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EDITORIAL

La inestabilidad política en el Norte de África: los casos de Túnez y Egipto

Alejandro Deustua
1 de febrero de 2011

La masiva movilización popular en el Magreb (Túnez) y el norte de África (Egipto) tiene de sorpresa apenas la afirmación periodística del hecho novedoso. Si es verdad que ese movilización requirió de una chispa (el suicidio de un muchacho en Túnez), de un mecanismo dinamizador (las redes sociales y la TV) y de la inoperancia preventiva de los gobiernos que hoy se derrumban y la de sus aliados occidentales más poderosos, también es cierto que el escenario estaba a la vista desde hace un buen tiempo iluminado por la naturaleza de las cosas y por la buena observación.

En efecto, las gerontócratas árabes que hoy caen o se debilitan han venido preparándose, desde hace algún tiempo para algún tipo de sucesión. Ese es el caso de Egipto, el Estado más poderoso del área, donde una dinastía que deseaba asegurase la continuidad del poder era opuesta, hasta hace poco, a una transición democrática abierta. De esa realidad están al tanto todas las potencias con interés en el área.

Y desde el lado del análisis académico, organizaciones profesionales de relaciones internacionales han persistido en dejar las cosas en claro hasta fines del año pasado (Kristina Kausch en Sucesiones Orquestadas y Estabilidad en el Mundo Árabe, FRIDE).

La primera constatación al respecto es, por tanto, que la responsabilidad de los hechos corresponde a la ineficacia de los servicios de inteligencia y a la increíble distracción de sus gobiernos antes que a la población que hoy marcha por El Cairo luego de haber arrasado en Túnez (y que mañana puede hacerlo con Trípoli o Riad). Peor aún, el gerontocrático efecto dominó resultado de la incapacidad preventiva de las potencias involucradas puede dar al traste con gobernantes más jóvenes –pero también autoritarios- en Amán o Rabat.

Este llamado de atención, que no es una denuncia, equivale sólo a la correlación existente entre gobiernos al final ineficaces y desconectados de la realidad por su conformación burocrática y su sentido personalista e inercial del poder. Estos factores se amalgaman, por cierto, en la estructural inestabilidad geopolítica del Medio Oriente.

La identificación de estos hechos no disminuye la importancia revolucionaria de la insatisfacción política (que es permanente en el área), de la percepción de insuficiencia económica (que no corresponde a la realidad multilateralmente certificada), del vínculo entre religión y política (a pesar de la represión), ni la de la aplastante fuerza de los movimientos de masas (que en épocas supuestamente post modernas siguen requiriendo de referencias de la Guerra Fría).

Es claro que las referencias históricas ayudan a entender un acontecimiento presente y sus eventuales resultados. Pero si éstas se presentan de manera incuestionada, las ventajas explicativas de tales referencias pueden devenir en factores de distorsión analítica. Ello induce, a su vez, a conclusiones erradas y, si se trata de procesos decisorios, a malas opciones de política para los que se sientan obligados a actuar.

Por tanto, es necesario descartar referencias exuberantes (especialmente las que dan cuenta de un fenómeno sistémico) para entender la caída del gobierno tunecino o los apremios egipcios. En este caso, es claro que cualquiera que sea el resultado en el norte de África no estaremos frente a un cambio claro del sistema internacional sino, eventualmente a uno subregional (ampliación de la democracia en el área o del radicalismo nacionalista o islámico en el marco de mayor inestabilidad) y definitivamente frente a uno geopolítico. En este escenario, salvo por el fenómeno de masas, no se presenta ninguno de los factores que orientaron los acontecimientos de la Europa del Este en el últimas dos décadas del siglo pasado como reza la metáfora preferida del momento para graficar una aspiración antes que para explicar los hechos.

