Alejandro Deustua
21 de feb de 2006
22 de febrero de 2006
Mientras el narcotráfico se incrementa en Bolivia (el decomiso de drogas en el último mes y medio es 4 veces mayor al realizado a principios del 2005) y se amplían los cocales ilegales en Perú (las 50 mil has. sembradas se incrementan con nuevos cultivos y mayor productividad), la nueva realidad política boliviana induce aproximaciones más benignas al problema de la coca en ese país.
Así mientras Estados Unidos se esfuerza por no confrontar al gobierno de Evo Morales, la Unión Europea financia nuevos estudios de la demanda legal de la hoja, la Secretaría General de la CAN ofrece su pleno apoyo a la aún inasible política de “coca sí, narcotráfico no” del presidente Evo Morales.
Es evidente que los inmensos cambios de la realidad política boliviana y la necesidad de que éstos progresen hacia la estabilidad y cohesión internas y amortiguen su incidencia externa requieren de comprensión y de colaboración que atenúe su vulnerabilidad.
Pero esa actitud de cautela y buena voluntad no puede evolucionar hacia el aval de una política de drogas que, dentro de su ambigüedad actual (la reticiencia a la erradicación, el relajamiento del control estatal, el incremento del “control social” por los gremios cocaleros de los que el señor Morales insiste en ser dirigente) no parece bien orientada (intenta una “depenalización” que apunta a legalizar mayores áreas ilegales que hoy tienen en el “cato” -1600 m2- por familia el germen de la siembra indiscriminada).
Y menos cuando la inmensa mayoría de las 29 mil has. de sembríos bolivianos se orientan hacia el narcotráfico cuyo mercado es hoy crecientemente vecinal (el caso brasileño) incrementando la inseguridad andina y amazónica.
Lamentablemente, la Secretaría General de la CAN ha ofrecido apoyo inmatizado al gobierno del señor Morales para obtener el retiro de la coca de la lista 1 de la Convención Única sobre Estupefaciente de 1961, que reclama -salvaguardando los usos medicinales-, la fiscalización estatal y erradicación de la coca ilegal. A ello ha añadido apoyo para la exploración de usos alternativos y de mercados para ese producto.
Lamentablemente lo ha hecho sin tener en cuenta que la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes de 1988 permite el cultivo de la coca que esté ligada a los usos tradicionales y sin percatarse que su acción se orienta a la cancelación de la erradicación como instrumento de control estatal y al debilitamiento consecuente de la interdicción.
Es posible que la Secretaría General de la CAN interprete que esta acción está en línea con las decisiones que tratan la materia desde la perspectiva “suave” del desarrollo alternativo y el control de insumos. Pero ciertamente se ha olvidado de que esos instrumentos son incapaces de lidiar con la amenaza del narcotráfico sin los componentes “duros” de la erradicación y de la interdicción.
Al hacerlo ha cometido un error que debe ser corregido. Especialmente si la opinión conjunta de los miembros de la CAN no ha sido expresada al respecto públicamente.
El apoyo a Bolivia no puede confundirse con el aval andino a políticas sobre drogas que están fuertemente influidas por los gremios cocaleros que brindan sustento político al gobierno del señor Morales. Y menos cuando ese aval puede trasladarse al resto de la subregión. A menos que se haya decidido dar por perdida la lucha contra el narcotráfico.