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POLITICA

"Hipoteca" de largo plazo

El intento boliviano de iniciar nuevamente el proceso que resuelva el problema de su mediterraneidad debe encontrar un cauce organizador. A ello no contribuyen, sin embargo, las circunstancias de crisis interna en que se presenta el caso ni la sensación de urgencia con que lo proyecta la autoridad boliviana.

Es más, ello convoca la ambigüedad y ésta a la reticencia de las partes si la exhortación sensata (la solicitud del presidente Mesa de abrir un período de reflexión con Chile) es erosionada por posturas radicales (el requerimiento de revisar el tratado boliviano-chileno de 1904 que atenta contra la norma básica por el que se rigen los interlocutores: el fiel cumplimiento de los tratados). Bajo estos términos, el resultado puede ser un estéril debate sobre los principios involucrados y el empantanamiento del pedido boliviano.

Como ejemplo, allí está la alusión del presidente Lagos a que Bolivia se entienda primero con el Perú (lo que no es una mala idea), la reacción de las dos cámaras del Legislativo chileno apoyando al gobierno en el marco del llamado a una posición vigorosa frente al reclamo y el anuncio de indisposición eventual al diálogo si Bolivia insiste en "internacionalizar" el problema (como probablemente va a ocurrir en la inminente Cumbre de las Américas de Monterrey).

Ello puede revertir aún más peligrosamente contra el gobierno boliviano al frustrarse las expectativas estimuladas por las fuerzas irracionales que motivaron la crisis y que un sector de la autoridad del vecino está retroalimentando. El interés permanente de Bolivia de acceso marítimo puede ser neutralizado por acciones y planteamiento bolivianos motivados exclusivamente en la situación interna (es decir, en el corto plazo). De allí que el vicecanciller de ese país, Jorge Gumucio, esté invocando paciencia y tranquilidad a través de la prensa de su país y tratando de formar conciencia de la necesidad de desarrollar un proceso de largo plazo.

Pero eso no basta para el trato serio del problema. Si bien el gobierno boliviano está intentando organizar las bases locales de la futura negociación sobre mecanismos institucionales que reflejen un grado de cohesión nacional (la comisión de ex cancilleres, por ejemplo), no parece poder hacer nada para sustraer de los liderazgos irracionales la causa marítima que éstos (cocaleros e indigenistas) han expropiado al Estado boliviano. Y tampoco para contener las fuerzas centrífugas que éstos desean desatar. Peor aún, el propio presidente Mesa, sin quererlo, ha contribuido a incrementar la influencia irracional al calificar el problema de la mediterraneidad como desestabilizador regional haciendo alusión a aquellas fuerzas cuyos liderazgos -de legalidad poco transparente- desean la toma del poder por cualquier medio antes que lograr el resarcimiento de la frustración mediterránea.

El gobierno boliviano se mostrará como un interlocutor serio -es decir, menos urgido por la emergencia interna- en tanto empiece a solucionar primero las tres fracturas que el presidente Mesa ha anunciado: el quiebre de la relación Estado-sociedad al haber fracasado el sistema de partidos, el quiebre del estado de derecho al inhibirse seriamente la aplicación de la ley (especialmente en el caso del narcotráfico) y la quiebra "técnica" de la economía que, con un déficit fiscal de 8% y una intensa dependencia de la cooperación internacional, ha devenido en insustentable.

Y para llegar a una negociación seria, Bolivia y Chile deben considerar no sólo la buena voluntad, sino los intereses del Perú: el fomento de la unidad económica entre Tacna y Arica (que es histórica), la viabilidad de los proyectos de integración fronteriza (incluyendo la peruano-chilena), la protección de los derechos nacionales en la ex provincia de Tarapacá cuando se trate de cesión de territorios o de infraestructura férrea y la indisposición a innovar, con terceros actores, el altiplano peruano-boliviano. Para ello, el escenario de integración de la macrorregión sur del Perú, el occidente boliviano y el norte de Chile es fundamental. El presidente Mesa lo sabe (y hasta lo ha dicho).

(ADC)
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