Y si se quiere comparar el movimiento popular en el Magreb con el “poder popular” que derrumbó al régimen de Marcos en Filipinas en 1986 debe recordarse que la motivación popular fue allí excluyentemente democrática y antidictatorial encendida por el asesinato del candidato liberal Benigno Aquino. Es verdad que el régimen de Marcos era un fuerte aliado norteamericano pero Filipinas no era el fiel de la balanza en la estabilidad del sudeste asiático (aunque contribuía a ello) como sí lo es parcialmente Egipto en el Medio Oriente. Por lo demás, a diferencia de Egipto, en Filipinas la población confrontó al dictador asumiendo la herencia democrática de un líder reconocido que luego se trasladó a su esposa (Corazón Aquino). Nada de esto hay en Egipto donde la masa carece de un líder y no se identifica con el premio Nobel y ex director de la Agencia Internacional de Energía Atómica Mohamed el Baradei y difícilmente es absorbida por la Hermandad Musulmana aunque ésta puediera imponerse. En Egipto hay protesta contra el abuso autocrático pero las motivaciones no derivan necesariamente de una convicción democrática y liberal.

De otro lado, la referencia a la revolución iraní de 1979 puede ser, por su origen y cercanía geográfica, la que mejor contribuye a orientar hoy la explicación de la protesta popular en el norte de África. Pero si bien esa revolución dio cuenta de un monarca totalitario y estrecho aliado norteamericano, ésta fue orientada por la reacción nacionalista (que no es un factor en juego en Egipto hoy) y antinorteamericana (reflejada la toma de la Embajada de ese país en Teherán), por la militancia de la secta chiita (aunque el gobierno egipcio es seglar la población es predominante sunita) y tuvo un líder religioso cuyo propósito fue establecer un régimen teocrático en Irán (el movimiento egipcio no es religioso, aunque la Hermandad Musulmana que pretende el rol predominante lo sea en su origen, y carece de un líder como el Ayatolah Jomeini).

De otro lado, ninguna de estas referencias sirve para propósitos predictivos: la incertidumbre en Egipto es de tal naturaleza y los acontecimientos tan fluidos que resulta aventurado afirmar que Egipto devendrá en una dictadura militar (improbable), una república democrática seglar (posible), una república democrático religiosa (un escenario a considerar si los moderados de la Hermandad Musulmana consolidan su liderazgo) o en una autocracia islámica (el peor y menos verosímil de los resultados).

Por lo demás, ninguno de estos escenarios dejará de tener una alta correlación con el grado de insatisfacción política que han vivido las poblaciones de Túnez y Egipto (aunque no pocos de ciudadanos se han beneficiado con el régimen). En efecto, si en Egipto, la organización política más arraigada, la Hermandad Musulmana, logró en el 2005 el 20% de los asientos parlamentarios participando a través de independientes esa agrupación (fundada en 1928 está ilegalizada desde 1954), perdió una muy buena parte de sus representantes en las elecciones parlamentarias de diciembre del año pasado. Ello a pesar de que esas elecciones fueron consideradas fraudulentas ,como las dos anteriores, por observadores y organizaciones como Human Rights Watch y Amnisty Internacional mientras que Estados Unidos y la Comisión de la Unión Europea expresaron su preocupación.

En esas elecciones el oficialista Partido Democrático Nacional obtuvo resultados soviéticos: 81% de los votos luego de que casi 30 años de gobierno del presidente Mubarak y ningún otro partido superó 1.1% del resultado final. Con ello la postulación de estos partidos en las elecciones presidenciales del 2011 quedó en cuestión mientras que el camino quedó expedito para la sucesión dinástica de Mubarak. Ello explica mucho mejor que las referencias aludidas la dimensión de la protesta que hoy vemos en Egipto.

Algo parecido ocurrió en Túnez, donde el presidente Ben Ali se hizo con las elecciones de 1989 con un inconcebible 99.27% de los votos y con un modesto 89.62% logró su última reelección veinte años después. Estos escandalosos resultados, de los que obviamente no es posible derivar legitimidad, son apenas anécdotas sobre cómo la autocracia dispuso cotidianamente del poder en ese país.

Al respecto se podrá alegar que este tipo de gobiernos podrían, salvando todas las distancias de trato cívico y humanitario, asemejarse a ejemplos latinoamericanos del pasado reciente compensando con orden y beneficios económicos el ejercicio abusivo del poder. Pero estas “democracias delegadas” ya no son aceptadas en América Latina (salvo en Venezuela y en algunos Estados aliados a ella) ni los beneficios económicos han sido evaluados como suficientes acá (como tampoco lo han sido en Túnez y Egipto).

