Alejandro Deustua
8 de mar de 2007
El informe anual del Departamento de Estado sobre la evolución de la estrategia norteamericana sobre el control drogas ilícitas (1) puede ser cuestionable por sus eventuales implicancias coercitivas (la "certificación"). Pero ciertamente es un diagnóstico de gran utilidad para evaluar y planificar la estrategia de lucha contra el narcotráfico en los ámbitos global y nacional.
Para empezar, el informe señala el status de los países comprometidos con la producción de drogas ilícitas, el transporte de las mismas (los países tránsito) y los implicados en el lavado de dinero.
Como es evidente, en él se identifica a aquellos países que, a juicio de las autoridades norteamericanas, no cumplen adecuadamente con sus compromisos internacionales en la materia, no adoptan medidas internas al respecto y no cooperan con Estados Unidos en la lucha contra la amenaza global del narcotráfico. En el año de cobertura (2006), este es el caso de Venezuela (país que, sin embargo, por razones de interés nacional norteamericano, seguirá recibiendo cooperación destinada a fortalecer las instituciones democráticas) y Burma, mientras que la situación boliviana será revisada nuevamente en seis meses.
Pero del informe se extraen, además, conclusiones sobre los status y roles geopolíticos y/o globales que el conjunto de los países involucrados cumplen de acuerdo al grado de involucramiento en la compleja cadena que conecta al productor con el consumidor de drogas ilícitas. Una primera clasificación dependerá de cómo se clasifica al país evaluado según sea un gran productor de drogas ilícitas (más de 1 mil hectáreas de cultivos de coca o de amapola y más de 5 mil has. de marihuana), país tránsito (uno que sirve para el transporte de "cantidades significativas" de droga) o país implicado en lavado de dinero (uno en el que sus instituciones financieras realizan transacciones de "cantidades significativas" de dinero procedente de cualquier origen delictivo).
Una segunda, y quizás más relevante, clasificación será una función del ámbito geográfico al que cada país pertenece en el entendido de que la cocaína, el opio, las anfetaminas y estimulantes parecidos (ATS) y la marihuana son las drogas que se registran como más amenazantes para Estados Unidos. Como es evidente esto es especialmente relevante para los países andinos productores de coca. Pero es menos evidente para la mayoría de los países del sistema interamericano cuyos miembros se involucran en la cadena del narcotráfico.
Y una tercera clasificación es la que diseña mejor el ámbito global del narcotráfico en el que se implica a una gran cantidad de países del sistema internacional independientemente de su nivel de desarrollo u origen geográfico y cuyos sistemas financieros están involucrados en actividades de lavado de dinero. La otra dimensión global de la amenaza del narcotráfico: la del consumo, es mucho menos evidente en el informe.
Si el narcotráfico es una amenaza global y la producción de ciertas drogas, como la cocaína es considerada como una amenaza específica para Estados Unidos, se entiende que los productores de coca (además de los procesadores y transportistas) son percibidos como una amenaza para Estados Unidos. Lamentablemente, éste es el signo con que se distingue al área andina donde se encuentra el principal productor de coca-cocaína (Colombia, a pesar de sus esfuerzos), un país semilegitimador de la producción de coca que está bajo observación (Bolivia) y un país tránsito "descertificable" (Venezuela).
Salvo los matices singulares de cada país, ciertamente, esto no es novedad (ésta es evidente desde hace un par de décadas). Lo nuevo es que esa percepción se innova, incrementándose o diluyéndose, con cada reporte al ritmo de un lentísimo progreso en la lucha contra el narcotráfico. Con un agravante: el escenario andino es percibido hoy como la contracara de un "escenario caliente": Afganistán (el principal productor de amapola y opio). Lo nuevo es también-aunque el reporte no lo indica- la importancia incremental que adquiere incapacidad colectiva para terminar con la amenaza.
