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EDITORIAL

Ecuador: una remanencia sin piso

Alejandro Deustua
3 de agosto de 2012


La cooperación entre Estados es siempre bienvenida por terceros en una comunidad salvo cuando ese vínculo se oriente, aunque sea parcialmente, contra el interés nacional de otro Estado de esa comunidad.

En ese marco, la reciente realización de una reunión del Consejo Interministerial Bilateral Chileno-Ecuatoriano habría merecido el pleno respaldo del Perú si se hubiera limitado a fortalecer los vínculos chileno-ecuatorianos. Finalmente, Ecuador es un integrante de la Comunidad Andina, siendo un ribereño del Pacífico, podría, si lo deseara, incorporarse en algún momento a la Alianza del Pacífico y mantiene, incrementalmente con el Perú muy importantes proyectos de integración económica y física.

Pero en lugar de ensanchar estas perspectivas cooperativas, Ecuador ha decidido jugar al balance de poder diplomático con Chile a pesar de que el conjunto de la relación peruano-ecuatoriana es calificado por ambos países, con mucha –pero no plena- razón, como excelente. La constancia institucional de la misma ha sido certificada por la serie de exitosas reuniones interministeriales ya realizadas entre ambos países y por la buena marcha del programa binacional del desarrollo fronterizo.

En efecto, en medio de un conjunto de compromisos de cooperación chileno-ecuatorianos, Ecuador ha incorporado con Chile, en el mismo comunicado que registra la buena relación entre esos dos países, un párrafo inconexo en el que las partes declaran que, en asuntos marítimos, esa cooperación se basa en “una común visión acerca del Derecho del Mar, así como la plena coincidencia respecto de la vigencia, alcances y contenidos de la Declaración sobre Zona Marítima de 1952 y del Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954, y valoraron en este sentido la Carta Náutica IOA42, aprobada por Ecuador en julio de 2010 y depositada en las Naciones Unidas, la cual refleja la delimitación marítima vigente en virtud de dichos tratados".

Esta declaración, que beneficia a Chile, pretende perjudicar al Perú y puede afecta la relación de confianza peruano-ecuatoriana, hubiera sido comprensible en otros tiempos. Pero luego de que Perú y Ecuador suscribieran, mediante un intercambio de notas, un acuerdo de límite marítimo en mayo de 2011 en el que no se menciona los acuerdos de 1952 y 1954 y que ha sido registrado en la ONU, la disposición ecuatoriana a brindar precaria asistencia política a Chile en el contencioso que mantienen Perú y Chile parece irracional.

Al margen de estas consideraciones, la Cancillería peruana ya ha rectificado este punto en detalle.

Sin embargo, las interrogantes sobre los motivos ecuatorianos siguen presentes:, ¿por qué Ecuador se ve obligado a referirse a esos acuerdos cuando, en lo que le corresponde, los intereses ecuatorianos fundamentales ya han sido satisfechos mediante un acuerdo formal de límites que ahora obvia?; ¿por qué lo hace a instancias de Chile cuando la controversia marítima con el Perú ingresa a su fase oral y su resolución augura una mejor relación futura entre Perú y Chile?; y, ¿por qué Ecuador, en el comunicado con Chile, hace alusión a una cartografía de importancia sólo para el primero cuando su contenido ha sido ya absorbido, sin discordia, por el acuerdo peruano-ecuatoriano?

La respuesta sería complicada si, en ausencia de significación jurídica, no estuviera orientada por la realidad de la remanencia del balance de poder entre un conjunto de países que han hecho del interés territorial el fundamento principal de su política exterior hasta hace pocos años. A ello contribuyen las doctrinas estratégicas propias de esas épocas hoy reanimadas por el creciente desorden del sistema internacional y la cooperación que la fuerza armada chilena ha brindado a la ecuatoriana en esta materia.

Esa cooperación, que además de doctrina y equipos, se manifestó recientemente en la asesoría que Chile brindó al gobierno ecuatoriano para fundamentar su aproximación a la Convención del Mar (cuestión que implicó un cambio del consenso ecuatoriano sobre el mar territorial). Esa asesoría fue agradecida por el comité ad hoc del Congreso ecuatoriano mientras que el Perú, que no ha suscrito la CONVEMAR no podía, por ese hecho, realizar mayor contribución al respecto.

Si bien es cierto que funcionarios ecuatorianos han confirmado que el acuerdo de límite marítimo termina con cualquier reclamo sobre la materia, la lógica del realismo se sigue expresando en un contexto de cooperación e interdependencia crecientes pretendiendo, infructuosamente, afectar un proceso jurídico.

Con el ánimo de incrementar la densidad de ese contexto cooperativo, es prudente tomar nota de la realidad de poder que lo sigue influyendo.


 

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