Sin embargo, las economías de estos dos países estuvieron relativamente ordenadas en el 2009 y el 2010 y su crecimiento fue destacado en ambos casos bajo el impacto de la crisis (Egipto creció 4.7% y Túnez 3.1%). Es más, aunque en el 2010 sólo Egipto creció importantemente (5%) mientras que Túnez logró apenas 3.8% los avances fueron elogiados por el Banco Mundial (al respecto debe tenerse en cuenta que Egipto es exportador de petróleo y Túnez no).

El elogio no se derivó sólo del crecimiento sino del razonable orden económico logrado: un déficit de cuenta corriente de algo más del 2% para Egipto y del 3% para Túnez mientras que los niveles de deuda externa, aunque altos, fueron moderados en relación a los países desarrollados (alrededor de 66% para Egipto y 43% para Túnez). Ambas economías podían corregirse dentro de parámetros manejables y escasamente traumáticos.

Según estas cifras del FMI el problema no está acá. Y tampoco en la alta inflación (que tendrá un impacto mayor más adelante). En todo caso el problema era egipcio, donde la inflación alcanzó 16.2% y 12% en el 2009 y 2010, pero no tunecino (3.7% y 4.5% en esos años). Para colocar el nivel de inflación egipcia en perspectiva, digamos que está por debajo de la inflación real argentina.

Si el problema no está allí, es probable que se encuentre en el desempleo y en la pobreza relativa en un contexto de incremento de expectativas y de emergencia general de clases medias. Sin embargo, las estadísticas son aplastantes aquí sólo en el registro del Índice de Desarrollo Humano del PNUD que contrastan con las más optimistas evaluaciones del Banco Mundial.

En efecto, según el PNUD, Egipto, con un PBI que triplica al peruano (aunque tiene tres veces más población también) y a pesar de haber logrado reformas económicas estructurales reconocidas por el FMI y por el World Economic Forum, tiene un índice de desarrollo humano inferior a Bolivia, el país más pobre de Suramérica. Así, mientras Bolivia ocupa el puesto 95 en el ránking del PNUD, Egipto luego de mejorar un par de escalones, ocupa el puesto 101. Túnez, en cambio, ocupa el sitio 81 con una economía equivalente a un tercio de la egipcia.

A pesar de esos indicadores, el índice de pobreza extrema mejoró sustancialmente en Egipto bajando hasta el 18% pero con un adicional 20% de la población ingresando y saliendo de ese estrato según el Banco Mundial. Y en Túnez la situación social es aún mejor: el Banco Mundial ha considerado que ese país se orientaba el año pasado hacia el cumplimiento de los Objetivos del Milenio con uno de los menores índices de pobreza extrema de la región.

Pero asumamos que, a la luz de la dimensión de la movilización popular, la distorsión que presenta el contraste entre los escenarios del PNUD y del Banco Mundial (un problema que debe corregirse si se va a evaluar adecuadamente la situación de inseguridad que presenta el Medio Oriente) no se inclina hacia el optimismo del Banco Mundial y, por tanto, no reduce el componente de malestar social en el área. Entonces es necesario evaluar el impacto del desempleo. En Egipto éste bordeaba el 9% en el 2009 (un punto por encima de la tasa peruana) y aunque en Túnez se situaba en torno al 13% entre el 2008 y 2009 ese índice no parecía catastrófico (el desempleo en España es hoy de 20% lo que, obviamente no es consuelo).

Bajo estas condiciones generalmente manejables, sin embargo, resaltan factores de mayor dimensión desestabilizadora. Uno de ellos es el desempleo juvenil en una región donde el crecimiento demográfico, si bien ha decaído, mantiene una tasa de incremento de la masa laboral de 2.6%, mientras que el desempleo se ubica en el rango de 9.7%-11.5% (2010) al tiempo que Egipto debe incorporar anualmente 700 mil trabajadores al mercado (sin lograrlo) según la OIT.

Aquí el problema sí es mayor. Más aún si las incapacidades de absorción de mano de obra en Egipto y Túnez no se deben a la crisis global (que produjo desempleo especialmente en los países desarrollados aunque es evidente que ha contribuido a agravar el problema en los países menos desarrollados) sino a la dimensión del desempleo juvenil (entre los 15 y 24 años) que antes de la crisis ya ascendía a 23.6% en África del Norte y que la crisis debe haber llevado a 24.7% según la OIT. Si ello ocurre en un escenario donde la tercera parte de la población se incluye en ese rango (15-24 años), aunque más del 60% son jóvenes si se emplea un rango más amplio, el problema se agrava. Especialmente en el país más poblado del Norte de África (Egipto tiene 83 millones de habitantes).

