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EDITORIAL

El techo de la deuda norteamericana


Alejandro Deustua
3 de agosto de 2011

Cuando el Ejecutivo norteamericano decidió en el 2010 emprender la renovación nacional a partir de la reconstrucción de sus capacidades, el saneamiento de la economía era un claro punto de partida. Ésta, sin embargo, pareció definirse más en términos consolidación fiscal y de fortalecimiento del sistema financiero privado que de la enorme deuda pública.

Al final de cuentas, la deuda no sólo no había encontrado dificultades de financiamiento a pesar de su volumen sino que la disposición global a adquirir papeles norteamericanos no había mermado. En efecto, la única superpotencia era, hasta julio pasado, también la mayor generadora de seguridad financiera en tanto, a pesar de la crisis del 2008-2009, los bonos del Tesoro seguían siendo una sana inversión y un activo de refugio y el dólar, la mayor y mejor divisa de reserva.

Es más, buena parte de la opinión pública atenta a la posible vulneración del techo de la deuda, consideraba que la elevación de ese nivel era un mero trámite si se tenía en cuenta la experiencia histórica (más de 70 incrementos más o menos incondicionales a partir de 1917) y la capacidad económica norteamericana.

Sin embargo, si de esta actitud pudo dar cuenta The Economist, nadie tomó en consideración el rol decisivo que desempeñaría el fundamentalista Tea Party en la extrema politización del proceso decisorio de ese “trámite” ni que esa entidad política, a pesar de su cuestionada afiliación al partido Republicano, daría al traste con la realidad del bipartidismo y sus longevos mecanismos de trato. Es sólo ex-post que tienen razón los que sostienen que la crisis generada por el telenovelesco proceso parlamentario que culminó apenas 12 horas antes de que la primera potencia deviniera en insolvente por primera vez en su historia es una crisis autoinflingida.

Sin embargo, ese resumen es tan insuficiente como parroquial para explicar lo acontecido porque no da cuenta la relevancia estratégica del problema. Si la relación de la deuda con el producto se situaba en los alrededores del 98%, era evidente que ésta no era sustentable y que generaba altísima y creciente vulnerabilidad. En efecto, aunque la deuda norteamericana se situaba en términos proporcionales entre las mayores del mundo no era la mayor, sí que lo era en términos de su valor absoluto. Ello agrega riesgo externo en tanto más de un tercio de la misma es financiada por potencias extranjeras.

Tamaña vulnerabilidad, que supera la influencia que otorga la capacidad de colocar papeles sin mayor control, se sumaba a un déficit fiscal, también insustentable, de alrededor de 10%. Ello ocurría en un contexto de alta sensibilidad generada por similares problemas, aunque mayores, en la zona del euro. Como es evidente, este factor contribuyente a la crisis no cabe dentro de su calificación de “autoinflingida”.

El factor que sí justifica esa calificación ha sido el turbulento uso del complejísimo mecanismo decisorio de la democracia norteamericana que en materia financiera, como en otras, divide las competencias institucionales sin plena claridad. Si bien el Congreso norteamericano se puso finalmente de acuerdo para elevar el techo de la deuda, el abuso de esa división de competencias elevó extraordinariamente el costo del resultado al erosionar los soportes de la credibilidad financiera de la superpotencia mientras se avanzaba poco en la corrección del desequilibrio fiscal.

En efecto, la crudeza ideológica de los planteamientos del Tea Party no sólo conspiró contra su propósito (reducir el déficit) sino que puso en cuestión el status de los Estados Unidos dejándolo en manos de empresariales calificadoras de riesgo (las que, aunque mantuvieron el grado AAA, lo hicieron en con perspectiva negativa) debilitando aún más el rol de la superpotencia en un escenario global de muy fuerte de incertidumbre y desorden económico.

Es en este marco que el Ejecutivo norteamericano podrá disponer hoy de US$ 2.1 trillones (millones de millones) adicionales a la deuda de US$ 14.2 trillones lo que permitirán cumplir con sus obligaciones hasta el 2013. A cambio de ello se deberá generar ahorros por US$ 2.4 trillones de los cuales US$ 917 miles de millones, (incluyendo US$ 350 billones del presupuesto de Defensa) deberán reducirse en un plazo de 10 años a contarse de inmediato y US$ 1.5 trillones adicionales a partir de diciembre sobre la base de las recomendaciones de un comité bipartidista del Congreso. De esa cantidad al menos US$ 1.2 trillones serán asegurados mediante recortes automáticos hasta el 2013 si ese comité no llega a los consensos requeridos.

El acuerdo no incluye el incremento de impuestos reiterando la indisposición del partido Republicano a asumir costos tributarios en momentos de crisis (cuando se declaró la segunda guerra de Irak, el Presidente Bush mantuvo la rebaja de impuestos a los sectores más pudientes, situación que se mantiene a la fecha). A pesar de ello, la Casa Blanca asume, con dudoso optimismo, que éstos se elevarán en el 2013 cuando venzan los beneficios tributarios mencionados.

