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EDITORIAL

EL TERRORISMO EN EL SECTOR EDUCACIÓN

Alejandro Deustua
31 de Agosto de 2017

Desde que Sendero Luminoso hizo su sangrienta aparición en 1980, la neutralización de esa letal amenaza requirió del esfuerzo de una generación completa mientras se llevaba de encuentro alrededor de 70 mil vidas.

Luego huestes senderistas, ya viviendo del narcotráfico, fueron eliminadas en el Huallaga y arrinconadas en el VRAEM (Valles del Río Apurímac, Ene y Mantaro) donde, sin embargo, continúan agrediendo a las Fuerzas Armadas y promoviendo el cultivo de coca en la zona.

Ese enemigo debió ser aniquilado hace un buen tiempo, pero la discontinuidad en el esfuerzo, el cuidado extremo para no enajenar a la población civil y la corrupción institucional han impedido la satisfacción plena de ese interés nacional.

Hoy, en el marco de la huelga de maestros, esa amenaza se ha evidenciado nuevamente monstruosa desde el Cuzco hasta Lima.

En efecto, el brazo político de Sendero Luminoso, el Movimiento para la Amnistía y los Derechos Fundamentales (MOVADEF) ha hecho presencia multitudinaria en ese paro mostrándose como un pilar de las marchas y como integrante del SUTEP (en el marco del CONARE que dice controlar 6% del gremio y más de medio millón de alumnos según Marco Sifuentes).

Esta entidad, que algunos definen como Sendero Luminoso mismo ejerciendo funciones de erosión de las bases del Estado y de la sociedad, ha participado también en otro tipo de huelgas y de movimientos reivindicativos (p.e. en Cajamarca contra las concesiones mineras) y practicado una agenda de acciones sediciosas.

Si en el 2015 contaba con 2500 miembros activos y con presencia en algunos movimientos estudiantiles de muy importantes universidades públicas como San Marcos y la UNI, ahora según el Vice-Ministro del Interior, cuenta con 4819 adherentes sólo en el SUTEP que sigue ocupando el centro de Lima y su periferia en estos días.

Si es cierto que la amenaza que representa el MOVADEF es distinta según sus miembros sean infiltrados, elementos movilizables o cuadros activos del SUTEP, el hecho es que por su ideología, su identificación con Abimael Guzmán y Sendero y el tipo de acciones violentas que patrocina o está dispuesto a patrocinar es un claro enemigo del Estado y la sociedad.

En ese marco, la discusión sobre si el JNE debe o no abrirle las puertas para convertirse en partido político no resta un ápice a la amenaza actual. Especialmente si está financiado por fuentes senderistas y del narcotráfico ya entramadas.

En cuanto tal, corresponde a las fuerzas de seguridad combatirlas.

Pero cuando el MOVADEF se incorpora al mayor sindicato de profesores del sector público y se le encarga la formación de la juventud y niñez peruanas, esa actividad adquiere una dimensión criminal superior y la amenaza, una letalidad máxima.

Sabiéndolo, corresponde al Ministerio de Educación separar a esos delincuentes del ámbito educativo y al Ministerio Público y al Poder Judicial tomar las medidas del caso.

Si desde octubre del 2016 una norma reciente ha dispuesto que los sentenciados por corrupción están impedidos de trabajar para el Estado durante 20 años por lo menos (la denominada “ley de muerte civil”), ¿cómo es que los que hacen apología del terrorismo o se asocian con él y tienen intención de practicar sus métodos y, eventualmente, contribuir a la toma del poder pueden marchar por las principales calles de Lima ejerciendo el derecho a huelga que no les corresponde?

No se requiere especial capacidad prospectiva para avizorar que el MOVADEF suelto en plaza tendrá un extraordinario efecto multiplicador en las juventudes y en los postergados con capacidad de revivir la décadas más sangrientas que ha vivido el Perú hasta hace apenas unos años.

Las consecuencias internacionales de esa eventualidad, cuando el terrorismo ha acentuado su carácter global, son letales para el Estado. En consecuencia, es obligación de éste neutralizar ese movimiento y empezar por sustraerlo del espacio de vida y progreso de los muy esforzados estudiantes peruanos.

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