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EDITORIAL

Reacción regional frente a la crisis sistémica que genera la Unión Europea

Alejandro Deustua
14 de diciembre de 2011

En buena medida el proceso de integración europea ha tenido un impacto global proporcional a su progresiva profundización. Hoy, cuando el euro forma parte de la canasta de reservas de los miembros del sistema financiero internacional, cuando la solvencia de los Estados de la eurozona es un determinante la estabilidad de la economía mundial, cuando el dinamismo de su mercado es definitorio de la vitalidad del comercio internacional y la confianza en sus bancos impacta en la fluidez del crédito internacional (aunque sólo un par de esas entidades se encuentren entre los diez más grandes), es evidente que la vulnerabilidad financiera de la UE tiene extraordinario también impacto global.

Siendo su destino además, geopolítica, estratégica e ideológicamente vital para Occidente, la preocupación colectiva por las medidas que adopte la UE para la superación de su gravísima crisis ciertamente supera la singular preocupación de los socios que interactúan con ella. En ese marco, el complejísimo proceso decisorio de la UE bien podría tener en cuenta el impacto global de sus resoluciones. Especialmente cuando éstas siguen generando alta incertidumbre y reacción en terceros. Esa sensibilidad comunitaria, sin embargo, no parece evidente.

Este hecho, en consecuencia, bien podría ser planteado a la Comisión y al Consejo Europeos más allá del cerrado circuito del G20. Especialmente cuando, en la larga perspectiva histórica, parece claro que los grandes saltos cualitativos de la integración europea han estado condicionados por requerimientos sistémicos. En efecto, estos puntos de inflexión han reflejado un cambio del sistema internacional o regional mientras que estas grandes evoluciones no parecen haber ocurrido en escenarios de normalidad. En el transcurso de estos últimos se ha impuesto, más bien, el desarrollo burocrático de la UE.

Así, si el Tratado de Roma de 1957, antecedido por la CECA en 1951-1952, procuró inicialmente un mercado común en busca de escala y no discriminación a partir de una zona de libre comercio y una unión aduanera, ello no ocurrió por mera vocación integracionista. En efecto, la causa fundamental del inicio de ese exitoso emprendimiento estuvo asociada a las necesidades vitales de la reconstrucción europea y al fortalecimiento del núcleo occidental durante la Guerra Fría.

Y aunque el proceso de integración sustantiva progresó luego mediante la ampliación y profundización de la Comunidad Europea, los tratados de Maastricht de 1992 dieron el gran salto hacia el umbral de la unión económica (primero con la unión monetaria) y de la unión política (los inicios de la PESC). Esos tratados, de los que surgió el euro, se fundaron, en muy buena medida, en la necesidad del sistema regional de albergar la unificación alemana realizada en 1991. El nuevo poderío alemán debía ser diluido u orientado mediante la profundización de la integración y una mayor cesión de soberanía en Europa. Si algo de condicionamiento técnico tuvo esa iniciativa fue el de su compleja implementación, no el de su planteamiento.

Hoy, enfrentada a una crisis de potencial regresivo de grandes consecuencias sistémicas (el fraccionamiento de la UE y de instancias mayores de Unión generaría desorden global), la UE vuelve a dar un salto hacia adelante. Éste se define, aunque de manera aún menor y no consolidada, en la ruta de la unión fiscal acompañada de unos “mecanismos de estabilización”. Aunque la consecuente coordinación de políticas económicas, parámetros de comportamiento fiscal, compromisos de supervigilancia y vocación de coacción colectiva (sanciones que no son aún automáticas en tanto no han sido especificadas) no conformen una unión fiscal plena que complementen a la unión monetaria, sí implica un avance importante en ese sentido.

Pero si las decisiones del 9 de diciembre último suponen una profundización de la integración menor a la inicialmente considerada, las políticas adoptadas no han cumplido plenamente con el propósito concreto que perseguían: acabar con la incertidumbre derivada del cuestionamiento de la sustentabilidad del euro. En efecto, la redefinición del Pacto de Estabilidad como política de corto plazo en lugar de replantearlo como meta de mediano plazo implica un destino inmediato de mayor carácter recesivo en los países con problemas y un desincentivo al consumo de tendencia depresiva en algunos de ellos. Aunque este escenario no es generalizable al conjunto europeo debido a la gran asimetría económica y divergencia de fundamentos, el agregado ciertamente no asegura que el euro haya ingresado a una etapa de estabilidad.

Menos aún cuando los mecanismos de estabilización no parecen suficientes (el adelanto de la entrada en vigor del Mecanismo Europeo de Estabilidad de 500 mil millones de euros), ni mejoran los niveles de solvencia (el potencial de la Facilidad Europea de Estabilización Financiera para cubrir las necesidades de rescate de agentes económicos en problemas no ha sido incrementado adecuadamente), ni la intermediación del FMI asegura la adecuada cobertura de las mayores economías en problemas (200 mil millones comprometidos por los Estados miembros). Por lo demás, el rescate de los agentes mediante la gestión por el Banco Central Europeo del Fondo de Estabilidad no implica necesariamente financiamiento adicional a través de la adquisición de bonos.

En consecuencia, las garantías de seguridad y estabilidad que compensaban antes la cesión de soberanía requerida por la profundización de la integración europea no se han logrado hoy día. Por lo demás, el aparente avance hacia la integración fiscal quizás aliente la supervivencia del euro pero no de la zona del euro como la conocemos (ésta puede aún quebrarse mediante salidas no irracionales de países como Grecia).

Por lo demás, la UE ha cuajado un escenario regresivo si no con la “Europa de las dos velocidades” (que, en realidad, siempre existió) sino con la autoexclusión del Reino Unido cuya ausencia de la zona del euro podría derivar esta vez en una mayor distancia con el mercado común cuando se tengan que negociar los detalles de los nuevos acuerdos fiscales si las actuales posiciones no cambian.

Como están las cosas, es posible esperar que la relación comercial transatlántica (el principal núcleo de cohesión global) se debilite. De ello no estará ausente la relación de la UE con América Latina: Brasil y Argentina (cuyas economías exportan más a ese mercado que los demás suramericanos) ya pueden dar cuenta de ello (y también Perú cuyas exportaciones a la UE han caído fuertemente desde octubre último).

De otro lado, la menor vulnerabilidad relativa de América Latina a la crisis y el incremento del vínculo con Asia no son alivio suficiente para la erosión de las condiciones de inserción de países que, como Brasil, Argentina y Uruguay en el Cono Sur y Perú, Chile y Colombia en el ámbito andino tienen mayor y mejor dispuesta relación con la Unión Europea.

Bajo estas condiciones, la región podría patrocinar tres tipos de acciones. En el ámbito de la promoción, atraer al área a empresas europeas que no encuentren hoy la holgura del caso en la UE es una posibilidad. En el ámbito financiero, realizar compras prudentes de bonos europeos que señalen algún grado de confianza en el euro (que se recuperará en el largo plazo) y en el desarrollo político de la UE es una buena apuesta. Y en el ámbito de la cooperación, inducir en la Comisión y el Consejo el trato ordenado de los impactos de las decisiones económicas de esos organismos en la región es un requerimiento no excesivo. Frente a una crisis mayor que compromete a un socio de influencia global, los suramericanos no podemos permanecer inactivos.




 

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