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MARCO DE LA POLITICA EXTERIOR PERUANA

 

Discurso del Representante Permanente del Perú ante la OEA, Walter Albán
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25 de enero de 2012

Gracias señor Presidente,

Al iniciar la presente intervención deseo reiterar con el mayor énfasis, en nombre del Gobierno del Perú, que mi país respalda plenamente el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, el mismo que se ha consolidado como uno de los mecanismos más relevantes del Hemisferio y que expresa el avance social y las altas aspiraciones de los países que adhieren a él.

Señor Presidente:

El Perú considera que el valioso ejercicio de reflexión que los Cancilleres de las Américas, reunidos en la Asamblea General de San Salvador en junio pasado, encomendaron al Consejo Permanente, ha arribado a resultados concretos luego de un proceso que tomó seis meses y en el que han tenido oportunidad de participar los Estados Miembros de nuestra Organización, el Secretario General de la OEA, los Comisionados de la CIDH y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Prueba del pleno involucramiento que el Perú evidenció en este proceso, fue que el Embajador Hugo de Zela, quien me precedió como Representante Permanente en esta silla, fue elegido como Presidente del “Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el funcionamiento de la CIDH para el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos”.

Quiero encomiar la labor del Grupo de trabajo, así como la conducción del Embajador de Zela y, por supuesto, la desarrollada por el Embajador Joel Hernández, Representante Permanente de México, quien asumió la presidencia del citado Grupo de Trabajo a fines de octubre pasado y a quien correspondió dirigir la negociación del documento de recomendaciones que hoy tenemos bajo consideración en esta sala.

Señor Presidente:

El Perú comparte las recomendaciones planteadas en este documento, cuyos alcances no cuestionan la funcionalidad del sistema en su conjunto, sino determinados aspectos que preocupan en torno al actual funcionamiento de la CIDH. En ese sentido, deseo comentar algunas de las recomendaciones que consideramos de particular trascendencia, para asegurar el fortalecimiento que todos deseamos del sistema interamericano de derechos humanos.

En primer lugar, señor Presidente, el Perú considera que la Universalidad es la piedra angular sobre la que reposa el fortalecimiento del sistema.

En este sentido, resulta necesario e imprescindible que todos los Estados Miembros de la OEA compartamos los mismos compromisos hemisféricos en materia de derechos humanos, en particular los contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a fin de materializar una homogeneidad de intereses y objetivos. El hecho que algunos Estados no se encuentren todavía vinculados a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o que no sean signatarios de Parte o de algunos de los instrumentos regionales en materia de estos derechos, socava la fortaleza de uno de los principales pilares de nuestra organización y debilita al sistema interamericano en su conjunto.

En esa dirección, nos parece inaceptable mantener una situación en la no todos los países miembros de la organización, participan en pie de igualdad de las obligaciones derivadas de nuestra adhesión al sistema interamericano de derechos humanos. Corresponde en consecuencia a la CIDH, desarrollar una decidida actuación orientada a lograr, en el más breve plazo, la firma, ratificación y/o adhesión a la citada Convención Americana y demás instrumentos regionales de derechos humanos por parte de los Estados que han permanecido renuentes a ello. Asimismo, los países miembros de la organización, debemos identificar el problema de la no universalidad, como una cuestión de carácter prioritario en la agenda hemisférica.

En cuanto a medidas cautelares, más allá de reiterar lo que nuestra Misión ya ha señalado anteriormente en esta misma organización, en el sentido de que ellas carecen de fundamento convencional, consideramos también que este tipo de medidas no deben ser adoptadas por la CIDH bajo parámetros imprecisos, de forma que puedan terminar resolviendo en los hechos cuestiones de carácter sustantivo, cuya resolución corresponde, en el marco de un proceso regular que exige un trato equitativo a las partes, al órgano jurisdiccional del sistema.

En tal sentido, resulta de la mayor importancia para el esclarecimiento jurídico de este tema, considerar la posibilidad de elevar una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a los alcances de las medidas cautelares, la pertinencia de su adopción y las consecuencias prácticas de su implementación, así como el grado de vinculación que ellas suponen para los Estados concernidos.