Lo extraordinario de este conflicto político es que, a pesar de la inminencia del default y de la defensa de principios fundamentalistas en nombre del interés nacional, el efecto neto del recorte no parece mayor. Es más, aunque algunos lo estiman por debajo del 0.04% del PBI norteamericano (y otros en el rango de 0.1%-0.2%), muchos consideran que éste sí podría tener un impacto en la perfomance norteamericana en momentos de notoria desaceleración del crecimiento y de pérdida de intensidad en la recuperación de la crisis del 2008-2009.

En efecto, la economía norteamericana creció apenas 1.3% en el segundo trimestre del año contrariando la proyección de 1.8% del Departamento de Comercio y el estimado de 2.5% del FMI para el 2011. Este pobre resultado se agrava a la luz de la fuerte revisión a la baja del crecimiento en el primer trimestre (de 1.9% a apenas 0.4%). En ese contexto, el consumo, que equivale a dos tercios del PBI, apenas aumentó 0.1% en el segundo trimestre en relación al 2.1% del primer semestre en un contexto de fuerte desaceleración del índice manufacturero de julio. Éste aumentó apenas por encima de la línea de contracción en el peor registro desde julio del 2009. Si estas cifras son correctas, el desempleo de 9.2% puede haber empeorado (realidad que se conocerá el 5 de agosto).

Estos registros indican para muchos que la secuela de la crisis del 2008-2009 no se ha superado, hecho que va a contramano del consenso internacional establecido hasta hace poco. Así, en un escenario que interactúa con el intenso deterioro de la economía europea, varios de cuyos miembros comparten el problema compuesto de alto endeudamiento y déficit fiscal, el pesimismo se va instalando en Occidente, economía a la que se le atribuye el padecimiento del “síndrome japonés (en el Japón la perfomance permanece estancada desde la crisis de los 90 mientras su deuda sigue siendo elefantiásica) y hasta la posibilidad de una nueva recesión.

Aunque ambos escenarios parecen excesivos, hoy ya no lo es la expectativa de lento crecimiento de largo plazo que estará por debajo de lo esperado y de lo requerido para crear empleo suficiente en Estados Unidos. El ajuste fiscal, su custodio fundamentalista –el Tea Party- y el mayor peso de la deuda no parece ayudar a promover la dinámica económica en un contexto de pérdida de credibilidad en la conducción económica de la primera potencia.

Ello deja al Asia como locomotora del crecimiento. Pero China está lejos de poder desempeñar ese rol en soledad. Esta potencia, como la principal tenedora externa de bonos norteamericanos, parece más bien interesada en mantener los rendimientos de esos papeles. Éstos, que además de incrementar su influencia sobre Estados Unidos, le permiten colocar divisas para evitar la apreciación del yuan (lo que restaría competitividad a su indispensable proyección exportadora).

Pero si éste es el problema chino, los demás tenedores de bonos norteamericanos han pasado de experimentar el riesgo de la licuefacción de sus acreencias a la devaluación de las mismas porque el riesgo de esos papeles se ha incrementado y el valor del dólar es menor. Por lo demás, si las calificadoras no han degradado la deuda norteamericana, la perspectiva negativa podría materializarse si en diciembre próximo el déficit norteamericano no se reduce o si la economía decae sustantivamente (aunque ello supondría una independencia y objetividad de las calificadoras que probablemente no existe).

Si ello ocurriera, sin embargo, América Latina estaría entre los principales afectados no sólo porque la interdependencia de México, Centro América y el Caribe con los Estados Unidos es intensísima, sino porque la región en su conjunto es la segunda tenedora de bonos de la primera potencia y sus reservas, aunque más diversificas que antes, están colocadas principalmente en dólares (US$ 700 mil millones según la CEPAL).

Ello plantea un desafío superior a la necesidad latinoamericana de que Estados Unidos mejore la calidad de su deuda. Implica un mayor requerimiento de diversificación de las reservas regionales y un mayor impulso a la desdolarización de la economía que será, sin embargo, siempre limitado. Éste, además de ser un proceso financieramente costoso que requiere de una estabilidad mayor a la actual, podría complicarse en términos de comercio y de flujo de inversiones si la perfomance de la primera potencia decae fuertemente. Si ese proceso se lleva a cabo, la región ingresaría a una verdadera revolución financiera que tiene el potencial de generar una redefinición de políticas económicas.

Y desde la perspectiva estructural, el deterioro de gobernabilidad económica en Estados Unidos cuando ésta pretende mejorarse complica el status e influencia de la primera potencia sin que ninguna otra esté en capacidad de remplazar su liderazgo ni su mermada capacidad ordenadora. Aunque esta fenomenología pueda ser un lugar común en el sistema internacional, los acontecimientos que se comentan han agudizado esa percepción. Si la primera potencia no recupera su fortaleza de manera eficiente, responsable y atenta al mundo, agosto del 2011 habrá quedado marcado como el mes en que Estados Unidos perdió tanto poder como ocurrió cuando en 1971 quebró el sistema de Bretton Woods.

 


 



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