Alejandro Deustua
30 de dic de 2004
Justo cuando la XXXIV Asamblea General de la OEA que se lleva a cabo en Quito concentra su atención en los problemas de corrupción hemisféricos, la magnitud de esa amenaza en el Perú adquiere nuevamente proporciones que atentan contra la seguridad nacional.
Así lo demuestran la imputación de vinculación con el narcotráfico hecha por el gobierno norteamericano contra uno de los cofundadores de la principal línea aérea nacional y los turbiedad de los negocios privados de un ministro de Agricultura encargado de la negociación con los “cocaleros”. El alto grado de vulnerabilidad nacional derivada de la perversión de la relación entre el interés publico y el privado está a la vista.
La interacción entre estos dos tipos de intereses ha sido históricamente compleja en todas partes. El sentido común en nuestro país sostuvo, hasta la revolución neoliberal, que el interés público prima sobre el privado. Durante la década pasada el neoliberalismo invirtió los términos de esa relación por razones ideológicas. La idea de la prevalencia del interés privado –que sostiene que si todos los ciudadanos persiguen su propio interés, el resultado será el fortalecimiento del bien común- pudo generar una cultura capitalista basada en la denominada “ética protestante”. Pero la experiencia se pudrió porque la práctica de la idea neoliberal fue orientada por un gobierno extraordinariamente corrupto. Como resultado no obtuvimos el bien común sino la desaparición de la frontera que distingue el interés publico del privado.
En este contexto el cofundador de la referida línea aérea fue cuestionado por vinculaciones con el narcotráfico que no fueron definitivamente aclaradas. El punto no debiera pasar de la relación entre el cofundador y el Poder Judicial si no fuera porque esa compañía tiene una dimensión estratégica que complica la dimensión de seguridad, económica y diplomática del Estado.
En efecto, aunque la empresa no sea una línea de bandera es notorio que constituye la mayor aerolínea peruana. Su dimensión, a nuestra escala, compromete la seguridad en tiempos de paz –expresada en la aspiración nacional al buen manejo de las rutas y comunicaciones aéreas- y en tiempos de conflicto, -en cuyo caso, la aerolínea debe ponerse al servicio del interés nacional-. Por ello, su conducción debe ser impecable. En lugar de ello, éstas es permanentemente cuestionada.
Y en términos económicos, la imputación norteamericana no sólo impide el acceso de la aerolínea a ese mercado, sino que pone en riesgo su normal desempeño interno. Si el turismo es uno de los rubros de mayor aliento en el Perú, éste entre otros, está siendo complicado por el cuestionamiento al cofundador de la empresa y algunos vinculados. En términos diplomáticos, de otro lado, esta situación restringe seriamente el margen de acción del Estado para proteger a sus nacionales en el exterior. Mientras el tema no se aclare, la Cancillería tendrá serios problemas para llevar a cabo su acción protectora. Todo ello porque el interés privado no ha cumplido con los requisitos de comportamiento correspondientes a una principalísima presencia en el mercado.
Para que el Perú no se vea más dañado, las personalidades cuestionades deben meditar sobre la prioridad del interés público sobre el privado.
Esa prioridad de intereses tampoco ha sido adecuadamente respetada por el gobierno al no indagar seriamente por las actividades de sus ministros. La omisión es aquí doblemente grave en tanto el ministro en cuestión fue encargado de la negociación con los “cocaleros”. Su status, por tanto, debió ser impecable. Y éste ha sido seriamente complicado por actividades privadas quizás legales, pero reñidas con la función pública. Su renuncia frente al escándalo sólo pone de manifiesto la extraordinaria inconciencia de la frontera que separa el interés publico del privado en muchos de los aspirantes a cargos del Estado.
No es extraño que el denominador común en ambos casos sea el contacto oficial o no con el narcotráfico. El grado de convivencia que mantienen muchos peruanos -desde algunos dirigentes “cocaleros” hasta encumbrados gestores financieros- con esa amenaza a la seguridad nacional está en la base del problema. El Perú debe luchar contra todos los extremos de esta amenaza como parte del proceso de restablecimientos de una sana vinculación entre el interés público y el privado que, siendo compleja, es fundamental para la vigencia de un Estado con autoridad y de una sociedad libre.