Alejandro Deustua
5 de ene de 2006
6 de enero de 2006
Como siempre, pero especialmente durante los procesos contenciosos –como los electorales-, el cálculo político suele ser referido como equivalente de lo sensato. Por ello lo sensato difiere muchas veces de lo objetivo especialmente cuando lo objetivo es, en esos escenarios, más difícil de determinar. Pero si la dificultad es sólo un asunto de grado, ésta es superable y, por tanto, lo objetivo es siempre determinable. Y en el caso del aval que el Presidente Hugo Chávez brindó en Caracas al candidato Ollanta Humala lo objetivo es que hubo en ese hecho injerencia en asuntos internos del Perú.
Si la injerencia inmaterial se define como la acción por la cual se propone alterar, desde fuera, los términos de la convivencia en una sociedad o modificar las variables de su identidad política o los parámetros por los que ésta se rige, el reconocimiento del señor Humala por el señor Chávez como el agente que procurará el “rescate de la soberanía en el Perú” y logrará, enarbolando el “nacionalismo”, la fundación de una nueva república en nuestro país es una apelación clara a que ello ocurra. Es más su invocación a que ese suceso se inspire en ciertas personalidades, como la del General Velasco, no sólo califica la intromisión sino que la hace aún más evidente. Especialmente en circunstancias en que el país vive un complejo proceso electoral.
Por ello el reconocimiento que la Cancillería hace del hecho es una muestra de sensatez y corresponde a lo objetivo y manifiesto. Para los apasionados de las formas diplomáticas lo pertinente debería ser, en consecuencia, preguntarse por la dimensión de la respuesta antes que reclamar inacción al respecto. Y para evaluar adecuadamente la respuesta –el llamado a consultas del Embajador del Perú en Caracas- debe tomarse en cuenta tanto el hecho evidente de la injerencia como su proyección y contexto.
Como la proyección del aval del señor Chávez se ambienta en la intención de su gobierno de contribuir a cambiar el orden interno de ciertos países bajo la inspiración bolivariana y de alterar adicionalmente la organización regional bajo los términos de la alianza cubano-venezolana, la reacción de la Cancillería del Perú no sólo es apropiada sino que debe ser origen de iniciativas adicionales. Éstas deben orientarse a contener el revisionismo antiliberal que propone para la región el estatismo autoritario (el caso venezolano) o totalitario (de inspiración cubana) del señor Chávez.
Teniendo en cuenta que el gobierno venezolano, aún sustentado por una mayoría ciudadana, ha erradicado la democracia representativa en su país, que ha concentrado el poder al punto de eliminar los contrapesos que definen a la democracia republicana, que la oposición es hostigada y denostada (más allá de los errores políticos de ésta que han resultado en su fragmentación) y que ciertas libertades fundamentales (como las de expresión) no son adecuadamente protegidas, resulta bastante claro que el regimen “democrático-participativo” venezolano es esencialmente autoritario.
Y si se considera que, más allá de cualquier preferencia, la democarcia representativa ha sido establecida como el quid pro quo del régimen interamericano y del ordenamiento interno de sus miembros –y por tanto, como fundamento de su Estado de derecho, de su desarrollo y de su gobernabilidad-, parece claro que el gobierno de Venezuela se ha alejado de esta norma general consagrada en la Carta Democrática de la OEA suscrita colectivamente el 2001.
Y como Venezuela no es la excepción en el incumplimiento de las normas de ese régimen (la Carta no se aplica últimamente para evaluar o sancionar derrocamientos de gobernantes –el caso de Ecuador- o su forzada renuncia –el caso de Bolivia-), la iniciativa peruana podría complementarse sustancialmente con el llamado a discutir el quiebre del régimen interamericano tanto en el foro que lo funda –la OEA- como en los ámbito donde el cumplimiento de la “claúsula democrática” es condición de pertenencia (la Can, el Mercosur y la Comunidad Suramericana de Naciones).
Quizás entonces algunos miembros desearán exponer la excepcionalidad de sus circunstancias, otros reiterar su afiliación a lo pactado y otros hasta proponer su alejamiento del sistema. Este ejercicio sería fundamental, entre otras cosas, para clarificar cuáles son las condiciones para el acceso de los movimientos extrapartidarios al poder entre los miembros del régimen, para inhibir el intervencionismo antidemocrático como el que ahora ejerce Venezuela y para determinar cuál es el rumbo actual del sistema hemisférico.
La oportunidad sería todavía más propicia a la luz del cambio estructural en la región (la proliferación de polos de poder) y la modificación progresiva de su valencia política (la denominada “izquierdización”). En el primer caso, jalonado por manifiestas fuerzas de fragmentación que generan condiciones para la aparcición de una nueva “anarquía”regional, el polo emergente más resaltante es la alianza cubano-venezolana.
La importancia de la misma –a la que acaba de afiliarse, en principio, el presidente electo de Bolivia- está marcada por el poder “duro” (el militar) y el “suave” (el económico, ideológico y el que impulsa a los “cooperantes”) de ambas potencias. La relevancia de ese núcleo está también signada por su naturaleza autoritaria-totalitaria que difiere del conjunto regional y por su fuerte proclividad antinorteamericana –que constituye la expresión más radical de esta expresión en la región-.
Una evaluación colectiva de esta nueva fenomenología latinoamericana permitiría definir cuál es la intensidad de la polaridad autoritaria en relación a la liberal en la región y, por tanto, establecer mejor el grado de desafiliación de los principios y valores (p.e. democracia representativa, libre mercado) que hasta hoy regían a la mayoría de sus miembros.
Este esfuerzo no sólo sería sensato si no que que podría aclarar las condiciaciones objetivas de la mutación política suramericana. Comportamientos intrusivos como el del señor Chávez serían entonces más evidentes para todos y los Estados que persistan en guiarse por los principios de la democracia representativa y del libre mercado podrían defenderse y desarrollarse mejor.