Alejandro Deustua
21 de ago de 2009
En momentos de crisis económica y caída general de las exportaciones (especialmente de las primarias) los mercados regionales adquieren una dimensión estratégica superior. En Suramérica, sin embargo la fragmentación de ese mercado se ha incrementado.
En efecto, no contento con haber promovido la división política e impulsado el antagonismo en el proceso de reinserción externa de ciertos países de la región, el gobierno de Hugo Chávez se esmera ahora en debilitar uno de los polos comerciales más dinámicos del área: el colombiano-venezolano que sólo es superado por al argentino-brasileño. Los elementos recurrentes de esa fragmentación, de todos conocida, se ha incorporado ya en el discurso oficial peruano a propósito de la inauguración de una reunión del Parlamento Andino.
Para impedir que esa dinámica desintegradora se siga expandiendo, el Perú, que acaba de asumir la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina se ha propuesto actuar en función del mínimo común múltiplo. Las propuestas consecuentes son sencillas: de un lado, concentrar la atención de los gobiernos andinos en el fortalecimiento de la infraestructura común y en esfuerzos de inclusión social y, del otro, favorecer el consenso decisorio en la CAN.
Este par de propuestas debiera contribuir a minimizar la hostilidad ideológica en la subregión generando acción común concreta. Pero ello será más factible en el ámbito de los programas de integración física y del desarrollo adicional de los convenios sociales de los que ya está dotada la CAN. Especialmente si los mayores proyectos de integración física (IIRSA) son ahora de interés regional y, en consecuencia, tienen, en teoría, respaldo pleno en Suramérica. La condición para que ello ocurra es que la ideología no se haya traducido totalmente en antagonismo geopolítico (y no poco de ese traslado ha ocurrido ya).
Algo más complejo, sin embargo, será el intento de ganar cohesión y flexibilidad en el proceso decisorio andino postergando la decisión por mayoría en función del consenso. Especialmente si la norma andina vigente dispone que las decisiones se adopten por mayoría absoluta mientras que cuestiones más sensibles se aprueban por mayoría absoluta sin voto en contra.
Las decisiones por mayoría absoluta permiten evitar el bloqueo por un Estado favoreciendo al conjunto aún cuando no se pueda eliminar las consecuencias propias del conflicto de intereses. Las decisiones por mayoría absoluta sin voto en contra aseguran que la decisión de la mayoría de los miembros no perjudique los intereses de la minoría en ciertos temas sensibles. Este mecanismo es especialmente importante en grupos antagónicos como el andino contemporáneo.
Por lo demás si del ámbito de cuestiones que deben decidirse por mayoría sin voto en contra se ha sustraído decisiones que no deben admitir bloqueos minoritarios (por ejemplo, la negociación de acuerdos de libre comercio), el ejercicio del consenso ya debiera ser la práctica común en la CAN. Su adecuada gestión evitaría que el Estado perjudicado se convierta en obstáculo manifiesto y, por consiguiente, en resentido participante.
Si se elimina esa norma en búsqueda de un cierto consenso que brinde mayor (y dudosa) cohesión a la CAN, el privilegio de aquel objetivo se obtendría a costa de los intereses de los que deseen avanzar más rápido en ciertos procesos (lo contrario de lo que hoy ocurre en la negociación con la Unión Europea). En un grupo tan disperso y antagónico como el andino ello agregaría frustración insuperable al mismo.
Si la realidad andina obliga hoy atender prioritariamente asuntos infraestructurales de interés común (que, si son bien conducidos, incrementarán la competitividad subregional) no debe debilitarse más la capacidad de realización de los intereses primarios de los Estados liberales miembros de la CAN en función de un consenso insustentable cuyo recurso prudente, por lo demás, ya está normado.