Esta incapacidad se deriva del hecho verificable de que cada reducción de la oferta tiende a revertirse parcialmente o a ser emparejada con nueva producción (convirtiendo el progreso, medido por el saldo neto, en extenuantemente moroso), de la tímida aplicación de políticas de confrontación del problema (que, además, es redundante, inercial y estimulante de nuevos liderazgos y movimientos políticos ad hoc en la subregión) y del hecho de que los Estados comprometidos, a pesar de la pérdida de prestigio y de la erosión de su inserción externa, se incorporan a la lucha tanto como a la convivencia con la amenaza que combaten por las razones que fueren (éstas van desde la falta de medios suficientes hasta el temor a generar mayor inestabilidad social y política).
Si esto ocurre en el área andina, las condiciones de regeneración de la amenaza constante del narcotráfico y de la inercia en su combate crea un pasivo mayor para el área: el tránsito hacia la irrelevancia subregional como interlocutor estratégico bajo condiciones de muy lento desarrollo y de escaso nivel de alerta de seguridad. Esta condición, lamentablemente, tiende a recuperarse menos por ciertos éxitos progresivos subregionales que por hechos excepcionales (p.e. un poco probable gran salto económico, un más probable estallido social o un altamente probable gran salto político como la influencia de un liderazgo mesiánico como el del señor Chávez).
Bajo estas condiciones, los esfuerzos de seguridad para mejorar la inserción internacional del área deben ser cada vez más intensos para lograr resultados menores. Así, la ley de retornos políticos y económicos decrecientes es la consecuencia que los países andinos deben pagar por la ineficacia de la lucha contra el narcotráfico. Ello sin contar con los costos que acarrean las políticas de franca desinserción que siguen algunos de los vecinos.
Mientras ello ocurre, dos países andinos en el amplísimo universo de los Estados comprometidos con el narcotráfico son considerados como amenazas por Estados Unidos si se respeta los parámetros del informe: Venezuela (que no cumple con sus obligaciones internacionales, reexporta droga crecientemente a la primera potencia y a Europa y relaja fuertemente sus medidas de control interno) y Bolivia (que bajo la presidencia del señor Morales, ha disminuido el esfuerzo de erradicación, ha favorecido la organización cocalera que es sustento de su gobierno y pretende hacer del cultivo de coca, además de su expansión, una causa nacional e internacional).
Pero eso no es todo: como consecuencia del narcotráfico, América es uno de los continentes más gravemente comprometido con la amenaza. En efecto, según el reporte del Departamento de Estado, 14 de los 20 grandes productores de droga ilícita (no sólo de cocaína) y países tránsito son americanos comprometiendo a Suramérica, Centroamérica, el Caribe y Norteamérica.
Y si las 2/3 partes de los agentes de esa amenaza global (aun sin considerar el lavado de dinero) tiene origen en el Hemisferio Occidental, ello sólo puede ser evidencia de un problema geopolítico y estratégico mayor. Esta realidad constituye una fuente de extraordinaria vulnerabilidad hemisférica en un escenario internacional crecientemente inestable donde el conflicto no convencional ha inaugurado un nuevo tipo de guerra que, aunque distante, no es indiferente a la parte sur del continente. Y también es muestra de debilidad regional en un contexto donde la competencia interregional va en aumento.
La tercera gran conclusión del informe del departamento de Estado es la que define mejor la globalidad del problema. Ésta se deriva de la identificación de 60 países del sistema internacional como grandes agentes de lavado de dinero (increíblemente, el consumo, que debería ser el otro gran parámetro de definición global, no está adecuadamente identificado en el reporte).
Aunque la responsabilidad recaiga sobre los respectivos sistemas financieros (que tienen que ser regulados gubernamentalmente), el reporte distingue con nombre propio a cada uno de estos países. Y entre ellos se encuentran la totalidad de los miembros del Grupo de lo 8 (los más industrializados más Rusia), distinguidos integrantes de la Unión Europea, todos los BRICs (Brasil, Rusia, India, China), las mayores economías del Sudeste asiático, modernos miembros de Oceanía (Australia), beligerantes y religiosos Estados del Medio Oriente y por cierto, los americanos. El área menos comprometida es el África.
Frente a este escenario, las políticas de liberalización (que, de facto, aplican ciertos países europeos), de legitimación política (como ocurre con ciertos gobiernos altoandinos) o simplemente inerciales (como ocurre en el Perú y en países consumidores) no son aceptables.