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EDITORIAL

UNA NUEVA REELECCIÓN EN BOLIVIA Y UN FALLO DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

Alejandro Deustua
28 de setiembre de 2017

Habiendo culminado en La Haya la fase escrita del proceso de solución de la controversia boliviano-chilena, se puede esperar que, luego de la fase oral, la Corte internacional de Justicia dicte sentencia en algún momento del 2018.

Si la Corte sentencia a favor de la parte boliviana sobre la eventual obligación chilena de negociar una salida al mar de aquel país mediterráneo (algo factible hoy a pesar de la evidencia de múltiples negociaciones ya realizadas al respecto), el impacto político de esa sentencia será extraordinario para Evo Morales.

Y lo será porque Morales pretende reelegirse nuevamente en el 2019 utilizando todos los recursos, incluyendo el de la demanda en cuestión.

En esta oportunidad el presidente boliviano y sus partidarios pretenden que el Tribunal Constitucional de su país declare que la Constitución, urdida por el propio Morales y aprobada por referéndum el 2009, sea modificada y que se defienda el “derechos humano” de elegir como se quiera (lo que en interpretación del presidente boliviano implica reelección sin término, no el simple derecho a postular). De ser electo nuevamente (las encuestas juegan hoy en contra) Morales gobernaría durante un cuarto período de 2020 a 2025.

Este recurso increíble está siendo planteado con la misma desfachatez que en el 2009 cuando Morales logró que las autoridades judiciales declararan que, a pesar de haber sido electo por primera vez en el 2006, podía considerar como inaugural su nueva elección porque ésta se enmarcaba en una nueva Carta Magna.

Ello le permitió a Morales consolidar una elección consecutiva adicional, amparado en el artículo 168 de la Constitución boliviana, sin contar los años de gobierno que corrieron a partir del 2006.

La voracidad de poder del gobernante, que ha usado el referéndum de manera sistemática para lograr la aprobación de decisiones que de otra manera no habría progresado (un instrumento practicado al alimón con el expresidente Chávez en Venezuela), lo ha llevado a plantear esta vez una doble ilegalidad. Primero intentar vulnerar la Constitución que él mismo ha inspirado. Segundo: hacer caso omiso del referéndum del 2016 convocado por él para auspiciar la reelección y que le resultó adverso en 51%.

En tanto Morales considera que la ley es sólo un instrumento de legitimar la arbitrariedad, ahora recurre al Tribunal Constitucional de su país no sólo para que éste brinde una interpretación manoseada de la norma (que sólo permite una reelección continua) sino para que éste teja, con extraordinaria hipocresía, un manto humanitario reeleccionista elaborado a la medida del gobernante.

Aunque la Corte Internacional de Justicia fallará de “puro derecho” la controversia con Chile, las torvas maneras y propósitos políticos del presidente boliviano harán de ese fallo un instrumento que se utilizará contra el Estado boliviano uno de cuyas aspiraciones o derechos esa Corte buscara proteger.

De esa manera, las aspiraciones marítima bolivianas, que en diferentes épocas han buscado la tutela de las más altas autoridades políticas y jurisdiccionales del sistema internacional, se tornarán en el mejor de los casos en una negociación sin resultado cierto mientras que Morales logra un tangible logro: perpetuarse en el poder.

Para no prestarse a tamaña manipulación de su fuero, la Corte Internacional de Justicia podría considerar la posibilidad de postergar su fallo hasta después de las nuevas elecciones bolivianas en la esperanza de que en ellas no pueda presentarse el presidente manipulador.

De lo contario, todas las prevenciones de autonomía judicial de esa institución internacional podrán ser empleadas ya no para resolver sobre un caso sobre el que la historia registra varias negociaciones bilaterales, sino para satisfacer la ambición de un gobernante de incremental vocación autoritaria y legitimar, de paso, una coalición de la misma calaña (Morales mantiene extraordinarios intereses coincidentes con el régimen venezolano) en América del Sur.

A manera de colofón diremos que bien harían Estados desarrollados que permiten reelecciones indefinidas, limitarlas (como los hizo Estados Unidos a propósito de la experiencia de Franklin Roosevelt) en beneficio de sus propios ciudadanos y de la comunidad internacional que no tendría que atestiguar el escándalo de que la realidad electoral de esos Estados democráticos sea tomada como pretexto para renovar, en el siglo XXI, la justificación del autoritarismo tradicional en América Latina.

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