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EDITORIAL

Argentina: la década Kirchner



31 de mayo de 2013

Alejandro Deustua


Durante la década de gobierno que celebra la presidenta Cristina Kirchner a partir de la herencia política de su esposo, el ex -presidente Néstor Kirchner, la Argentina ha transitado de las tribulaciones de la supervivencia estatal a las maquinaciones del gobernante para mantenerse en el poder. La tradición reeleccionista del peronismo, que tuvo origen en 1951 luego de que Perón fuera electo en 1946, se mantiene así vigente aunque de manera menos excepcional en un contexto regional demasiado proclive a esa opción ad hoc.


Las razones por las que esta práctica poco democrática se ha arraigado en la región son muchas pero la primera de todas parte de la explotación de la necesidad colectiva de superar una crisis del Estado o de la vocación del gobernante por alterar radicalmente su estructura y su curso. La primera razón se esgrimió para justificar el golpe que llevó a Perón al Ministerio de Trabajo en 1943 y a la presidencia en 1946 y la segunda para fundamentar su primera reelección.


Si sobre esos motivos puede haber debate, está fuera de toda discusión que la crisis estructural que padecía Argentina en el 2003 requería un liderazgo fuerte cuando Néstor Kirchner fue electo presidente en segunda vuelta luego del retiro de la contienda de Carlos Menem.


Para ese entonces la crisis económica y de pagos del 2001 había apurado las renuncias del presidente Fernando de la Rúa y las de sus reemplazantes Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño y Eduardo Duhalde. Es decir, la Unión Cívica Radical (que ya había fracasado durante el gobierno del probo Raúl Alfonsín) había destrozado su centenaria herencia política y el ambivalente y no tradicional Partido Justicialista (del que eran miembros Rodríguez Saá, Duhalde y Menem) se hundía en la división y la ineficacia ejecutiva.


La ausencia de liderazgo y sustento partidario en un contexto de extraordinaria conflictividad social generada por la crisis retroalimentaba el caos expresado económicamente en una caída de -25% del PBI (en relación a 1998), desempleo de 21.5%, quiebra de las fuentes principales de trabajo (el sector construcción cayó -25% hacia 2002 y el incremento exponencial de la pobreza (de 38.3% a 53% en ese año) según la CEPAL.
Por lo demás, las medidas correctivas de los gobiernos interinos eran insuficientes para contener una alta inflación en una economía que a principios de la década de los 80 había padecido una hiperinflación (precipitando la entrega adelantada del mando de Alfonsín a Menem) y otra a principios de los 90 (Rapoport). De otro lado, hacia finales de siglo a esas calamidades siguió una sostenida fuga de capitales (US$ 60 mil millones) facilitada por la internacionalización del mercado y continuada por una fuga de alrededor de US$ 15 mil millones sólo en el 2001 (Comisión Investigadora de Fuga de Capitales de la Cámara de Diputados argentina en El País).


La afectación del 6.5% del PBI argentino sólo por esa causa en medio de obligaciones perentorias de pago de deuda externa llevó al gobierno de de la Rúa a la implantación del “corralito” a finales de ese año lo que restringió la libre disposición del dinero y generó pánico en los ahorristas, anarquía en el pago de obligaciones en general (incluyendo las de provincias) y, finalmente, la renuncia presidencial.


Como se ha mencionado, este escenario estuvo envuelto en un proceso de endeudamiento externo cuya insostenibilidad contribuyó decisivamente a la crisis. En efecto la deuda contraída para financiar el gasto fiscal durante la vigencia del “plan de convertibilidad” llegó a comprometer alrededor del 54% del PBI de la economía (una bicoca para los Estados Unidos y la Unión Europea de hoy, pero una proporción aplastante en la época) sin que Argentina pudiera generar divisas por exportaciones porque el peso se ató a un dólar fuerte en una relación 1 a 1. Ello impidió ganar competitividad por devaluación habiéndose perdido la posibilidad de emplear al respecto la política monetaria.


Si bien “la convertibilidad”, fuertemente apoyada por el FMI, generó estabilidad, crecimiento y contuvo todo impulso inflacionario, ésta fue concebida como transitoria. Y, sin embargo, fue convertida en ley con el propósito de incrementar la credibilidad del “plan” limitando extremadamente los costos de salida y de flexibilización de esa política y achicando el margen de maniobra del gobierno a cambio del incremento de confianza en los agentes económicos. Esta rigidez contribuyó a la fuerte recesión de 1998.


