Alejandro Deustua
18 de oct de 2005
19 de octubre de 2005
El retorno del Presidente Lucio Gutérrez al Ecuador confronta la legitimidad de la autoridad establecida en ese país y replantea el golpe de Estado que sacó al señor Gutiérrez del poder el pasado abril.
Si ese golpe, que, como en Bolivia, recurrió a la movilización de masas antes que a la fuerza armada como actor preponderante, puso en evidencia la vulnerabilidad política de ese país y cuestionó la vigencia de la cláusula democrática en la subregión andina (1) (2), el retorno del señor Gutiérrez pone en apuros a una comunidad internacional que, a pesar de todo, ha reconocido al gobierno del señor Alfredo Palacio.
En el debate internacional no está ahora la calidad de gobernante del señor Gutiérrez. Si éste no cumplió con la agenda por la que fue electo, si su desprecio por los partidos políticos lo condujo a establecer alianzas dudosas e irracionales, si se vinculó al final con el político más cuestionado del Ecuador (el señor Bucaram acusado de varios delitos) y si alteró la composición de la Corte Suprema para favorecer a ese personaje, es asunto que los ecuatorianos deben resolver.
Pero la asonada popular que lo expulsó del poder ciertamente sigue siendo asunto que concierne a la comunidad interamericana, latinoamericana y andina según acuerdos internacionales libremente aceptados por todos sus miembros. Si en su momento estos acuerdos no fueron respetados por la razón de Estado –que mantiene una vigencia indiscutible en las relaciones internacionales-, hoy la aplicación de sus contenidos debe ser discutida nuevamente para comprobar si, efectivamente, la democracia representativa sigue siendo la única forma de gobierno reconocida en la región tal como lo establecen la Carta Democrática de la OEA, el Grupo de Río, la CAN y el Mercosur.
El retorno del señor Gutiérrez a su país ha planteado este desafío regional que supera la soberanía interna del Ecuador. Si la respuesta colectiva que debiera producirse no se produce –como probablemente ocurrirá- se estará confirmando la debilidad del régimen colectivo de protección de la democracia representativa en la región y, de paso, reiterando también la vulnerabilidad de nuestros propios gobiernos reflejada en incapacidad de pronunciarse concretamente al respecto.
A pesar de ello, y de cara a una eventual nueva crisis en Ecuador –que podría superar los acontecimientos de insubordinación colectiva de hace unos meses- nuestros gobiernos sí pueden –y deben- ejercer algún tipo de influencia preventiva. Especialmente si el mecanismo diplomático correspondiente –el llamado internacional al fortalecimiento de la gobernabilidad en determinado país (como en los casos de Bolivia o Nicaragua)- ya ha sido empleado.
Ese pronunciamiento será necesario aún en el caso de un improbable escenario en el que el señor Gutiérrez permanezca en la cárcel sin convocar a algún tipo de movilización partidaria. El hecho de que antecesores suyos –como el señor Gustavo Novoa o el señor Abdalá Bucaram- estén requeridos por la justicia ecuatoriana –o lo hayan estado -como el señor Alarcón-, por las razones que fueran, revela que a la debilidad del liderazgo político en Ecuador se agrega un pasivo reivindicatorio que condiciona la estabilidad de cualquier gobierno en ese país vecino. Si éste se ejerce ahora, la confrontación política y social es posible en el Ecuador.
Si ello ocurre, debe tenerse presente que el actual gobierno no sólo no cuenta con base partidaria suficiente sino que su titular, el señor Palacio, quizás no sea el último exponente de la disposición ecuatoriana a cambiar rápida y expeditivamente a sus gobernantes (6 en el último decenio). Por lo tanto, su estabilidad requerirá algún sustento externo para lidiar con el desafío que el señor Gutiérrez plantea sin subvertir el precario orden existente
Éste se acaba de ver aún más afectado por reclamos sociales que se centran en la distribución de los excepcionales ingresos petroleros derivados de los altos precios de los hidrocarburos. Si bien ese reclamo ha sido transitoriamente solucionado a costa de no ahorrar los nuevos ingresos para gastarlos en obras públicas y menor pago de deuda externa, la tensión que esa decisión puede producir en una economía dolarizada –es decir, con poco margen de acción- puede ser grande.
En ese contexto, los reclamos insatisfechos volverán a la calle canalizados por organizaciones como la Conaie que tiende a transformar la problemática nacional en protesta indigenista. Si algún líder, ahora exógeno, se apoderase de ese movimiento, entonces podría surgir en Ecuador un gobierno con alguna inclinación “chavista” (que, como es evidente, ya es una alternativa de poder clara en Bolivia). La naturaleza confrontacional de ese movimiento, de la que el señor Gutiérrez no ha estado lejano en sus orígenes, no anuncia tranquilidad en el Ecuador ni en la subregión andina.
Si la estabilidad política y económica del Ecuador está en riesgo y si a ella se agrega la revisión confrontacional del pasado inmediato, es evidente que el gobierno de ese país puede no llegar a su término el 2007. Los países andinos y hemisféricos están en la obligación de evitar que ese probable vacío de poder devenga en confrontación anárquica en el vecino.