Alejandro Deustua
30 de dic de 2004
A pesar de la buena marcha de su economía, Estados Unidos confronta una crisis política y de seguridad múltiple. En un contexto de guerra contra el terrorismo (en realidad contra grupos y Estados que amparan terroristas) y de una campaña electoral especialmente virulenta, la superpotencia atraviesa el peor momento de la campaña iraquí, discute abiertamente las debilidades de su sistema de inteligencia y no logra recuperarse de los problemas de credibilidad derivados de la falta de éxito en la búsqueda de armas de destrucción masiva (el casus beli en la ofensiva que derrumbó a Hussein).
Bajo estas condiciones, cualquier otra potencia hubiera sucumbido. Si ello no ocurre con Estados Unidos se debe a que la superpotencia tiene una incomparable capacidad de poder, porque se trata de una democracia extraordinariamente flexible y, aunque se diga lo contrario, cuenta con un considerable número de aliados que tienen claro que el fracaso norteamericano conduce a una desestabilización regional (en el Medio Oriente) y global de proporciones sistémicas.
Estas razones no eluden, sin embargo, el hecho singularísimo de que la superpotencia en un mundo supuestamente unipolar no logre transformar su capacidad de poder en resultados más rápidos y menos costosos en el escenario iraquí. Y al no lograrlo, el prestigio norteamericano y los factores de su influencia (lo que Nye llama "soft power") se van erosionando. La autolimitación en el uso de la fuerza militar, cuyas consecuencias ya se vieron en Corea y Viet Nam, por razones estratégicas (la idea es redefinir el escenario medioriental, no destruirlo con miras a la solución del conflicto palestino-israelí), políticas (la necesidad de mantener la cohesión de los aliados, de los países árabes amigos como Egipto y de la propia ciudadanía americana) y morales (a pesar de la brutalidad de la guerra, Estados Unidos, como potencia liberal, no puede permitirse el uso de tácticas propias de potencias totalitarias), tiene un alto costo de ineficacia. Ello sin contar un planeamiento de la "post-guerra" (luego de la toma de Bagdad y de la caída de Hussein) sumamente defectuoso.
Este conjunto de debilidades, estimula al contrincante terrorista, a las facciones sunitas y chiitas beligerantes y también a algunas potencias que ven el temporal entrampamiento norteamericano como una ventaja estratégica. En tanto que estos últimos no son potencias occidentales, y los primeros son agresores de proyección extrarregional y global, son eventuales desafiantes de un bloque occidental ahora vulnerable y dividido en el centro y en la periferia.
Por ello es que las potencias latinoamericanas que creen estar alejadas de los centros de conflicto deben procurar apoyar a la Coalición multinacional. Ello debería hacerse con el aporte de tropas. Pero si esta propuesta resultase impracticable o divisiva internamente, bien podríamos los latinoamericanos estimular una resolución del Consejo de Seguridad que incremente la autoridad de la ONU que ya participa en el terreno en la pacificación iraquí en el entendido de que no hay fuerza superior a la norteamericana para llevar a cabo esa tarea. El efecto congregante de esa resolución reduciría fuertemente los costos del conflicto y mejoraría las condiciones de transferencia de la soberanía política a Irak.
A estos efectos las democracias pueden evaluar si la autolimitación militar norteamericana incrementada por el debate interno en Estados Unidos, esencial en una sociedad abierta, no las obliga a contribuir a aminorar esa brecha con el apoyo a un socio hemisférico (en el caso latinoamericano) o transatlántico (en el caso europeo). Más aún si fuerzas de democracias asiáticas renuentes a la guerra, como Corea del Sur y Japón, ya están desplegadas en el terreno.
Los reparos al respecto pueden provenir de la sensación de manipulación de la información que condujo a la guerra. Aunque esa sensación es compartida inclusive por los que apoyamos la incursión, debería poder ser contrarrestada por un hecho incontrastable: la información del caso fue convalidada por la resoluciones de la ONU correspondientes y aprobada por todos los miembros del Consejo de Seguridad. La teoría de una conspiración universal al respecto resulta, por impracticable en su momento, inverosímil. De allí que la investigación pública que conducen los norteamericanos sobre el funcionamiento de sus servicios de inteligencia, siendo esclarecedora al respecto, debe estimular la cooperación con esa potencia.
Si estas razones no bastaran, aquí hay un concreto interés nuestro que debe considerarse: la cooperación de seguridad con Estados Unidos, especialmente en inteligencia, es fundamental en la lucha contra el terrorismo global y regional.