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EDITORIAL

El riesgo político en América Latina

Alejandro Deustua
27 de diciembre de 2013

El año termina y el 2014 empieza en América Latina consolidando la práctica electoral como mecanismo democrático. Ello, sin embargo, no implica que la democracia se haya fortalecido en el área, ni que se haya optado por una efectiva alternancia en el poder, ni que los modelos democráticos se hayan estandarizado ni que la estabilidad política se haya incrementado.

En efecto, los países que más cuestionan la democracia representativa han reelecto a autoridades arbitrarias. En cambio los que se fundamentan en instituciones y normas de carácter liberal han retornado a sus preferencias habituales. Ello indica que en la región ha habido más continuidad que cambio en la conducción política. A pesar de ello los factores de tensión que han tendido a incrementarse.

Así, los ciudadanos de Venezuela y Ecuador han reelecto a autoridades que han insistido en maniobras vedadas en el primer caso o acentuado condiciones inapropiadas en el segundo. A ellos se les sumará probablemente Bolivia a fines del 2014. Esos resultados han consolidado el poder en el bloque del ALBA (aunque bajo condiciones bien precarias en Venezuela) cuya ampliación se ha frustrado en Honduras con la derrota del candidato afín a esa agrupación.

De otro lado, en Chile se ha producido un retorno al poder de la coalición que, bajo un formato ampliado (el de Nueva Mayoría), ha ganado todas las elecciones desde la caída de Pinochet. Y en Paraguay ha regresado el más que centenario Partido Colorado (asegurando el retorno de ese país a las organizaciones regionales que lo habían suspendido luego de que el Congreso destituyera al ex-presidente Lugo mediante un sumario juicio político).

Guardando las distancias, el retorno de un viejo partido dominante ocurrió también en México en el 2012 con el PRI luego de un paréntesis de doce años.

Además de Bolivia es posible que el próximo año la continuidad se confirme en Uruguay (con el Frente Amplio) y quizás en Colombia (si el presidente Santos se postula sobre la base de un éxito en las negociaciones con las FARC). Y la reelección de la presidenta Rousseff es probable aunque no está asegurada en Brasil.

La mantención o el retorno de “lo conocido” en estos países no ha implicado, sin embargo, mayor cohesión nacional o certidumbre política en ellos. Es más, en Venezuela la continuidad ha implicado polarización agudizada (que, en medio de la coacción que emplea el régimen, pretende ser contenida con un tardío y poco creíble mecanismo de diálogo). En Ecuador no es previsible lo que ocurrirá cuando el Presidente Correa deje el poder. Y en Bolivia el eventual nuevo triunfo del presidente Morales no tendrá los fundamentos colectivos que su gobierno pretende y que, a pesar del crecimiento económico, éste se ha ocupado de erosionar. La tensión social en países del ALBA tiende a incrementarse en los próximos años.

Por lo demás, es conocido que el giro a la izquierda de la agenda de la presidenta electa en Chile ha sido estimulado por la presión generacional (el movimiento estudiantil) y las expectativas de las clases medias. Lo mismo puede ocurrir en Brasil donde las heterogéneas pero potentes protestas ocurridas a mediados de año obligaron a la Presidenta Rousseff a ofrecer soluciones que incluyeron hasta una oferta de reforma constitucional.

Esta situación presenta interrogantes fundamentales. Si los partidos políticos están desprestigiados en América Latina ¿por qué la ciudadanía vota por los más tradicionales o por los que están en el poder? Y si esta tendencia es comprobable, ¿por qué, al margen de la manipulación que recurre a las redes sociales, ocurren movilizaciones colectivas que alimentan la crisis o no se reduce su latencia?

La alusión a las expectativas insatisfechas de las emergentes clases medias o a la falta de inclusión agudizada por un menor crecimiento sólo es parte de la respuesta. En todo caso esa problemática no explica la opción por gobiernos autoritarios que no satisfacen adecuadamente las necesidades públicas ni da respuesta al interrogante sobre el éxito de la supuesta democracia delegada en detrimento de la democracia representativa.

De otro lado, la falta de sustento de las democracias delegadas o autoritarias se refleja en el índice de riesgo de inestabilidad social de The Economist. Éste ubica a Venezuela y Bolivia (a los que se suma Argentina) entre los países de “muy alto riesgo”.

Sin embargo, ese ránking incluye también a países de buen manejo económico que son gobernados bajo condiciones de democracia representativa y que no admiten reelección inmediata (Perú). E incorpora a potencias medias cuyo reconocimiento externo y perfomance pasada agregan el título de potencia emergente y admite la reelección inmediata sólo por un término (Brasil). Y también incluye a un país donde ha triunfado un candidato reformista que cumple con su palabra (México). Inverosímilmente esos países, junto con Honduras y Haití, integran la lista de países de “alto riesgo” en The Economist.

