero el caso europeo era menos conocido y mejor cubierto por el régimen de comportamientos fiscal responsable de la eurozona que debía  brindar estabilidad al euro. Muchos pasaron por alto que el Pacto de Estabilidad originado en el Tratado de Maastrich, en vigencia desde 1997 y establecido para generar las condiciones de convergencia necesarias para la introducción del euro en 1999 (y para la posterior consolidación de la unión monetaria), había sido vulnerado.

   Ese Pacto supuso el compromiso de sus miembros de converger en un déficit fiscal de 3% y en límites de deuda pública de hasta 60% del PBI (y, antes de la vigencia de la moneda única, en sostener tipos de interés, de inflación y de cambio en niveles menores). Este régimen se mantuvo luego del ingreso del euro en el mercado activando instrumentos colectivos de carácter preventivo (un sistema de alerta a los Estados que se alejaran de los parámetros) y disuasivo (que incluía sanciones para los hubiesen incurrido en déficit excesivo).

  A estas obligaciones colectivas se comprometieron los doce miembros originales de la eurozona. El  orden logrado, reflejado en  el fortalecimiento del euro, tuvo éxito hasta que, en el 2003, el régimen fue vulnerado por las economías mayores: Francia y Alemania sostuvieron déficits superiores a 4% (su mayor gasto, sin embargo, fue considerado necesario y no dispendioso) y lograron que no se les sancionara contra la opinión de los partidarios de un régimen fuertemente disciplinado (España, entre ellos). Para el 2004, año de las Olimpiadas, Grecia ya tenía déficits de 5% (con un gasto menos productivo).

   Con los sucesivos procesos de expansión de la Unión Europea (y de la zona del euro), el supuesto era que los  miembros originales debían mantener un orden correlativo al que se reclamaba a los nuevos miembros. Pero hoy no sólo Grecia (12.7% de déficit fiscal y 112.6% de deuda en relación al PBI) padece de desorden que vulnera el Pacto de Estabilidad. De ese mal padecen también los mal llamados PIGS. Además de Grecia, éste es el caso de Portugal (8% y 77.4%, respectivamente), Irlanda (12.5% y 65.8%, respectivamente) y España con (11.2% y 66.3%, respectivamente).
  
    Pero además, las economía grandes siguen participando de ese síndrome (Alemania 3.4%  de déficit y 73.1% de deuda) y Francia (8.3% y 76.1%, respectivamente) mientras que las economías  “medianas”, como Italia, lo comparten (Italia con 5.3% y 114.6%, respectivamente). Frente a estos ejemplos, economías como la peruana resaltan por su ordenado comportamiento.

    El shock griego no ha llamado a la UE a comprometerse nuevamente con los parámetros del Pacto de Estabilidad (que, sin embargo, parecen vigentes a luz de los compromisos de ese país de regresar a un déficit de 3% en el 2012). Ello se debe quizás a que Grecia representa sólo 2.8% de la economía de la eurozona y a que ésta, a su vez, puede convivir con un déficit promedio de 6% (según  el Banco Central Europeo) sin generar mayor inestabilidad. Este doble rasero indica que, no obstante parecer vigente,  el Pacto está roto o que está cambiando en los hechos hacia parámetros distintos: 3% para las economías menores en problemas y 6% para las mayores que deben asegurar aún el crecimiento.

  En cualquier caso, este afán europeo por el orden indispensable para la conducción de la unión monetaria, parece haberse redefinido. Primero, porque éste se ha evidenciado menos regionalista en la eurozona en tanto que en la aproximación al problema griego, si bien se ha prescindido del concurso del FMI (cuyos recursos han sido reclamados por Hungría, Letonia y Rumanía que son miembros de la Unión Europea pero no de la eurozona), se le ha otorgado a éste un rol como consultor de “expertise”.

   Y segundo, porque los Jefes de Estado europeos acaban de apoyar las medidas del gobierno griego (que se compromete a bajar el déficit a 8.7% este año, a 5.6% en el 2011 y a 2.81% en el 2012) sin mencionar las obligaciones disuasivas del Pacto de Estabilidad y tomando sólo el instrumento de preventivo de la supervigilancia cuando ya no hay nada que prevenir (lo que se va a hacer es reparar el daño de manera vigilada).

   La autoridad de la eurozona, sin embargo se ha expresado, en la exigencia política de una reducción más estricta del déficit griego (4% en el primer año) mientras que el rol de supervigilancia será ejercido por la Comisión.

   Por lo demás, ese pronunciamiento resalta las limitaciones de la unión monetaria al comprometerse, sin mayores especificaciones, a que sus miembros, si es necesario, tomen acción de manera coordinada en resguardo del conjunto de la eurozona (no en sólo función de Grecia). Esa muestra de solidaridad ha bastado a los mercados para repuntar en la esperanza de que alguna acción conjunta de los socios (garantías de crédito, asignación recursos nacionales u otras formas de acción no previstas) se adoptará.
 
