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EDITORIAL

Perú: una fiesta democrática y sus peligros

Alejandro Deustua
3 de octubre de 2014

Las elecciones regionales y municipales del próximo domingo en el Perú serán una fiesta democrática que tendrá una dimensión externa.

Ésta proviene, en primer lugar, de la demeritada pero aún vigente cláusula democrática que, en el marco de la Asamblea General de la OEA, dio origen, en 1991, a la Carta Democrática de 2001. Si ésta  estableció  la protección colectiva de la democracia representativa en el sistema interamericano y la naturaleza del bien protegido ha mutado a otras definiciones (hoy incluye, entre otras, a  la democracia participativa, por ejemplo) surge un problema pero no un impedimento: la Carta sigue vigente y, por tanto, la relevancia interamericana de la democracia en cada país miembro también.

Es principalmente en ese marco que participarán 35 observadores internacionales que cumplirán sus funciones en 17 regiones del Perú el próximo domingo. Éstos han sido invitados por el gobierno a iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones.

Pero si éstas serán una fiesta, ella estará cargada de peligros y su dimensión externa trascenderá el  sello de aprobación o desaprobación regional sobre la calidad de la democracia formal peruana medida por su desempeño electoral.

En efecto, por lo menos en dos regiones fronterizas (Puno y Cajamarca) y en dos importantes regiones de la costa (La Libertad y Moquegua) es posible que se elija a candidatos que están legalmente cuestionados (Cecilia Valenzuela, El Comercio). Ello contribuirá a crear obstáculos a la política exterior peruana.

Así, el Sr. Walter Aduviri, candidato al gobierno regional de Puno, no sólo ha incendiado su prontuario con la quema de un local de la SUNAT sino que ha cobijado el contrabando  entre otros actos delictivos nacionales y trasnacionales que forman parte de su patrimonio político.

Es más, el incendio de local la SUNAT no se produjo contra el centralismo limeño sino con la intención de bloquear el esfuerzo de esa institución fiscal del país de disminuir el creciente flujo de contrabando que florece en Puno. En esa región, el contrabando (que hace cinco años evadía alrededor de US$ 600 millones) compromete a Chile y a Bolivia en tanto se ha institucionalizado una corriente de mercaderías fiscalmente incontroladas que tiene su origen en el puerto de Iquique, fluye, dejando grandes ganancias en El Alto de la Paz, y termina en los mercados floridos del Titicaca, como Juliaca. Allí, los pintorescos vendedores ofrecen al por menor desde perfumes y licores franceses hasta las más sofisticadas computadoras a precios de kermés.

Por lo demás, esta actividad es atribuida no sólo a las oportunidades que ofrece la escasa vigilancia policial del área, sino a la aparente “calidad empresarial” de la cultura aymara (tal como antes se atribuía al emprendimiento colombiano en los Estados Unidos el éxito de las mafias del narcotráfico en el mercado norteamericano). Es decir, el contrabando no sólo distorsiona una cultura milenaria en Puno sin que ello no despierta respuesta o malestar encontrando, más bien, cobijo en una mitología local cosida a la medida del delito.

De otro lado, el hermoso altiplano –que algunos sí conocemos- está siendo también corrompido por adalides del “nacionalismo indígena” que tiene como impulsor a partidarios del MAS boliviano –o de sus aliados- y a sus sucursales en el Desaguadero que pretenden o han pretendido la creación de un Estado aymara.

Esta compleja problemática interactúa en Puno con el incremento de las actividades del narcotráfico en tanto la siembra de la coca ilegal ha crecido en San Gabán hasta cerca de mil has según el UNODC. Esa progresión se ha expandido en los últimos cinco años y está ligada con la producción de cocaína que tiene como mercado Brasil y como articulador a  agentes bolivianos en la colocación la droga.

Por lo demás, el crecimiento de la minería ilegal en las cuencas de los ríos Ramis y Suches (afluentes del Titicaca) es manifiesta afectando a las provincias de Sandia y Carabaya (El Comercio). Allí conviven los que confrontan esta actividad ilegal  con su alter ego negociador estimulado por el propósito de disminuir la intensidad del problema. A falta de autoridad suficiente, la corrupción florece y complica  los cauces de ríos que forman parte del escenario limítrofe peruano-boliviano.

