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EDITORIAL

La Alianza del Pacífico: una comunidad vital que merece mejor gestión

Alejandro Deustua
8 de diciembre de 2011

A diferencia del CELAC, la Alianza del Pacífico que deben conformar en seis meses Perú, Chile, Colombia y México tiene el potencial de configurar una verdadera comunidad estratégica: sus miembros se rigen por los mismos valores políticos y económicos, comparten un definido escenario geográfico, tienen un interés complementario de inserción en un nuevo escenario de poder, presentan desafíos de seguridad comunes y han suscrito entre ellos acuerdos bilaterales de libre comercio y con la primera potencia. Sin embargo, en lugar de proceder a agregar poder y bienestar económico aún se conforman con elaborar reglas de aliento meramente tecnocrático.

En efecto, la Alianza en formación es el más importante grupo de Estados y de economías en el Pacífico latinoamericano que se organizan como democracias representativas y economías de libre mercado; tienen en el Asia un socio que genera cooperación y rivalidad simultáneamente; son las entidades ribereñas latinoamericanas mayores de ese centro de poder; son socios principales entre sí; tienen una relación vital con Estados Unidos y Canadá; y desean potenciar su inserción internacional y eliminar el narcotráfico. Y sin embargo, la expresión política de esos intereses coincidentes no sólo no corresponde a la necesidad de su satisfacción sino que parece atada aún a la preferencia microeconómica de los ministerios de comercio exterior.

Así ha quedado reflejado en la Declaración de Mérida que resume los términos de la segunda reunión de jefes de Estado de esa organización realizada el 4 de diciembre último. Lo acordado en ella tiene mucho más de espíritu de timidísima cooperación que de la integración profunda que se busca en el escenario americano y Pacífico.

En efecto, esta deformación de la prudencia ha quedado reflejada en las discusiones sobre tópicos tan importantes como comercio electrónico, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y medidas fitosanitarias o movilidad estudiantil.

Para tratar ese tipo de cuestiones, que se asemeja a los trabajos preparatorios de un acuerdo de libre comercio, están los viceminsterios del ramo, no los Jefes de Estado de una entidad que debiendo comportarse al tono con su denominación (una “alianza”) se conducen hasta ahora como si apuntaran a conformar un régimen de apoyo a regímenes preexistentes.

En efecto, es apenas en el punto 5 de la Declaración de Mérida que los jefes de Estado dan entender que en el 2012 iniciarán negociaciones sobre el “tratamiento arancelario del universo de bienes” y de acumulación de origen sin especificar, con la prioridad necesaria, las posibilidades de multilateralización de los acuerdos comerciales ya suscritos para conformar el “espacio económico que aspira a una integración profunda” como se establece en los considerandos.

Peor aún, de esa agenda está ausente todo tema de cooperación política (que es uno de los objetivos declarados de la “alianza”) cuando la amenaza del narcotráfico es común a todos lo socios (aunque menor para Chile), la concertación con Estados Unidos es indispensable para ellos, la cooperación para acceder mejor a los mercados asiáticos es esencial para la mayoría, estrechar la brecha de poder económico con el Este de Asia se presenta como un objetivo común evidente y promocionar la plataforma latinoamericana del Pacífico parece determinante para complementar (y contrapesar) la capacidad e influencia del escenario atlántico del MERCOSUR.

Se supone que para lograr estos objetivos centrales es que los cuatro países de la “alianza” han preferido asociarse en lugar de incluir a todos los países de la ribera del Pacífico latinoamericano (los del “arco del Pacífico”). Como ello no está ocurriendo, la “alianza” requiere de un golpe de timón fundamental sin sacrificar la prudencia que implica el perfeccionamiento gradual de sus complementariedades.

No es esto demasiado pedir cuando representantes del sector privado ya ha constituido el MILA (la integración de operaciones de bolsas de valores de Lima, Santiago y Colombia con una capitalización agregada a octubre de US$ 629 mil millones descontada 7.8% de desvalorización por la crisis). El objetivo del MILA es profundizar el mercado de capitales en la ribera del Pacífico latinoamericano y para ello han invitado a México a estudiar una eventual asociación de ese mercado bursátil. Con la concurrencia de la bolsa mexicana la capitalización del MILA podría bordear el trillón de dólares –más US$ 1 millón de millones-.

Si representantes del sector privado procuran la potenciación de un mercado tan expuesto al riesgo en medio de la crisis global gestionando adecuadamente los costos de una fuerte asimetría (hipótesis que debe ser comprobada por el ente regulador pertinente), la timidez de los representantes de los Estados de la “alianza”, tan épica en la construcción de la CELAC, asombra.

Más aún cuando la capacidad agregada de la complementariedad está a la vista: un PBI conjunto equivalente a 300% de la CAN, de 73% del MECOSUR, de 29% de China y de 11% de Estados Unidos y de la Unión Europea. A ello debe agregarse el potencial de consumo de las clases medias de un población total que equivalen al 200% de la CAN, 82% del MERCOSUR, 64% de Estados Unidos y 41% de la Unión Europea (1).

Si la escala de mercado tiene estos parámetros, la circunstancia es facilitada por la negociación del acuerdo transpacífico en el marco APEC (en ella intervienen Perú, Chile y México por América Latina). Y si la necesidad estratégica es manifiesta, la gestación de la Alianza del Pacífico debe dar un salto de calidad y salir de la esfera dominante de la tecnocracia de comercio exterior.

 

(1) CAN: Estadísticas del Acuerdo del Pacífico 2006-2010.



 

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