En lo que se refiere a los asuntos de procedimiento en la tramitación de los casos y peticiones individuales, el gobierno peruano desea enfatizar la importancia de que la Comisión aplique, de la manera más rigurosa posible, los criterios de admisibilidad de las peticiones, incluida la verificación del agotamiento de las vías internas, para evitar que la tramitación de expedientes en la Comisión resulte paralela a la de la sede nacional o se convierta en una doble instancia, desnaturalizando por completo el objetivo del sistema de derechos humanos.

Al respecto, no puede soslayarse el hecho de que algunos criterios de intervención y prácticas desarrolladas por la CIDH, han tenido origen en contextos en los que diversos países de la región atravesábamos por regímenes políticos dictatoriales o profundamente autoritarios. Superadas tales circunstancias, resulta indispensable revisar tales criterios y prácticas, con el propósito de contribuir con los esfuerzos de los diferentes gobiernos democráticos para desarrollar una sólida institucionalidad, teniendo que afrontar las secuelas de graves violaciones de derechos ocurridas en el pasado, cuando tenían lugar situaciones de arbitrariedad y abuso del poder.

Precisamente en el Perú, existe un amplio y profundo reconocimiento a la labor desplegada por el sistema interamericano de Derechos Humanos cuando, en contextos políticos autoritarios y antidemocráticos, la jurisdicción interna no fue capaz de cumplir a cabalidad su función esencial de protección de derechos humanos. Es entonces desde esa perspectiva, que abordamos la reflexión desarrollada por el grupo de trabajo, en el objetivo de no permitir un debilitamiento del sistema en el ámbito interamericano.

En contextos democráticos, los Estados nos encontramos empeñados en superar los desencuentros y las heridas heredadas del pasado. En el caso peruano, un instrumento de particular funcionalidad para ese propósito, lo constituye el Registro Único de Víctimas y la implementación de un Plan Integral de Reparaciones a través de una ley especial, aprobada por el Congreso de la República. No obstante ello, la CIDH, en diferentes casos comprendidos en esos programas, ha optado por tomar injerencia en estos procesos internos. De esta manera, se incurre en el despropósito de dilatar, o incluso paralizar, las reparaciones puestas en marcha por el Estado, al decidir litigar estos asuntos ante la Corte. Una cabal comprensión del esfuerzo realizado por los Estados en esta materia por parte de la CIDH, resultaría muy positiva, en el ánimo de hacer más eficaz el sistema de protección.

Asimismo, como usuarios del sistema, coincidimos plenamente con la necesidad de que la CIDH desarrolle criterios objetivos para la determinación de prioridades en el tratamiento de peticiones y que se otorguen plazos y prórrogas razonables a los Estados, tanto para transmitir sus observaciones como para el seguimiento de las mismas. Paralelamente, conviene revisar la naturaleza y entidad de las pretensiones que se formulan en la actualidad, alegando la vulneración de derechos, en función de sus reales promotores.

En este sentido, no puede pasar desapercibido por ejemplo que, tratándose del Perú, son cada vez más frecuentes los casos en los que personas responsables de graves crímenes perpetrados con extrema violencia y mediante actos de terrorismo, acuden a la CIDH alegando supuestas violaciones a sus derechos. Una tramitación de tales casos, ajena a la sensibilidad de la sociedad peruana frente a hechos que en su momento dieron lugar a sentimientos de zozobra y terror generalizado, no contribuye a una percepción positiva de la labor que desarrolla este importante órgano del sistema de protección regional de los derechos humanos.

De otro lado, esta Representación Permanente ya se ha expresado en reiteradas oportunidades en relación a la importancia que el Perú le brinda al mecanismo de soluciones amistosas y a la importancia de que la CIDH fortalezca su rol de promoción de los derechos humanos, debiendo destacarse que un diálogo más abierto y más frecuente con los Estados por parte de la Comisión, contribuirá por cierto a encontrar soluciones mutuamente satisfactorias y, por ende, a reducir la carga y el atraso procesales que actualmente aquejan a la CIDH.