   Si ello se expresa en una evolución del Pacto de Estabilidad hacia la posibilidad del rescate conjunto lo decidirán los Ministros de Finanzas de la eurozona la próxima semana. Pero a la luz del nivel de endeudamiento y de los déficits nacionales (y la ausencia formal de solicitud griega), difícilmente surja de esa reunión un nuevo régimen formal al respecto. De esta manera el orden fiscal necesario para el buen funcionamiento de la unión monetaria (y, por tanto, de la fortaleza del euro) provendrá más de la disposición de los Estados nacionales de la eurozona a cooperar que de la autoridad comunitaria misma.

   Así, la agrupación de integración mas avanzada del mundo seguirá dependiendo de los Estados nacionales para progresar en tiempos de crisis. Ésta es la realidad aunque no concuerde con la imagen trasnacional del Tratado de Lisboa ni de la más sólida del Banco Central Europeo (y hasta pudiera ser un deseo expresado, por ejemplo, en la nostalgia alemana en torno a su moneda).

   De ello se deducen tres lecciones por lo menos. La primera es que la cooperación entre Estados afines (incluyendo a los que forman parte de procesos de integración avanzados) es imprescindible y no puede ni sustituida ni asumida aún como premisa organizacional. La segunda, es que aun los Estados mejor ordenados y más sistémicos violentan el orden colectivo. La tercera es que, estos Estados, por su voluntad, es decir, en uso de su soberanía remanente, siguen siendo responsables de la estabilidad del sistema internacional en el marco global. Las organizaciones, siendo imprescindibles y, en muchos casos, receptoras de fuertes “depósitos” de soberanía nacional, no son aún las predominantes a estas alturas del siglo XXI.Un nuevo factor de inestabilidad económica ha surgido en los países desarrollados poniendo  en cuestión las condiciones de superación de la crisis del sistema financiero internacional. Aquél muestra que a la irresponsabilidad de los agentes privados que forjaron la burbuja inmobiliaria beneficiándose del desmanejo bancario, se ha sumado el riesgo de la progresiva indisciplina fiscal en esos Estados. Expresada en exceso de déficit y de deuda pública en Estados Unidos, ahora la más regulada Unión Europea se ha revelado también como fuente de vulnerabilidad global. El tiempo en que esas fuentes radicaban en los países en desarrollo está cambiando aunque no se ha superado.

  Las consecuencias de ese deterioro, amplificadas por la hipersensitividad del mercado, se acaban de sentir en la fuerte caída de las bolsas europeas (hasta de 6%), en la del Dow Jones (circunstancialmente por debajo de la barrera psicológica de 10 mil puntos), las de ventas a futuro de las materias primas y de oro) (IHT) y en una devaluación del euro de 1.50 (en noviembre pasado) a 1.36 por dólar ayer.
 
   Para América Latina, ello ha implica otro golpe al comportamiento de  los precios de sus commodities, la erosión de la confianza en el principal mercado de destino de sus exportaciones y  dudas adicionales sobre la fortaleza del euro como divisa alternativa al dólar en la canasta de reservas.

   Es verdad que buena parte de este shock deriva de los efectos perversos de los imprescindibles planes de estímulo a los que los gobiernos apelaron para escapar a la recesión global. La preocupación al respecto ha estado centrada hasta hoy en cómo retirar el exceso de liquidez antes de que ésta se convierta en un problema inflacionario sin arriesgar el incipiente crecimiento. Pero los problemas fundamentales de algunas economías europeas, de la que Grecia es el peor ejemplo, muestra que el crecimiento de las mismas fue parcialmente estimulado también, en momentos no críticos, mediante endeudamiento y gasto superior a lo que determina la prudencia.

   Hace tiempo que todos estamos al tanto de que éste era el caso norteamericano. Pero el caso europeo era menos conocido y mejor cubierto por el régimen de comportamientos fiscal responsable de la eurozona que debía  brindar estabilidad al euro. Muchos pasaron por alto que el Pacto de Estabilidad originado en el Tratado de Maastrich, en vigencia desde 1997 y establecido para generar las condiciones de convergencia necesarias para la introducción del euro en 1999 (y para la posterior consolidación de la unión monetaria), había sido vulnerado.

   Ese Pacto supuso el compromiso de sus miembros de converger en un déficit fiscal de 3% y en límites de deuda pública de hasta 60% del PBI (y, antes de la vigencia de la moneda única, en sostener tipos de interés, de inflación y de cambio en niveles menores). Este régimen se mantuvo luego del ingreso del euro en el mercado activando instrumentos colectivos de carácter preventivo (un sistema de alerta a los Estados que se alejaran de los parámetros) y disuasivo (que incluía sanciones para los hubiesen incurrido en déficit excesivo).

  A estas obligaciones colectivas se comprometieron los doce miembros originales de la eurozona. El  orden logrado, reflejado en  el fortalecimiento del euro, tuvo éxito hasta que, en el 2003, el régimen fue vulnerado por las economías mayores: Francia y Alemania sostuvieron déficits superiores a 4% (su mayor gasto, sin embargo, fue considerado necesario y no dispendioso) y lograron que no se les sancionara contra la opinión de los partidarios de un régimen fuertemente disciplinado (España, entre ellos). Para el 2004, año de las Olimpiadas, Grecia ya tenía déficits de 5% (con un gasto menos productivo).