La elección del Sr. Aduviri, cuya candidatura debió ser impedida por el Poder judicial o Jurado Nacional de Elecciones, será un problema claro para la relación del Perú con Bolivia fortaleciendo un frente indeseable de la política exterior peruana.

En el caso de Cajamarca, la eventual elección del Sr. Gregorio Santos –hoy día preso- reforzará a las organizaciones pseudo-ambientalistas del área que, con toda seguridad, se harán presentes en la COP 20 como integrantes de la sociedad civil. Este multitudinaria reunión que se realizará en Lima en diciembre próximo y a la que concurrirán unos 15 ó 20 mil visitantes entre oficiales y representantes de ONGs de todos los matices de verde, será una magnífica plataforma para los ambientalistas cajamarquinos y una excusa global para una autoridad que ha violado la ley y enfrentado con la fuerza a su pueblo y a la autoridad.

Bajo este parapeto trasnacional, el Sr. Santos y sus partidarios seguirán lastrando el progreso de Cajamarca (que en el segundo trimestre del año se ha contraído -2.5%) mientras la región, bajo el influjo de Santos se da el lujo de parar la inversión de US$ 4500 millones del proyecto Conga mientras el stock ha caído -55% en relación al 2012.

No es extraño entonces que la inversión minera en Cajamarca represente hoy sólo 5.3% del total cuando en el 2011 y 2012 era equivalente a un rango de entre 15% y 19% de ese total  según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Gestión). En este marco de conflicto social inducido por el Sr. Santos y sus partidarios, los proyectos auríferos de Chupaca y Shahuido por un total US$ 580 millones tampoco verán la luz en el futuro próximo.

Éste no es sólo un problema de orden interno sino que afecta la política exterior en tanto uno de sus instrumentos para contribuir a dinamizar la economía y generar desarrollo es la promoción de inversiones. Como puede entenderse, la seria complicación de un escenario minero atractivo para la inversión extranjera tiene un efecto negativo para un país minero que escapa a los linderos cajamarquinos y crea un mal ambiente empresarial y social en el resto del Perú con el consecuente deterioro de la percepción externa.

De otro lado, en La Libertad, una región que crecía rápidamente, el crimen organizado trata de imponer su ley sin mayor resistencia de las autoridades locales. El resultado es hoy una contracción regional de -1% en un contexto de gran inseguridad y violencia social y política.

Este escenario es apropiado para el arraigo de los carteles mexicanos (que ya han llegado con su inmenso poder de corrupción) y que obviamente no buscan hacer negocios comunes con una población expandida y de mayor adquisitivo sino sacar droga del interior del país.

Si para ello emplean las pequeñas caletas de la costa norte, la modernización del puerto de Paita en Piura (el origen de la ruta multimodal bioecánica del Amazonas que avanza en el marco del proyecto IIRSA) les será de gran provecho si las autoridades no adoptan las medidas preventivas. Éstas están podrán ser inhibidas por algunos delincuentes camuflados que hoy hacen campaña y que el domingo quizás habrán triunfado.

Y en Moquegua, un candidato que encabezó una sublevación que confrontó a la Policía Nacional y logró la salida de altos mandos, puede ganar este domingo poniendo en riesgo la aplicación del Protocolo Complementario de los acuerdos de Ilo de 1992 suscrito con Bolivia. Si ese acuerdo no ha sido aplicado por incapacidad de gestión boliviana, hoy podría ser bloqueado por el ambiente insurreccional que un candidato puede imponer en ese puerto del sur peruano agravando contextualmente los excesos en que incurrió el Protocolo original. Obviamente, esta eventualidad también constituye un problema de política exterior.

Y lo es no sólo de carácter bilateral sino institucional en tanto la Cancillería cuenta con “oficinas desconcentradas” en Piura, Cajamarca y Puno (además de Cusco, Tacna, Arequipa, Tacna) cuyo propósito es mejorar la inserción de esas localidades en la economía regional y mundial además de promover el turismo, las inversiones y la oferta exportable en un contexto de integración fronteriza. Estas tareas se complicarán si los candidatos referidos –u otros de su misma calaña-son electos pasado mañana.

 

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