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EDITORIAL

La dictadura venezolana recurre a la farsa electoral y la reacción colectiva es insuficiente

Alejandro Deustua
25 de mayo de 2018

La farsa electoral con la que, el 20 de mayo, Maduro ha querido disfrazar su dictadura sólo la hecho más evidente y ha ampliado el aislamiento de ese régimen destructor de instituciones y ciudadanos.

En efecto, no sólo la total carencia de legalidad del festival chavista, ejecutado a contramano de los estándares mínimos de una elección decente, ha ahondado su total control sobre instituciones y de una sociedad extraordinariamente violentada, sino que el abuso ha pasado por encima de la protesta de la gran mayoría de la comunidad internacional.

Por tanto, si hasta la fecha sólo los países del ALBA, un par de grandes potencias y un número menguante de países del Medio Oriente, del Caribe y del África han reconocido al dictador, la pregunta relevante es cuánto tiempo más podrá Maduro mantenerse en el poder.

Extrañamente la respuesta no es fácil de organizar. No sólo porque la oposición interna sigue sin lograr organización suficiente sino porque la calidad del impertérrito apoyo externo supera a su escaso volumen.

Ello ocurre, primero, porque Maduro cuenta con el reconocimiento de dos grandes potencias emergentes (China y Rusia) cuyo interés geopolítico en la Venezuela anti-liberal, situada en el sur de la cuenca del Caribe, en el norte suramericano y en el primer perímetro de seguridad norteamericano es valorado por ellas bien por encima de su riqueza petrolera.

Segundo, porque la vinculación con Cuba se ha profundizado al punto de que la isla quizás desee mostrarse al mundo como una potencia que, aún sin los Castro, sigue exhibiendo un imbatible control de las instancias de seguridad de un vecino estratégico.

Tercero, porque el reconocimiento brindado al dictador por los países de Petrocaribe refleja cuán difícil es para ellos zafarse del beneficio energético con que los ha atrapado Venezuela evidenciando que, aún en condiciones pauperizadas, la dictadura de Maduro puede ejercer una influencia determinante en la cuenca (especialmente con precios petrolero al alza bordeando los US$ 80 por barril de los que disfruta el presupuesto venezolano y PDVSA a pesar de su extraordinario desmanejo).

Cuarto, porque Estados de vocación hegemónica en el Medio Oriente en pleno dilema nuclear (Irán) y Estado fallidos en el área que han logrado mantener su dirigencia tradicional (Siria) recurriendo a potencias extra –regionales innovadoras del balance de poder en la zona (Rusia) o que albergan las expectativas de grandes mayorías árabes victimizadas (Palestina), le prestan el aliento de los partidarios del conflicto permanente.

Quinto, porque gobernantes que se aferran al autoritarismo bolivariano (los países del ALBA) le brindan apoyo político en bloque fundado en alineamiento ideológico pero también en la convicción de que de caer Maduro probablemente caerían ellos si no cuaja una nueva emergencia socialista en el continente (en México o Colombia).

Y luego están los menos poderosos pero influyentes miembros de la Asamblea General de la ONU (Argelia) y algunos advenedizos con intereses singulares en centro de África atlántica (Gabón, Mali) en un contexto de erosión democrática en el mundo según los índices pertinentes.

Por ello era necesario que los países del Grupo de Lima tomaran acciones más decididas de lo que han anunciado en su Declaración reactiva a la farsa venezolana. Si bien éstas denotan un gran avance en el diseño de un instrumental eventualmente coercitivo (especialmente en el ámbito financiero) que contrasta con las principistas y diplomáticas declaraciones previas, éstas se anuncian recién en fase de coordinación mientras que la cooperación para atenuar la crisis de salud pública y de mitigación la explosión migratoria venezolana parecen iniciales (no hay mención sobre la crisis alimentaria).

Por lo demás, las medidas meramente diplomáticas parecen marginales mientras no se las convoque en el ámbito global.

Y si es verdad que, en el ámbito hemisférico, un nuevo intento de aplicación de la Carta Democrática a Venezuela que implique su eventual suspensión del sistema interamericano es indispensable, los miembros del Grupo de Lima deberían estar orientando sus esfuerzos a atraer los votos de los caribeños ofreciendo beneficios financieros, comerciales y políticos que, de alguna manera, compensen el beneficio energético que ofrece el dictador.

Mientras tanto, la medida sobre reducción del nivel de relación diplomática con Venezuela por los miembros del Grupo de Lima es una redundancia que no hará cosquillas en el duro cuero chavista.

Tanto que Maduro hasta se ha dado el lujo de tomar la iniciativa al respecto expulsando al Encargado de Negocios norteamericano mientras que el Perú apenas ha llamado la atención del funcionario a cargo de la Misión caraqueña en Lima luego de haber expulsado al Embajador venezolano el año pasado sin mayores consecuencias.

Mucho más eficaz parece la disposición de los integrantes del Grupo de Lima para sugerir al sistema financiero, de manera políticamente influyente, que otorgar créditos a Venezuela tiene un alto riesgo. Sin embargo, los bancos ya lo saben considerando la catastrófica situación económica venezolana. Más eficiente hubiera sido intentar la misma gestión con acreedores mayores de Venezuela, como China por ejemplo, que tiene fuertes intereses en América Latina.

En todo caso, incrementar esa presión en el ámbito de los organismos financieros multilaterales sí puede tener algún efecto demostrativo. Por ello hubiera sido importante convocar al respecto a los socios mayores de esos organismos o, si fuera el caso, sumarse a la presión que éstos ya pudieran estar realizando.

Igual ocurre con el incremento de las acciones de inteligencia financiera. Pero habría sido mejor especificar que el objeto de la misma –el lavado de activos por autoridades venezolanas- sería castigado en todos los países del Grupo de Lima, especialmente en el caso del narcotráfico que tiene origen bien conocido entre los miembros de ese grupo.

Por lo demás, es interesante constatar que esa agrupación ha dejado de lado la disposición coercitiva en los ámbitos comercial y energético. ¿Están sus integrantes dispuestos a arriesgar el escaso flujo comercial con el gobierno del dictador? Y los que importan petróleo venezolano, como Estados Unidos, bien podrían evitar por lo menos seguir batiendo récords de compra del hidrocarburo como ha ocurrido a principios de año.

Finalmente, una eventual denuncia de Maduro ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad –como lo es la determinación de la hambruna de todo un pueblo- no ha merecido una consideración siquiera.

De no afilar sus herramientas contra el régimen de Maduro, no es impensable que los integrantes del Grupo de Lima continúen conviviendo precariamente con él.


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