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EDITORIAL

La necesidad de regular multilateralmente y mejor el uso y la gestión del internet y otras innovaciones de las comunicaciones contemporáneas


14 de junio de 2013

Alejandro Deustua


Antes que generar un debate sobre la relación entre vigilancia de las comunicaciones cibernéticas y respeto de la privacidad, la denuncia de un ex -contratista de los servicios de inteligencia norteamericanos sobre la intrusión de éstos en el universo telefónico y de internet ha generado fuertes denuncias sobre esa intervención.


Estas denuncias son ciertamente legítimas por el origen de la intrusión y su inmensa cobertura. Pero también parecen marginar una realidad por todos conocida: el control de la oferta de la comunicación electrónica por unas cuantas empresas, que no están plenamente desligadas del gobierno norteamericano (o de otros), otorga a éstas capacidad incontestable de monitoreo del conjunto de sus clientes (todos los usuarios del internet), mientras que la proliferación usuarios de las redes sociales (también controladas por unas pocas empresas) implica para aquéllos una pérdida de privacidad que es colectivamente aceptada aunque se mantenga la alerta al exceso.


Esta consecuencia de la última revolución tecnológica, que ha incrementado la interrelación entre sujetos de todo tipo, es intrínseca a la naturaleza de la tecnología en cuestión y a patrones de uso que incrementan en los usuarios privados y públicos su grado de exposición. Este resultado no ha sido aún adecuadamente regulado.


Las alternativas razonables a esa realidad –es decir, aquellas que excluyen el aislamiento voluntario de la denominada “comunidad virtual” o la abstención plena del uso de las nuevas herramientas- van desde la auto-restricción en el uso de estos instrumentos hasta el empleo de barreras que son también elaboradas por escasas empresas (y cuya vigencia suele ser bastante efímera y sujetas al ataque incremental de agresores –hackers- generalmente impunes).


En consecuencia, declararse escandalizados por una denuncia que materializa el supuesto colectivo de la intrusión en la red sin proponer nada al respecto es un fenómeno que oscila entre la reacción subliminal tan propia del parapeto que brinda las redes sociales a sus miembros y la psicología de masas que la interacción virtual tiende a generar con impacto social creciente.


Desde que en los años 60 del siglo pasado el gobierno norteamericano participara en los orígenes del internet apoyando trabajos de investigación en un par de universidades, la interacción entre el desarrollo tecnológico y el interés del Estado ha sido confirmada como patrón de progreso. Ese sello no se ha perdido (el gobierno de Estados Unidos hizo de la evolución y difusión del internet una prioridad estratégica en los años 90 uno de cuyos voceros más notorios fue el Vicepresidente Al Gore) aunque los avances posteriores se realizaran principalmente en el ámbito privado.


Desde la perspectiva de la seguridad hoy ese vínculo se ha actualizado a través del programa PRISM en el que participaron –o participan- nueve grandes empresas norteamericanas proveedoras de servicios de internet, administradoras de servidores y agentes de otro tipo de comunicación electrónica (Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Pal Talk, AOL, Skype, You Tube, Apple). Aunque éstas no son todas las empresas del ramo, sí constituyen el núcleo del negocio que, con carácter oligopólico, tiene acceso directo al tráfico de sus clientes.


Lo mismo ha ocurrido en el sector de telefónico. Aunque en este sector la oferta está más diversificada, Verizon es la mayor de Estados Unidos y su cobertura global (quizás con énfasis en Europa) ha sido facilitada por su asociación con Vodafone (otro actor dominante en el mercado).


Fue a estas empresas oligopólicas que la National Security Agency norteamericana contactó para la entrega de macrodata (el registro de las comunicaciones del conjunto de usuarios) con el propósito de facilitar el acceso a comunicaciones sospechosas y el archivo de las demás (que podían ser también investigadas).


La autoridad judicial norteamericana permitió estas prácticas sobre la base de su propia jurisprudencia (que se remonta a 1967 y 1972 cuando se limitó el poder del gobierno a “vigilar” las comunicaciones de sus ciudadanos que, hasta entonces, se realizaba con absoluta arbitrariedad).


Y miembros del Congreso norteamericano han tenido conocimiento de este programa (aunque su actuación legislativa y de control no ha sido plenamente explicada aún) sustentado en legislación pasada durante la denominada “guerra contra el terrorismo” llevada a cabo por la gestión del presidente Bush (en esa época se legisló sobre la materia a través del Patriot Act).


Por lo demás, es claro que el acceso irrestricto a los medios contemporáneos de comunicación ha facilitado –y facilita- la organización y acción terrorista y de otros agentes del crimen transnacional. Y también es evidente que agentes comunes y Estados emplean estos medios para atacar o interferir las comunicaciones de rivales o de blancos de actos delictivos.


En ese contexto, es obligación del Estado vigilar la red más allá de las actividades puntuales de autoprotección puntual que las instituciones públicas y privadas practiquen cada vez más sofisticadamente.
La cuestión no es, por tanto, si la vigilancia de la red se requiere o no sino quién y cómo se realiza.


Sobre la primera cuestión surge el problema de la asimetría de capacidades y la diversidad de funciones (derivada de la división de trabajo): mientras unos pocos generan y controlan la oferta de la tecnología que brinda servicios públicos de telecomunicaciones la inmensa mayoría consume esa tecnología y tiene escasas capacidades de control sobre ésta. Siendo global, este mercado es oligopólico en tanto unos cuantos fijan los precios, establecen los estándares del servicio y los modos de su regulación y control.


Como la distribución tecnológica en el lado de la oferta es escasa será difícil quebrar esos oligopolios mediante segmentada actividad normativa. Pero como la demanda es global, el bien que se consume es de naturaleza pública y los afectados por las intervención en la red son ciudadanos de todo el mundo es legítimo plantear algún tipo de regulación colectiva de estos servicios en el ámbito de la ONU resguardando los derechos individuales y generando legitimidad global en el regulador.


Ésta es una de las tareas pendientes a la que deben contribuir productores y consumidores de la tecnología y del servicio de telecomunicaciones. La otra es procurar cerrar la brecha tecnológica en el área (quizás una utopía) o, alternativamente, promover mecanismos de distribución de esa tecnología con el propósito de que los consumidores de la misma puedan contribuir mejor a la adecuada regulación del servicio consecuente.


En esta tarea estratégica debiéramos empeñarnos en lugar de hacer la épica de un ex –contratista de servicios de inteligencia norteamericanos cuyas intenciones no podemos justificar de antemano.




 

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