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EDITORIAL

Paraguay: elecciones y su eventual reincorporación a las instituciones suramericanas

Alejandro Deustua
24 de abril de 2013

Aunque el proceso electoral paraguayo ha recibido críticas de las misiones de observadores de la OEA (que ha pedido sancionar los delitos electorales) y de la Unión Europea, los resultados no han sido impugnados. Con 46% de los votos, el presidente electo es el Sr. Horacio Cartes del Partido Colorado y así lo ha reconocido su contendor principal, el Sr. Efraín Alegre del Partido Liberal Radical Auténtico (37% de los votos).

Y si el Tribunal Supremo de Justicia Electoral no ha concluido aún su labor ya anunció que se va respetar el resultado en tanto el candidato derrotado no ha presentado reclamos. En ese marco UNASUR ha procedido a felicitar al triunfador con el mismo tono que lo hizo en el caso de Venezuela pero sin los llamados a nuevas auditorías, al diálogo y a la tolerancia con que esa entidad completó (pero no condicionó) su reconocimiento al Sr. Maduro. Por lo demás, a diferencia del venezolano, el proceso paraguayo ha contado con cientos de observadores internacionales que han desarrollado su actividad sin limitaciones.

¿Implica esto que las elecciones han sido libres y justas? No necesariamente. Y los demás derrotados (nueve de once candidatos), salvo el Frente Guasú del ex -presidente Fernado Lugo que ha obtenido 3% de los votos, no las han cuestionado (el Sr. Lugo no es candidato a la presidencia sino al Senado).

Aunque no estamos entonces frente a un proceso impecable sí nos encontramos frente a uno que, por su general aceptación, la comunidad internacional va a avalar a diferencia de lo ocurrido en Venezuela.

Como en México con el PRI, ese proceso ha devuelto al poder a un partido históricamente dominante: el Partido Colorado que, en contienda con el partido Blanco, hegemonizó la vida política paraguaya hasta que en el 2008 Fernando Lugo truncó esa larga y cuestionable trayectoria sólo para ser destituido por el Congreso el 2012 por mal desempeño de la función.

Ese proceso de destitución, enmarcado en el artículo 225 de la Constitución paraguaya, tuvo, sin embargo, un carácter sumario (duró apenas 48 horas) sin que el Presidente Lugo tuviera una adecuada oportunidad para defenderse. A pesar de ello el ex -presidente aceptó la decisión del Congreso, no salió del país ni suspendió su actividad política y hoy ha sido elegido al Senado aunque con un precario número de votos. El caso queda, así, cerrado.

En cambio la discusión sobre el liderazgo político paraguayo se mantiene. Si las trayectorias recientes del PRI mexicano y del partido Colorado pueden comparase, no ocurre lo mismo con sus representantes. En efecto, a diferencia de México donde el Presidente Peña Nieto ostenta una antigua militancia partidaria y excelentes títulos académicos, el presidente electo paraguayo es un cuestionado empresario (con imputaciones mayores de las que ha salido librado), un político desconocido que nunca ha votado y que, además, ha realizado una campaña eludiendo el escrutinio de los medios de comunicación. El buen resultado económico de la gestión del gobierno del Presidente Federico Franco no ha liberado a su país de sus peores problemas locales. En ello, sin embargo, no se distingue demasiado de la realidad de otros países suramericanos.

La gestión del Presidente Franco está culminando con una extraordinaria recuperación económica. Ésta se refleja en el hecho de que, luego de haber registrado la peor perfomance regional en el 2012 (una contracción de -1.2% que provenía de una importante desaceleración en el 2011 cuando Paraguay creció 4.4% en contraste con el 13.1% en 2010), el desempeño de esa economía pasa a ser la de mayor expansión proyectada en el área: 10% en el 2013 según la CEPAL. Ésta se debe a un rebote asociado al ciclo ambiental: una muy grave sequía en una economía esencialmente agrícola (que abatió las vitales exportaciones de soya –una caída de 48%- y, algo menos, las colocaciones de carnes) ha terminado generando mejor aptitud agrícola y una fuerte recuperación del sector.

Si ello no es mérito del gobierno, alguna virtud tiene éste al haber contribuido a la solvencia económica general y del sector no agrícola mediante políticas anticíclicas incrementando el gasto por encima de los ingresos sin producir un déficit inmanejable (-2.8% del PBI) o inflación mayor (3.4%).

Ello se produjo en el marco de medidas preventivas en el sector financiero (incremento del encaje, mayor supervisión y regulación del sistema bancario e incremento de la capitalización de los bancos) de las que el FMI tomó nota sugiriendo políticas de mayor fortalecimiento institucional.

En el lado fiscal se produjo una reforma tributaria estableciendo el impuesto a la renta personal cuya aprobación había sido previamente detenida por el Congreso. Éste, sin embargo, ha sido sólo un avance en un sistema tributario que recauda apenas 11% muy por debajo del promedio latinoamericano y que privilegia los impuestos indirectos.

Sobre esas bases Paraguay reclamará ahora su reinserción en los organismos internacionales latinoamericanos de los que fue suspendido. En el caso del MERCOSUR la reincorporación será compleja y quizás no exenta de fricción por la forma expeditiva con que Paraguay fue separado y por la casi simultánea incorporación de Venezuela a la entidad de la que era marginado (hecho de evidente arbitrariedad a la luz de la precariedad de la condición democrática venezolana lo que no ha impedido al gobierno venezolano reconocer rápidamente al nuevo presidente paraguayo).

Además, la especial atención que el Presidente Franco prestó a los países del Pacífico (cuyo modelo económico devino en referente) y el persistente descontento paraguayo con la distribución de beneficios dentro del MERCOSUR y el sesgo hegemónico del liderazgo brasileño (y, en menor medida argentino) en la percepción de un país de menor desarrollo relativo agregarán complicación al proceso de retorno en cuestión.

A estos obstáculos se sumará probablemente la exigencia de Brasil y Argentina de que el Congreso paraguayo ratifique los acuerdos relativos a la incorporación venezolana (The Economist). Esa decisión es fundamental para el MERCOSUR porque Paraguay es el único país que aún no ha aceptado formalmente esa incorporación. Y también será crítica para la legitimidad internacional de Venezuela teniendo en cuenta la turbiedad del proceso político y la acusación de fraude electoral que ya ha sido establecida por la oposición.

La reincorporación paraguaya al UNASUR será quizás menos problemática a la luz del reconocimiento incondicional y no calificado brindado por esa entidad. El reporte de la misión electoral de UNASUR quizás obligue al Paraguay a cumplir con ciertas formalidades adicionales que no serían impedimento para el retorno de ese país a la entidad suramericana a partir del momento en que el nuevo presidente asuma el mando.

Este proceso de normalización institucional en Suramérica no producirá, por las razones enunciadas, un saneamiento político subregional. En efecto, si el nivel de la vara democrática ha sido rebajado en el área, los nuevos tiempos regionales que Paraguay compartirá son los del denominado pragmatismo que se viene arraigando en la región. La estabilidad que puede restaurar la reincorporación paraguaya a las instituciones regionales tendrá, por tanto, la valencia de la arbitrariedad política. En ausencia de marcos normativos creíbles, esa estabilidad tiene el tinte de la precariedad.

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