   Con los sucesivos procesos de expansión de la Unión Europea (y de la zona del euro), el supuesto era que los  miembros originales debían mantener un orden correlativo al que se reclamaba a los nuevos miembros. Pero hoy no sólo Grecia (12.7% de déficit fiscal y 112.6% de deuda en relación al PBI) padece de desorden que vulnera el Pacto de Estabilidad. De ese mal padecen también los mal llamados PIGS. Además de Grecia, éste es el caso de Portugal (8% y 77.4%, respectivamente), Irlanda (12.5% y 65.8%, respectivamente) y España con (11.2% y 66.3%, respectivamente).
  
    Pero además, las economía grandes siguen participando de ese síndrome (Alemania 3.4%  de déficit y 73.1% de deuda) y Francia (8.3% y 76.1%, respectivamente) mientras que las economías  “medianas”, como Italia, lo comparten (Italia con 5.3% y 114.6%, respectivamente). Frente a estos ejemplos, economías como la peruana resaltan por su ordenado comportamiento.

    El shock griego no ha llamado a la UE a comprometerse nuevamente con los parámetros del Pacto de Estabilidad (que, sin embargo, parecen vigentes a luz de los compromisos de ese país de regresar a un déficit de 3% en el 2012). Ello se debe quizás a que Grecia representa sólo 2.8% de la economía de la eurozona y a que ésta, a su vez, puede convivir con un déficit promedio de 6% (según  el Banco Central Europeo) sin generar mayor inestabilidad. Este doble rasero indica que, no obstante parecer vigente,  el Pacto está roto o que está cambiando en los hechos hacia parámetros distintos: 3% para las economías menores en problemas y 6% para las mayores que deben asegurar aún el crecimiento.

  En cualquier caso, este afán europeo por el orden indispensable para la conducción de la unión monetaria, parece haberse redefinido. Primero, porque éste se ha evidenciado menos regionalista en la eurozona en tanto que en la aproximación al problema griego, si bien se ha prescindido del concurso del FMI (cuyos recursos han sido reclamados por Hungría, Letonia y Rumanía que son miembros de la Unión Europea pero no de la eurozona), se le ha otorgado a éste un rol como consultor de “expertise”.

   Y segundo, porque los Jefes de Estado europeos acaban de apoyar las medidas del gobierno griego (que se compromete a bajar el déficit a 8.7% este año, a 5.6% en el 2011 y a 2.81% en el 2012) sin mencionar las obligaciones disuasivas del Pacto de Estabilidad y tomando sólo el instrumento de preventivo de la supervigilancia cuando ya no hay nada que prevenir (lo que se va a hacer es reparar el daño de manera vigilada).

   La autoridad de la eurozona, sin embargo se ha expresado, en la exigencia política de una reducción más estricta del déficit griego (4% en el primer año) mientras que el rol de supervigilancia será ejercido por la Comisión.

   Por lo demás, ese pronunciamiento resalta las limitaciones de la unión monetaria al comprometerse, sin mayores especificaciones, a que sus miembros, si es necesario, tomen acción de manera coordinada en resguardo del conjunto de la eurozona (no en sólo función de Grecia). Esa muestra de solidaridad ha bastado a los mercados para repuntar en la esperanza de que alguna acción conjunta de los socios (garantías de crédito, asignación recursos nacionales u otras formas de acción no previstas) se adoptará.
 
   Si ello se expresa en una evolución del Pacto de Estabilidad hacia la posibilidad del rescate conjunto lo decidirán los Ministros de Finanzas de la eurozona la próxima semana. Pero a la luz del nivel de endeudamiento y de los déficits nacionales (y la ausencia formal de solicitud griega), difícilmente surja de esa reunión un nuevo régimen formal al respecto. De esta manera el orden fiscal necesario para el buen funcionamiento de la unión monetaria (y, por tanto, de la fortaleza del euro) provendrá más de la disposición de los Estados nacionales de la eurozona a cooperar que de la autoridad comunitaria misma.

   Así, la agrupación de integración mas avanzada del mundo seguirá dependiendo de los Estados nacionales para progresar en tiempos de crisis. Ésta es la realidad aunque no concuerde con la imagen trasnacional del Tratado de Lisboa ni de la más sólida del Banco Central Europeo (y hasta pudiera ser un deseo expresado, por ejemplo, en la nostalgia alemana en torno a su moneda).

   De ello se deducen tres lecciones por lo menos. La primera es que la cooperación entre Estados afines (incluyendo a los que forman parte de procesos de integración avanzados) es imprescindible y no puede ni sustituida ni asumida aún como premisa organizacional. La segunda, es que aun los Estados mejor ordenados y más sistémicos violentan el orden colectivo. La tercera es que, estos Estados, por su voluntad, es decir, en uso de su soberanía remanente, siguen siendo responsables de la estabilidad del sistema internacional en el marco global. Las organizaciones, siendo imprescindibles y, en muchos casos, receptoras de fuertes “depósitos” de soberanía nacional, no son aún las predominantes a estas alturas del siglo XXI.

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