Alejandro Deustua
30 de abr de 2007
El proceso de fragmentación latinoamericano en marcha ha superado hace tiempo los ámbitos de la erosión de principios compartidos y de fricción entre núcleos estatales de poder. Ese proceso se ha profundizando mediante la consolidación creciente de regímenes de integración divergentes. La última cumbre del proceso ALBA realizada en Barquisimeto así lo confirma.
En ella ha quedado confirmado que el ALBA pretende para sí la consolidación de un centro de poder de carácter multidimensional irradiado al conjunto de la región y no convergente con los esquemas de integración vigentes. Su vocación "alternativa" está dejando de serlo para evolucionar a una centralidad legitimada por nuevas adhesiones y membresías.
Esta evolución está amparada por una concepción estratégica que busca revivir y extender la antigua influencia cubana, por un centro de poder incuestionablemente constituido por Venezuela y su asociación con Cuba, por una proyección radial sobre Suramérica, Centroamérica y el Caribe, por instrumentos de acción (p.e. los tratados de comercio de los pueblos) y hasta por una pseudo cultura corporativa (la de las "empresas grannacionales").
En efecto, los miembros del ALBA entienden su rol estratégico en la región como uno que debe consolidar una "nueva etapa de acumulación de fuerzas" que, iniciada por Cuba, encuentra hoy una nueva y favorable correlación en el área. Esta etapa, que se define como anti-imperial (o antinorteamericana), permite hoy organizar, según sus adherentes, "el primer esfuerzo histórico de un proyecto global latinoamericano".
Con esa racionalidad mesiánica, los miembros del ALBA pretenden para ellos y el resto de la región un nuevo modelo de desarrollo "independiente" basado en una complementariedad y cooperación que, en aras de la solidaridad, desdeña la interdependencia, la democracia representativa y el libre comercio.
Si destacar que el núcleo duro del ALBA está compuesto por Venezuela y Cuba radialmente extendido a Bolivia y Nicaragua es un lugar común, lo nuevo es la participación de Haití, de pequeños países del Caribe y de Ecuador y Uruguay (estos últimos asistieron a la V Cumbre, de manera auscultante, representados a nivel ministerial).
Con ello la proyección venezolana se extiende a Centroamérica intentando quebrar el bloque CAFTA y al CARICOM buscando la legitimación institucional de ese organismo mientras consolida su presencia antisistémica en el Cono Sur luego de su adhesión al MERCOSUR como miembro pleno al tiempo que se arraiga en la subregión andina.
Pero quizás la más importante proyección venezolana sea la lograda sobre Haití. Si ella implicara cooperación desinteresada con un precario Estado cuyo proceso de estabilización ha sido dispuesto por la ONU mediante la presencia de cascos azules, la participación venezolana a través de cooperación energética sería bienvenida. Pero la disposición estratégica venezolana, que ha logrado la adhesión de Haití al ALBA, parece orientada a cooptar a ese desvalido Estado, a encontrar un rol en esa parte de la Española al margen de las fuerzas de la ONU y a disputar a las fuerzas latinoamericanas que actúan en ese escenario liderazgo y protagonismo en la reconstrucción haitiana.
De esta manera el ALBA no sólo estaría amparando geopolíticamente la promoción de intereses y capacidades venezolanas en el América Latina y el Caribe sino disputando la primacía regimental de la ONU y de la OEA en la región al actuar al margen de ellas.
De otro lado, la excéntrica influencia del ALBA en materia de seguridad es complementada en el campo económico por instrumentos como los denominados acuerdos de comercio de los pueblos, por financiamiento energético concesional y apoyo económico institucional.
Los tratados de comercio de los pueblos desdeñan las ventajas y capacidades redistributivas del libre comercio y pervierten el entendimiento remanente sobre el significado del comercio justo y equilibrado. Estos tratados proponen básicamente compromisos políticos de compras mutuas de productos nacionales al margen de los indicadores y mecanismos de precios. Ni el trueque ni el mercantilismo les es ajeno.
Y aparte de la contribución venezolana al financiamiento del ALBA (US$ 250 millones), de fondos promotores que implicarían la colocación de bonos inicialmente por US$ 1 mil millones, de acuerdos para la construcción de facilidades de hidrocarburos en Bolivia y Nicaragua y de aprovisionamiento de combustibles a Haití y los países del Caribe, el ALBA emplea como instrumento de todos su proyectos un disfraz corporativo denominado "empresas grannacionales".
Con ellas se desea crear un lenguaje propio mitificador del espacio económico denominado "Patria Grande" y se patrocina la alianza exclusiva entre empresas públicas desconociendo el rol de las empresas multinacionales y de los experimentos de empresas conjuntas subregionales (p.e. las EMAs andinas) en el aporte de inversión privada. Felizmente la creación del Banco del Sur, que quisiera reemplazar el rol de los organismos multilaterales, no ha encontrado aún suficiente consenso como para merecer inclusión en la Declaración Política de la V Cumbre del ALBA.
Frente a estas fuerzas fragmentadoras los países latinoamericanos y del Caribe no pueden seguir ignorando la dimensión que el ALBA va adquiriendo ni el poder geopolítico venezolano que la fundamenta. Mucho menos luego de que Venezuela empujara, por razones de influencia, la transmutación de la insustancial Comunidad Suramericana de Naciones en una irracional Organización de Naciones Suramericanas. La disposición venezolana para redefinir el orden regional debe ser absorbida, contenida o derrotada si la vocación occidental y de apertura de los países de la región no desea seguir siendo comprometida.