Señor Presidente

No cabe duda que el tema de fortalecimiento financiero de la CIDH y del sistema interamericano de derechos humanos en su conjunto, merece una reflexión especial. La naturaleza intrínseca de los derechos humanos, no admite diferencias ni prioridades entre ellos en abstracto y, en ese sentido, nuestra organización debe implementar políticas que tiendan a mejorar sustantivamente su nivel de ingresos, garantizando una protección amplia y equitativa al conjunto de tales derechos, por definición indivisibles e interdependientes.

Al respecto, no debemos también olvidar que el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos pasa por el fortalecimiento financiero de sus órganos, pero, sobre todo, por alcanzar la universalidad del sistema y garantizar la mayor seguridad jurídica posible en sus procedimientos. Solamente así se podrá fortalecer la confianza de los Estados en el sistema a expresada en su plena adscripción a los objetivos plasmados en la Carta de la OEA, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos Humanos.

En lo que atañe a la vía procedimental que se abre a partir de la recepción del presente informe, mi delegación desea expresar su deseo de que sean los propios Ministros de Relaciones Exteriores, quienes nos instruyeron en El Salvador a reflexionar, debatir y sugerir las recomendaciones que resulten necesarias para el fortalecimiento del sistema interamericano de protección y defensa de los derechos humanos, quienes señalen también, en una Asamblea General extraordinaria, la posición colectiva a adoptar frente a los resultados del debate que hoy concluimos.

Señor Presidente:

Recientemente, a raíz de decisiones adoptadas por la CIDH, mi país ha venido asistiendo a un debate interno muy intenso, en el que se han discutido conceptos de alta sensibilidad política y social.

El terrorismo, señor Presidente, es un flagelo que pocos países como el mío, han conocido en carne propia, con la pérdida de decenas de miles de vidas humanas, y que en algún momento de los años 80 y 90, llegó a poner en riesgo la propia viabilidad del país. En ese sentido, este mismo Consejo Permanente en 1992 y en 1996, precisamente con ocasión está última de la toma de los rehenes de la Embajada de Japón en Lima, condenó enérgicamente a los nefastos grupos terroristas que tanta muerte y dolor sembraron en el Perú.

No voy a entrar en detalles porque no corresponde abordarlos en esta sala; pero es necesario señalar que, lamentablemente, algunas formas de actuación con las que la CIDH viene abordando estos temas, cuando aún nos encontramos tratando de sanar nuestras heridas y erradicar los remanentes del terrorismo, cada vez más entrelazado con el narcotráfico, vienen generado un innecesario ambiente de desconfianza hacia este importante componente del sistema.

Quiero, adicionalmente, formular dos observaciones. En primer lugar, el Perú no acepta que a los responsables de tan graves crímenes como los señalados, se les de otra calificación que no sea la de terroristas; ello resulta una exigencia no solamente ética, sino derivada expresamente de nuestra Constitución, nuestras leyes, nuestros tribunales y, como ya lo señalé, tanto del sistema interamericano como también del de Naciones Unidas. En segundo lugar, que consideramos que la remisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Eduardo Cruz Sánchez (también conocido como Chavín de Huántar), como habrá de quedar demostrado ante la Corte, ha sido una decisión errada, en tanto éste caso aún se encuentra en sede nacional y su tratamiento se viene llevando a cabo de conformidad con la legislación peruana, acorde a los estándares internacionales.

Los comandos militares que participaron en el operativo Chavín de Huántar son considerados héroes en el Perú y en otros países. Ellos arriesgaron sus vidas para salvar otras y así enfrentar un acto terrorista de toma de rehenes por parte de un grupo calificado como tal, tanto en la jurisdicción interna como la internacional, grupo por lo demás responsable de crímenes de lesa humanidad, perpetrados con absoluto desprecio por la vida.

En consecuencia, es menester que la CIDH adopte sus decisiones teniendo en consideración todos los elementos que conforman la realidad y el contexto en el que actúa un Estado en un momento determinado; es igualmente necesario que la valoración y oportunidad con la que son examinados los casos, se lleve a cabo teniendo en consideración el contexto político, social y cultural que atravesaron nuestras sociedades en la lucha contra el terrorismo. Es esta la única manera legítima, ajustada a la realidad y a la lógica, que habrá de garantizar la confianza en el sistema.

Gracias señor Presidente.
Actividades del Sector Relaciones Exteriores(25/01/2012)




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