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EDITORIAL

La “cláusula democrática” en la crisis paraguaya

Alejandro Deustua
22 de junio de 2012

El anuncio de juicio político al presidente del Paraguay Fernando Lugo ha movilizado a todas las instituciones americanas que han suscrito cláusulas democráticas. Éstas hacen bien en activarse en tanto la defensa colectiva de esa forma de gobierno no implica en la región vulneración del principio de no intervención.

Aunque ese principio ha sido comprometido en tanto la entidad política originalmente defendida –la democracia representativa- ha involucionado hacia la democracia directa y particulares y hasta sectarias formas de entenderla, las bases en que se asienta –la expresión de la voluntad ciudadana- siguen vigentes.

En el caso de Paraguay el Presidente Lugo ganó limpiamente las elecciones de 2008 con 41% y, su gobierno se incorporó al ámbito de los Estados democráticos del área que se rigen por ese principio. El hecho de que Paraguay no haya ratificado el tratado de Ushuaia que establece la cláusula democrática para el MERCOSUR, no implica que no quede obligado por la Carta Democrática interamericana o por el protocolo adicional al tratado constitutivo de UNASUR que establece el procedimiento para evaluar un quiebre del orden democrático en uno de sus miembros.

En este caso, el Consejo Permanente de la OEA y los cancilleres del UNASUR ya han tomado acción lo que no importa compromiso anticipado con ninguna medida coactiva mientras no se evalúen los hechos y se recurra a las instancias mediadoras y/o de buenos oficios para restablecer el orden democrático en el caso de que éste efectivamente hubiese sido quebrado.

En el caso paraguayo deberá evaluarse si el Congreso que ha iniciado el juicio político que está previsto en la constitución paraguaya sigue el debido proceso más allá de que su decisión haya sido adoptada por mayoría en la Cámara de Diputados; o si Paraguay se enfrenta a una nueva versión del “golpe suave” que se ha practica con anterioridad en Bolivia (el caso del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada) y Ecuador (el caso del presidente Lucio Gutiérrez).

En el primer caso, los cancilleres deben proceder de acuerdo su mandato comunitario (examen de la situación, medidas que propicien al retorno al orden democrático, aplicación de medidas que incluye una escala gradual de coerción hasta la suspensión de la participación del Estado que incumple) con la mayor objetividad al tiempo que promueven el diálogo entre las partes.

Sin embargo, si se trata del segundo caso, los cancilleres deben tomar las medidas más enérgicas.
En cualquier caso se deberá tener presente que la crisis política en Paraguay no proviene de la mala gestión de una desalojo de campesinos de las tierras de un político de la oposición tradicional (el partido Colorado) en la que se imputa participación de grupos insurreccionales armados (el EPP que ha perpetrado varios actos de violencia entre los que se encuentra el secuestro y muerte de la hija de ex presidente Raúl Cubas en 2010) y de movimientos radicales (la “Liga Nacional de Carperos” vinculada al Movimiento de los Sin tierra en Brasil) además de violencia excesiva de las fuerzas del orden que produjo casi dos decenas de muertos.

La quiebra del sistema político paraguayo, de especial responsabilidad del partido Colorado, ha generado, como en el resto de la región con la crisis de los partidos políticos, un serio problema de representatividad democrática.

Por lo demás, el problema de la distribución de la tierra en un país esencialmente agrario no ha sido resuelto. En ese contexto, la gestión del presidente Lugo no ha sido la más eficiente: Paraguay será el único país en la región que decrecerá este año (-1.5%) cuando el promedio en el área es de 3.7% según la CEPAL. Y tampoco lo ha sido la mejor en términos de su comportamiento mientras la corrupción abruma (Paraguay es un centro de negocios turbios) y las acusaciones de mal uso institucional (p.e. las actividades propagandística de jóvenes socialistas en un cuartel de la Fuerza Armada paraguaya) no han sido levantadas.

Los cancilleres de UNASUR y el Consejo Permanente de la OEA tendrán que evitar además la presión de los miembros del ALBA para propiciar un apoyo incondicional al presidente Lugo. En este caso no se trata de salvar al gobierno del presidente paraguayo sino de impedir un atentado contra el sistema democrático.


 

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