Cuando el “plan” no daba más, el FMI contribuyó a prolongarlo mediante un crédito inicial pensando que se trataba de un problema de liquidez. Hacia el final, un crédito stand by fue comprometido para ser luego reducido considerablemente por la entidad multilateral cuando la emergencia alcanzaba cotas dramáticas.


Peor aún, como ello ocurría en un escenario de crisis financieras sucesivas (la mexicana de 1994 que mereció un rescate por el Tesoro norteamericano), la asiática de 1997, la rusa de 1998 y la brasileña de 1999), la inestabilidad del contexto agravó la situación argentina. La crisis brasileña fue resuelta, entre otras medidas y con apoyo externos considerables, mediante una devaluación que afectó las exportaciones argentinas a Brasil reduciendo aún más el ingreso de divisas e incrementando la imposibilidad de pagar la deuda adquirida, en una alta proporción, mediante emisión de bonos. Bajo esas condiciones extremas el diferencial de rendimiento con los bonos del Tesoro se incrementó notablemente imposibilitando, por el alto riesgo, el acceso a los mercados e intensificando la fuga de capitales (FMI).


Así, bajo el interinato de Rodríguez Saá se produjo el default cuando Argentina no pudo pagar alrededor de US$ 6 mil millones de una deuda de US$ 144 mil millones. De ella, US$ 94 mil millones aproximadamente estaba en bonos (que constituían, además, una proporción importante del mercado de papeles correspondiente). Argentina propuso una “quita” de 75% del valor nominal de los bonos con alternativas de menor reducción a cambio de mayores plazos o aportes de capital.


Ya con Kirchner en el gobierno, Argentina concretó un canje de bonos por 76% del valor de estos (bastante menos que la propuesta inicial) (UBA) realizado al margen del FMI con el costo persistente de la supresión del acceso a los mercados salvo a tasas muy elevadas. La reducción de la deuda se hizo teniendo en cuenta el riesgo que representaba el reclamo remanente de los bonistas que no entraron al canje (y que persiste hasta hoy). Con ello Kirchner “quemó sus naves” en la materia fortaleciendo la decisión de organizar la economía de manera “heterodoxa”. El éxito no le fue esquivo.


Así, durante su mandato Argentina creció en promedio 8.8%, el desempleo y la inflación se redujeron a 8% y las reservas aumentaron de US$ 8.2 mil millones a US$ 38.9 mil millones. Estos beneficios se lograron, sin embargo, a costa del consenso regional de apertura económica, mientras la erosión progresiva de las instituciones argentinas cobraba fuerza y el país perdía credibilidad económica. Este problema se agudizó con el gobierno de Cristina Kirchner con la alteración sistemática de la estadística oficial por el INDEC (que mereció un fuerte llamado de atención por el FMI, la pérdida de autonomía del Banco Central y el debilitamiento de la eficacia de las políticas heterodoxas que, al final, terminaron incrementando el desempleo y la pobreza.


Cuando la señora Kirchner asumió el cargo en el 2007, Argentina ya había superado la emergencia y, por tanto, las condiciones de un liderazgo fuerte (expresado muchas veces en el gobierno por decreto) ya no existían. Pero el estilo y el modelo se mantuvieron como herencia política de Néstor Kirchner.


Así, la desarticulación con el mercado externo continuó afectando al comercio exterior (los impuestos a las exportaciones de carne crearon un fuerte enfrentamiento con “el campo”). Mientras los piqueteros y los sindicatos condicionaban su apoyo, otra gestión familiar (la organización del movimiento de juventudes peronistas La Cámpora, co-organizada por Máximo Kirchner, hijo del matrimonio presidencial) procuró lealtad burocrática al régimen y un cierto apoyo popular.


