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EDITORIAL

El Norte de África y el Medio Oriente necesitan algo más que la invocación de los derechos humanos

Alejandro Deustua
25 de febrero de 2011

El empuje revolucionario de las grandes movilizaciones en el Norte de África y el Medio Oriente ha producido, hasta ahora, un golpe de Estado en Egipto y la pérdida de soberanía territorial y jurisdiccional del Estado libio si se descuenta el cambio de gobierno en Túnez. El primero se orienta hacia una mutación de orden bajo la cobertura de las fuerzas armadas. La segunda ha devenido en un proceso de guerra civil. Aunque el cambio revolucionario está en marcha en estos grandes escenarios, éste aún no ha concluido.

Mientras tanto, las fuerzas de la anarquía en la región tradicionalmente más convulsionada del planeta generan la perspectiva de Estados fallidos y reales vacíos de poder que, a falta de organizaciones civiles capaces, sólo pueden ser llenados de momento por las escasas entidades orgánicas funcionales que quedan en la zona. Éstas no se encuentran mucho más allá de las fuerzas armadas nacionales, de un lado, o de las fuerzas fieles a la potencia emergente más notoria del área (las organizaciones chiitas e Irán, respectivamente), del otro. El contrapeso saudita no se ha probado efectivo aún.

Dependiendo de quién triunfe y cómo se organiza el nuevo equilibrio en un escenario convulso, esa dinámica puede generar un statu quo precario y provisional, desencadenar conflictos internacionales armados e implicar eventualmente a Israel. Éstos podrían adquirir una intensidad superior a cualquiera de los anteriores protagonizados en la zona si de la rebelión política se pasa a una mayor confrontación religiosa entre las confesiones islámicas y si Israel queda aislado o converge sobre él la animosidad antijudía como fuerza de cohesión árabe. Ello puede incluir, eventualmente, la variable nuclear sea como blanco (un ataque preventivo israelí contra Irán) o como arma (si Irán dispusiera ya de una primaria versión bélica de su capacidad nuclear).

Teniendo en cuenta que ese escenario es posterior al revolucionario, es natural que la comunidad internacional fije su atención sobre los ciudadanos afectados y que, sobre esas bases, se espere la conformación de sociedades democráticas semiliberales. Sin embargo, si la protección de los individuos, cuyos derechos son hoy sangrientamente aplastados por dictaduras como la de Gadaffi, debe ser una efectiva prioridad en el área, la preocupación por la subsistencia de los Estados cuyas bases se erosionan progresivamente debe merecer una prioridad equivalente si algún tipo de apertura va a cuajar en la región. Ello implica también la prevención urgente de emergencias bélicas.

Especialmente si el ámbito del conflicto encierra las riberas del Mar Rojo y las del Golfo Pérsico. En el primer escenario geográfico, el Canal de Suez es el núcleo estratégico fundamental que comunica al Mar Rojo con el Mediterráneo y con el Océano Índico. Su relevancia geopolítica, que compromete directamente a Europa, de un lado, y al Cuerno de África, del otro, es estadísticamente equivalente al 7% del comercio global y al 5% del total de las exportaciones petroleras globales.

En el segundo caso, el Golfo Pérsico, que ha sido escenario de dos grandes guerras al final del siglo XX y principios del siglo XXI, es una principalísima vía de exportación petrolera por la que, a través del Estrecho de Ormuz, transita el 33% del petróleo que se comercializa por vía marítima y 17% del total global según la Agencia Internacional de Energía. El Golfo compromete directamente a la V Flota norteamericana, al Asia Centra y del Sur y al mundo. La extraordinaria trascendencia regional y global del escenario no necesita exagerarse.

Y menos cuando el Norte de África y el Medio Oriente acumulan el 35% de la producción mundial de petróleo (The Economist) y son responsables de la gran mayoría de la oferta de la OPEP (45% del total mundial según esa organización de productores y exportadores petroleros). Si sólo la amenaza de un entrampamiento de la exportación libia (entre 3% y 4% del total mundial) ha despertado el recuerdo de la gran crisis de la década de los 70 del siglo pasado, empujando el precio del crudo en 16% desde el origen de la crisis y alertado al mundo sobre un eventual estancamiento de la recuperación global, es evidente que la magnitud del problema es de gravedad sistémica. En consecuencia debe ser tratado.

Sin embargo hasta hoy el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos y la Unión Europea se han limitado a condenar la violencia de la represión Libia, a alertar a sus gobernantes sobre las consecuencias de un mayor ensañamiento y a subrayar el derecho del pueblo libio a determinar su futuro.

Esta reacción es ciertamente necesaria y bienvenida. Es más, debiera ser objeto de una resolución ad hoc del Consejo de Seguridad (que se reúne hoy) para el conjunto regional y no sólo para Libia (como ha ocurrido a través de un comunicado no vinculante de esa entidad). Pero la motivación humanitaria de estos pronunciamientos no puede ser excluyente del diagnóstico geopolítico y de medidas de desarrollo económico y de prevención bélica que la comunidad internacional espera de la principales potencias occidentales, de las Naciones Unidas y de la OTAN.

