Alejandro Deustua
2 de ago de 2010
Mientras la política denominada “cuerdas separadas-relación inteligente” entre Perú y Chile progresa, su falta de consenso en Chile y la evolución de la relación entre Chile y Bolivia indican que el encapsulamiento de la controversia marítima peruano-chilena es aún frágil.
No cabe duda de que la relación económica peruano-chilena ha mejorado (aunque no ha perdido sensibilidad) y de que se han reanudado las relaciones de seguridad (la reunión entre técnicos de los ministerios de Defensa para proceder a la estandarización de la medición de los gastos militares o la sesión por Chile de su turno en la adquisición helicópteros rusos reconocida por el Presidente García así lo indica).
Esta mejora, sin embargo, no es seguro suficiente para aislar el proceso de La Haya. Dos iniciativas chilenas lo demuestran. La primera, encabezada por el ex –canciller Mariano Fernández, confronta la política de distensión del presidente Piñera aduciendo que ésta desfavorece los intereses chilenos en tanto brinda a la Corte mayor latitud para la aplicación de criterios de equidad. En cambio, un escenario de endurecimiento de la relación política facilitaría la aplicación prevalente de los antecedentes jurídicos, que según ese ex –canciller, favorecen a Chile.
Esta posición prusiana es acompañada por ciertos comentaristas que, admitiendo que la oportunidad de coactar al Perú se ha perdido, el despliegue efectivo de poder chileno debe plantearse en el futuro en el marco de las complicaciones políticas y de seguridad interna que, según ellos, están por instalarse en nuestro país.
La segunda iniciativa chilena deriva de la notoria recomposición de la relación chileno-boliviana. Así, el Ministro de Defensa de Chile acaba de plantear que el momento para evaluar la solución a la aspiración marítima boliviana es propicio siempre que ésta sea factible y realista (probablemente, sin cesión de soberanía) y reporte beneficios mutuos (acceso a los recursos naturales bolivianos y al Brasil).
Este planteamiento avala matizadamente el planteamiento del ex-Comandante del Ejército de Chile, Juan Emilio Cheyre, quien se mostrado favorable a renovar la propuesta de 1975 (un corredor por la línea de la Concordia con compensación territorial). Según el general Cheyre, si hay trueque (acceso a energía y agua) eventualmente no habría, en puridad, cesión de soberanía.
Estos planteamientos chilenos subvierten el “encapsulamiento” del proceso de La Haya mediante propuestas de confrontación compleja y de negociación con terceros que el Perú no puede atender hoy.
Para contrarrestar la propuesta de incrementar la tensión, el Perú debe minimizar sus premisas mejorando sustancialmente la seguridad interna, organizando un poder disuasivo verosímil y fortaleciendo los mecanismos institucionales de la relación con Chile.
Y para afrontar preliminarmente el problema de la mediterraneidad boliviana, Chile y Bolivia deben tomar nota de que no existe posibilidad de disolver la unidad económica entre Tacna y Arica mediante la renovación del escenario de Charaña, que el condominio indivisible sobre las aguas del Titicaca está vigente y que el apoyo del Perú a la causa boliviana está condicionado al respeto del Tratado de 1929 y su Protocolo Complementario. Si se desea negociar, será después del fallo. Ahora empecemos reevaluando los acuerdos de Ilo de 1992. El proceso de La Haya no es impermeable pero no debe ser contaminado.