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EDITORIAL

El multilateralismo latinoamericano y el caso UNASUR

Alejandro Deustua
4 de mayo de 2011

En un contexto en que el multilateralismo convencional está en crisis, en América del Sur su práctica campea con imprudencia y arbitrariedad propias de la interacción entre la informalidad y las políticas de poder. Ello se comprueba en el “caso” UNASUR.

Si esta organización emergió sin mayor intento de conciliación previa en una región estratégica e ideológicamente fragmentada, por lo menos pudo encontrar su anticipo en la cumbre presidencial del 2000 que, a iniciativa de Brasil, produjo un proyecto concreto y viable: el proyecto IIRSA. A nadie escapaba entonces que la integración física debía constituir la base material de un espacio suramericano cuya integración económica se habías estancado desde la década pasada y cuyos niveles de involución pueden rastrearse a la “década perdida”.

Ese proyecto, sin embargo, no fue recogido por su nombre en el origen de UNASUR que, marginando las lecciones de los excesos de ambición ocurridos en las últimas cuatro décadas, se planteó nuevamente un proceso de integralidad desmesurada (sus propósitos formales, establecidos en el artículo 3 del tratado constitutivo, dejaron por fuera sólo las letras v, x, y, z). A ello contribuyó el gobierno brasileño luego de la partida de Cardoso, el peculiar nacionalismo argentino y el hiperactivismo venezolano y boliviano.

Los demás Estados, que probablemente tenía otras prioridades, cedieron, por inercia o incapacidad, la iniciativa multilateral de alta política a quienes deseaban imponer presurosamente una nueva agenda en la región. Esa premura y ambición plurilaterales agregó masa crítica a los Estados gestores que, al encuentro de una nueva épica regional que ampliara la influencia de sus particulares formas de gobierno, procuraban una “identidad” instrumental al estilo de la época zenital del viejo mutlilateralismo tercermundista sin desear tomar nota del sustancial cambio del contexto global.

A ello siguió una práctica informal en el manejo multilateral por ciertos jefes de Estado (p. e. los movimientos suramericanos anticumbres o cumbres de los pueblos) en la que se ambientó la decisión de constituir el Consejo de Defensa Suramericano en diciembre de 2008. Esta organización, no sólo hizo oídos sordos de la necesidad de disminuir las inmensas brechas estratégicas en el área sino que decidió dar a luz sobre la marcha. En efecto el CDS, cuyo proceso no sólo no fue adecuadamente consultado con los institutos armados de cada uno de los países sino que padeció de insuficiencia preparatoria por los miembros del UNASUR, emergió apenas siete meses después de constituida esa organización.

Además de mostrar indiferencia por la previa conciliación de intereses, ese proceso no hizo mucho por reducir las divergencias regionales en un sector tan vital con la defensa. Ello queda demostrado por la absoluta falta de contenidos y propósitos con que se aprobó el CDS en diciembre del 2008 (el documento compartió honores con un Consejo de Salud) y porque el documento constitutivo se acordó recién en marzo del 2009.

En este marco de informalidad establecida, el UNASUR ha continuado su tendencia a avanzar por delante de sus normas. Así por ejemplo, el artículo 26 de tratado constitutivo del UNSUR establece que éste entrará en vigor luego del depósito de la novena ratificación. Que se sepa, ese número de ratificaciones aún no se han producido. Sin embargo, el organismo marcha como si nada.

En efecto, a pesar de que el ex -presidente del Uruguay, Luis Alberto Lacalle, acaba de llamar la atención sobre el hecho de que sólo tres Estados signatarios han ratificado el acuerdo constitutivo del UNASUR y que, por tanto, el tratado no está en vigencia, los participantes no han deseado tomar la providencias del caso. Así, sin más, la reciente cumbre de esa organización celebrada en Buenos Aires ha procedido a elegir a su Secretario General. Ello parece jurídicamente cuestionable. Pero, en UNASUR, es políticamente aceptable.

Es más, esta prueba adicional de la informalidad con que opera el multilateralismo regional ha llegado al punto de que esa elección se ha producido sin que se hayan obtenido garantías explícitas del funcionario electo, el señor Néstor Kirchner, sobre su compromiso exclusivo y excluyente con la entidad que debe administrar y hasta representar y en cuyas decisiones tendrá iniciativa. Estas garantías funcionales, que constituyen el estándar universal en la materia tampoco parecen estar vigentes en UNASUR.

Ello ocurre con un agravante porque el señor Kirchner se ha reservado el derecho de participar en el proceso electoral argentino del 2011, forma parte informal y notoria del gobierno argentino en funciones y es congresista activo del partido peronista.

Es decir, el UNASUR no sólo ha electo un Secretario General de una organización no vigente sino que la ha puesto en manos de un activo y militante político íntimamente vinculado al funcionamiento de su gobierno y de su Estado. Como se dice el Brasil, la diplomacia debe “desdramatizarse”. Pero, como se sabe, el ingenio no basta para desmerecer lo insensato ni para desaparecer el riesgo en la región.

Por lo demás, si ya es grave que nos encontramos frente a tergiversación de la transacción usual en la práctica multilateral (la iniciativa de alguien es aceptada pero la gestión y la sede institucional correspondiente quedan en manos de otro) y frente a la realidad de que el señor Kirchner no brinda seguridades de imparcialidad (su alineamiento con los gobernantes del ALBA es trepidante), es mas preocupante la confirmación de que altos funcionarios latinoamericanos hayan perdido la noción básica del ejercicio de la diplomacia y de la función multilateral.

La referencia acá es la militante participación en la política chilena del Secretario General de la OEA que, a pesar de conductas partidistas en el proceso electoral de su país, fue reelecto por aclamación al más alto cargo del organismo hemisférico.

Además de una buena revisión de las prácticas multilaterales de los Estados latinoamericanos quizás haga falta una actualización urgente de las condiciones requeridas para una gestión aceptable de ese tipo de diplomacia si no se desea una mayor pérdida de credibilidad de la diplomacia multilateral regional.

 

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