Sin embargo, si esa realidad sigue encontrando atenuantes si se la compara con el desempleo juvenil de 40% en España (un extremo que, sin embargo, tiene una red de seguridad social) y con la tendencia global (que muestra tasas de desempleo juvenil mucho más elevados que la media), entonces disminuye la dimensión del problema en Egipto y sus vecinos.

En cualquier caso, el agregado de estos factores (entre los que se encuentran además la incidencia de la psicología colectiva y la influencia de las redes sociales) contribuye a enmarcar el gran problema geopolítico que presenta para el Medio Oriente la desestabilización de Egipto. Como se sabe, este Estado –y específicamente el Presidente Mubarak-, ha sido contribuyente fundamental al precario equilibrio de la zona. El acuerdo de paz suscrito con Israel en 1979 (que costó la vida al Presidente a Anwar el Sadat y tensión con sus vecinos árabes) ha sido respetado y enriquecido por Mubarak. Ello ha permitido a Egipto ayudar a Israel, tender puentes en el Medio Oriente, resolver crisis prebélicas y bélicas entre vecinos, facilitar el inacabable diálogo con la Autoridad Palestina y contrapesar decididamente la influencia de Estados gobernados por el islamismo radical.

Ese rol central ha sido estimulado por Estados Unidos que ha tenido en el régimen de Mubarak un aliado especial. Los puntos zenitales de esa relación se mostraron durante la primera guerra del Golfo, en la que Egipto participó en el terreno con 35 mil hombres, y en el la lucha antiterrorista que atrajo sobre ese país los ataques de Al Qaeda. Ese vínculo ha sido reforzado por Washington con asistencia de US$ 1300 millones anuales además de varios millones más en cooperación para el desarrollo.

Si bien es claro que las alianzas son vínculos entre Estados, quienes las conducen son, eventualmente, también determinantes para su mejor o peor orientación. Si el presidente Mubarak se retira del gobierno ahora o en el muy un corto plazo o si es obligado a renunciar, la tarea de encontrar un reemplazo democrático y razonable que pueda mantener la interlocución entre Egipto, Estados Unidos, Israel y los gobiernos moderados del Medio Oriente será una tarea extremadamente compleja. La incertidumbre que reina hoy al respecto, pero especialmente el cambio de prioridades de quien llegue al poder, puede generar consecuencias desestabilizadoras en la zona, variación imprevisible de alineamientos, cambios en la postura estratégica de Israel (o más bien, incrementarlos), pérdida de influencia norteamericana e inducción de más elementos irracionales en el área.

Si ello está en juego hoy en Egipto, también lo está la buena conducción del Canal de Suez por donde transita 7.5% del comercio global y 4.7% de la producción mundial de petróleo. El ahorro de 6500 millas en el transporte marítimo que de otra manera debería bordear toda el África, otorga extraordinaria rentabilidad estratégica a esa vía que se proyecta al Mar Rojo y al Golfo de Aden donde Egipto cumple también un rol estabilizador (especialmente en el Estrecho de Ormuz, amenazado ahora por la inestabilidad en Yemen, donde Al Qaeda tiene arraigo, y por la falencia estatal de Somalia).

De allí que una sucesión desordenada o incierta en Egipto seguida de un liderazgo inseguro o vinculado al radicalismo islámico sería una desastre geopolítico para el Oriente Medio, para su vínculo con Occidente, para el transporte marítimo en la zona y, por tanto, para el comercio mundial. Al respecto debe recordarse la experiencia que el mundo ha tenido con el incremento especulativo de los precios del petróleo cuando la incertidumbre geopolítica entra en juego. Ese comportamiento irracional se sigue padeciendo (el precio del crudo ha subido a cerca de US$ 100 al compás de la crisis egipcia a pesar de que el Canal está funcionando adecuadamente).

Las fuerzas que tensan hoy Egipto no se relajarán con la simple expresión de buenas intenciones como receta de gestión de la crisis. Los Estados informados deben contribuir a una solución sensata que implique representatividad democrática, adecuado manejo económico, el mantenimiento del sistema de alianzas egipcias y una inserción con el mundo próxima a Occidente.




 


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