Por lo demás, ese índice es cuestionable porque Haití es un Estado fallido no comparable con México, Perú o Brasil. Y más cuestionable aún cuando un país con tradición y realidad presente de violencia subversiva como Colombia es clasificado en un estrato superior entre los países de “riesgo medio”. Sin embargo, al margen de los errores de esa clasificación, la realidad actual o potencial del conflicto social no puede negarse en esos países sin caer en la imprudencia.

En el ámbito económico ese riesgo es patente en casos como el venezolano, argentino y brasileño y menos evidente en México y Perú.

A diferencia de estos dos últimos países, Venezuela y Argentina suman a su problemática económica problemas de gestión caracterizados por el empleo sustantivo de medidas administrativas o por el uso arbitrario del poder en el intento de contener la crisis como alternativa a políticas apropiadas.

Así Venezuela (1), que ha crecido este año 1.2% y crecerá el próximo apenas 1% bien por debajo de la deteriorada perfomance regional de 2.6% (2013) y 3.2% (2014), ha intentado resolver sus problemas económicos mediante la coacción.

En efecto, en el intento de atajar la altísima inflación de 54% el gobierno ha recurrido al abuso del poder disponiendo por decreto una reducción de precios. Al respecto llegó al punto de instigar a la población al saqueo.

De otro lado, para estimular el crecimiento ha hecho uso arbitrario y discrecional de recursos públicos acumulados en el Fondo de Desarrollo Nacional. Y para el maquillaje de sus deficitarias cuentas públicas ha usado el diferencial entre precios nominales del petróleo (U$ 55 por barril) y el real para ocultar los subsidios a Cuba y el déficit de cuenta corriente. Aún así no logrado escapar a un déficit global.

Por lo demás su total control de la distribución de divisas mediante subastas no ha logrado cubrir la altísima demanda ni mantener las reservas en montos adecuados (éstas han caído por debajo de US$ 30 mil millones). En ese contexto la inversión se ha reducido impactando la producción petrolera.

Una sustantiva erosión de los ingresos, la fuerte (y aparentemente insuficiente) devaluación del bolívar y la reducción del salario real añade combustible a la tensión social. Si bajo estas condiciones el desempleo se mantiene en 8% es porque el Estado es el demandante principal de mano de obra y quizás porque el empleo informal ha crecido fuertemente.

Estas condiciones son insostenibles en el mediano o largo plazo. Quizás por ello, el chavismo del Sr. Maduro ha recurrido, además de la coacción abierta, a un diálogo sui generis y fuertemente condicionado con la oposición.

De otro lado, Argentina (que como el resto de la región ha dejado atrás los años de alto crecimiento cayendo de 8.9% en el 2011 a 1.9% en el 2012) creció este año 4.3% con proyecciones contrarias a la perfomance regional: en el 2014 crecerá apenas 2.6% mientras América Latina mejorará su rendimiento del 2013.

Argentina no ha logrado atajar una inflación de más de 25% a pesar de que ha dispuesto la congelación de precios y ha recurrido a acuerdos para mantenerlos. Por lo demás, la escasa credibilidad que ofrecen unas estadísticas manipuladas (que han merecido el reproche formal de organismos internacionales), la limitación del uso de tarjetas de crédito en el exterior mediante recargos y el difícil acceso al financiamiento externo no ha contribuido a que una mejora en las exportaciones (que no han logrado limitar el déficit de cuenta corriente) mejore el status económico internacional de ese país.

Su vulnerabilidad se refleja en una caída de las reservas internacionales a apenas US$ 31 mil millones. Y en un contexto de fuerte demanda de dólares (que tiene un componente hereditario de la crisis de principios de siglo) Argentina ha padecido una fuerte salida de capitales que el gobierno intenta contener también mediante medidas administrativas.

El descontento consecuente se agrega al del impacto inflacionario que un incremento de salarios y un bajo desempleo no logra del todo atajar. La disfuncionalidad económica contribuye así con el malestar político.

De otro lado, el Brasil ha cuestionado su status externo con una perfomance de apenas 2.4% este año (que sigue a una caída de 1% el año anterior) y que permanecerá semisestancada en el 2014 (2.6%).

A diferencia de Venezuela y Argentina no predominan acá las medidas administrativas. Pero el descontento ya se expresó a mediado del año en las protestas aludidas. El riesgo político va acompañado de una problemática económico que no se explica sólo por la volatilidad externa. La “volatilidad de las variables económicas nacionales” implicadas en los tipos de cambio y de interés son parte principal del problema.

A ello se agrega las fluctuaciones de la inversión, un bajo crecimiento del consumo, del empleo y de las remuneraciones aunque con una inflación reducida a 5.8%. En Brasil quizás pese más en el ánimo colectivo la frustración de expectativas que genera inestabilidad política que los perjuicios económicos reales.

Quienes en el Perú y en la región piensan que la política se ha divorciado de la economía harían bien en revisar ese diagnóstico. Nuestra democracia debe ser mejorada por razones válidas en sí mismas pero también para dar mejor sustento a la economía. El desconocimiento de la interacción entre ambas variables agrega riesgo a una problemática nacional compleja.

(1) CEPAL: Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2013

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