Ello otorgó soltura confrontacional al nuevo gobierno que tuvo éxito en controlar los mecanismos de nombramiento de jueces y procedió con la distribución discriminatoria de la propaganda oficial, con el ataque a la gran prensa disidente (especialmente los diarios la Nación y Clarín) y con el control de las fuentes de aprovisionamiento de esa industria (el papel) mientras disponía de una ley de medios que si bien se basaba en la prevención de monopolio, se utilizó para coactar la opinión. Como ya se mencionó, se copó también el Banco Central y se persistió en el control del INDEC a pesar de que su estadística era claramente repudiada por los mercados y rechazada por los organismos multilaterales.


Este gobierno tuvo el amparo del Brasil por razones de Estado (el acuerdo de 1985 que aproximó a ambos países que consolidó una asociación estratégica y el control del MERCOSUR cuyo eje es Argentina y Brasil) y por preferencias ideológicas. Sin embargo, las fricciones con Estados Unidos (buena parte de ellas generada por la preferencia de la primera potencia por el Brasil) ayudaron a intensificar la ya densa relación de Argentina con Venezuela.


Así, a pesar de que el MERCOSUR cuenta con una cláusula democrática (el Protocolo de Ushuaia de 1998), Venezuela (cuya calidad democrática sólo se sostenía en los números) se incorporó a ese grupo regional sin perfeccionar su inclusión por la oposición del Congreso paraguayo. Y si Argentina no formó (ni forma) parte del ALBA, la especial relación con Venezuela la hizo muy sensible ella y quizás también más influyente que todos los miembros de esa organización, salvo Cuba.
De esta manera, y alimentada por el particular entendimiento de la “patria grande”, Argentina participó decididamente en el fraccionamiento ideológico de Suramérica y, por tanto, en la consolidación de la quiebra del consenso regional pre-Kirchner. Esa participación se definió mediante la proyección externa de la vieja tradición autárquica peronista (Simonoff).


A pesar de la relación estratégica con Brasil, las fricciones con esa potencia fueron visibles a propósito de la pretensión brasileña de obtener un sitio permanente en el Consejo de Seguridad, de la constitución de la Comunidad Suramericana de Naciones (que Argentina consideró, en apariencia, apresurada, sin mayor fundamento e influida por Brasil y Venezuela) y de las disputas comerciales dentro del MERCOSUR. Ello tuvo un costo en la marcha de esta entidad de integración que no progresó como se esperaba y sufrió el impacto adicional del manejo de la disputa con Uruguay en el caso de las pastera finlandesa. Esta situación, sin embargo, no afectó la concepción de esa entidad como primer escenario de interés argentino y como plataforma de proyección regional (Simonoff).


En el ámbito multilateral, de otro lado, Argentina mantuvo una constructiva participación en tareas de seguridad colectiva (especialmente operaciones de mantenimiento de la paz), de defensa de los derechos humanos y de lucha contra el terrorismo (iniciada previamente por la investigación del atentado iraní contra la AMIA en Buenos Aires). Quizás en ello no hubo mayor diferencia con Estados Unidos (ni con el Perú).


En estas materias las convergencias con el Perú y el resto de la región fueron evidentes y cohesionadas por la solidaridad que el problema de las Malvinas proporciona a Argentina (generando, sin embargo, reacciones desproporciones como el caso del trato a una fragata británica que debía ingresar a puerto en el Perú).


Sin embargo, estas convergencias no fueron suficientes para compensar la fractura regional a la que contribuyó el excesivo alineamiento argentino con la Venezuela chavista y las distorsiones que ello genera.


De otro lado, en el escenario económico, y más allá del problema de la deuda, la diversificación de mercados fue una política que se procuró con relativo éxito (Simonoff) aunque no fue correspondida por una diversificación de la oferta exportable debido a los problemas creados con los inversionistas y exportadores y por la incapacidad de aprovechar la devaluación para matizar la atracción de los altos precios de los commodities que sostuvo la exportación tradicional. Por lo demás, la nacionalización de empresas (o de la participación en ellas) españolas, francesas e inglesas ciertamente no despertó el entusiasmo de la inversión extranjera.


En el agregado, el décimo aniversario de gobierno del matrimonio Kirchner (que podría prolongarse más allá de “la década ganada” como la ha calificado la presidenta argentina) no deja un saldo positivo para la región ni alivia su fractura. Y tampoco impulsa el mejor trato con el Perú a pesar de que las convergencias descritas siguen brindando un piso de cooperación.


 

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