La carencia de esa respuesta, que ya abarca por lo menos tres semanas, es preocupante tanto por la indecisión que muestran esas entidades como por su reiterada incapacidad prospectiva a pesar de que organizaciones civiles anunciaron a tiempo el peligro.

Y la preocupación se incrementa cuando, al referirse al problema humanitario de la zona en cuestión, las más altas autoridades norteamericanas han descrito la situación estratégica en el área apenas como transitoria y benigna (“un período de inestabilidad y agitación”). Salvo que la primera potencia cuente con información que nadie más conoce, esa descripción es claramente insuficiente para la calificación de los hechos en cualquiera de los escenarios (el de la reforma o el de la revolución), para el diagnóstico estratégico de la convulsión y para las acciones de estabilización del área.

Éstas debieran estar siendo contempladas por la primera potencia acompañada de la OTAN (que se ha rectificado vagamente tras adelantar una incomprensible negativa a involucrarse), por la Unión Europea (en cuya área de influencia ocurren los hechos) y por las Naciones Unidas. Esas respuestas deben considerarse con el conocimiento general de la comunidad internacional aun cuando se considerase que éstas debieran ser complementarias a la solución que cada uno de los Estados comprometidos o a la organización regional correspondiente (la Liga Árabe) otorguen. Al respecto el Perú ha propuesto una zona de exclusión aérea que sólo puede ser implementada por la ONU o la OTAN.

Es más, la reacción occidental parece aún más opaca y pasiva si se tiene en cuenta que el clima de protesta tiende a propagarse, aunque con menor intensidad, por el resto de Asia (los casos de China e India) y otras regiones.

Ese fenómeno de traslación no se debe sólo al impacto que pueda tener una rebelión regional en sociedades gobernadas por estados totalitarios. La proyección extra -regional del clima de crisis debe contar con un estado de ánimo colectivo preexistente (por ejemplo, el malestar económico) y, como en este caso, ser estimulado por un fenómeno cuasiglobal (por ejemplo, la inicial crisis alimentaria). En consecuencia, el impacto detonante de esta última debe ser evaluado adecuadamente tanto como las circunstancias que determinan el punto de quiebre de las dictaduras árabes.

Pero, si bien ése es el fundamento del mecanismo de traslación de la protesta, su viabilización ya no ocurre a través de organizaciones partidarias internacionales sino mediante el uso persistente de la tecnología de la información como ha ocurrido en el Norte de África y el Medio Oriente. Si bien es cierto que la protesta popular árabe es legítima y es la población la que sufre las consecuencias, los niveles de organización logrados no parecen producto de la espontaneidad en sociedades desprovistas de partidos políticos o de otros tipos de organización social.

Al respecto, es necesario identificar los centros de organización en un contexto donde no debe desmerecerse la capacidad de movilización de lo denominados nuevos agentes de la interdependencia global. Uno de ello es el clericalismo musulmán en sociedades donde los gobierno sunitas han excluido a las mayorías chiitas (el caso de buen número de los gerontocráticos gobiernos hoy desestabilizados).

Sin embargo, en tiempos de guerra cibernética, la revolución musulmana que hoy busca una expresión democrática bien podría ser imputada a alguna potencia occidental. O a Irán si esta teocracia anti -israelí buscara cambiar la correlación de fuerzas a su favor (como en efecto viene ocurriendo) y cobrarse la cuenta de una movilización antigubernamental reciente. O a Al Qaeda que busca desestabilizar a todos y cada uno de los Estados afectados para establecer un califato confesional (la intenciones de Al Qaeda al respecto han sido anunciadas por agencias occidentales como Stratfor antes que por Gadaffi). O a grupos de jóvenes educados y organizados con acceso especial a ciertas empresas como ha ocurrido en Egipto. O, en lo que toca a la retroalimentación de la dinámica revolucionaria, a los medios de comunicación occidentales que no se han limitado a informar los hechos sino que, en ciertos casos, han formado parte de los mismos.

Al margen de la realidad totalitaria de los gobiernos en cuestión, que han sido, en buen número, estratégicos aliados occidentales durante la Guerra Fría, el hecho es que el modus operandi de la tecnología de la información ha sido tan intenso, rápido, preciso y efectivo que debe ser esclarecido prescindiendo de descalificaciones como las que provienen de las teorías de la conspiración. Por lo demás, a nadie escapa que en el Medio Oriente el activismo social de gran escala realizado mediante la movilización de masas se da en un escenario que ya ha vivido la realidad contemporánea de la guerra cibernética.

Finalmente, en lo que corresponde al Perú y a Suramérica el restablecimiento del contacto orgánico y regional con los países árabes tomará un tiempo. Estando casi todos los Estados del Norte de África y el Medio Oriente en situación de crisis extrema la cumbre ASPA es irrealizable este año. Asumimos que ese es el temperamento de los organizadores quienes, al igual que las grandes potencias, deberán mejorar sus capacidades de prospección y considerar las vías de contagio en nuestras sociedades y Estados. Las primeras radican en la gran desigualdad económica en la región y las segundas en la notoria filiación con el régimen libio mostrado por los Jefes de Estado de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia. América del Sur (o parte de ella), que tanto se vanagloria de su particular relación con el mundo árabe, no quisiera ser objeto de una crisis siquiera parecida.


 


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