Alejandro Deustua
23 de ago de 2005
24 de agosto de 2005
En los Estados laicos las interacciones que generan las organizaciones religiosas forman parte del complejo bagaje de sus relaciones internacionales. Su dimensión no es política aunque esas organizaciones sean consideradas como parte de los denominados “poderes fácticos”, mientras no se comprometa el interés nacional. Pero cuando lo hacen, tales interacciones conciernen a las políticas exteriores de esos Estados.
Esto es lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos cuando uno de los integrantes de las organizaciones evangélicas que apoyan al Presidente Bush y al Partido Republicano –el señor “Pat” Robertson- acaba de pronunciarse por el asesinato del Presidente Chávez entendiendo que éste constituye un enemigo de la primera potencia.
La “sugerencia” no ha sido sólo una opinión sino una recomendación fundamentada en la intensidad de la amenaza que personifica el señor Chávez (“un trampolín para el comunismo y el fundamentalismo islámico” que emplea el petróleo para esos fines), en la capacidad de las fuerzas de operaciones encubiertas norteamericanas (que deberían perpetrar el magnicido como alternativa a una supuesta guerra que resultaría más cara) y en la decimonónica doctrina de política exterior norteamericana (la Doctrina Monroe).
La calidad del sujeto del que proviene la “sugerencia” –un ex -postulante a las primarias republicanas que foma parte del entorno cultural del Presidente Bush-, la argumentación estratégica de la propuesta magnicida y su propalación global (una cadena religiosa de TV amplificada críticamente por los noticieros de la CNN, entre otros) ciertamente indican que no estamos frente a un ciudadano común y corriente. Su capacidad de comprometer la política exterior de su país –y la de sus instituciones- es alta y hasta podría podría expresar una corriente de opinión en el complejo proceso decisorio norteamericano.
Por lo demás, si la opinión de Robertson constituye un delito que linda con el terrorismo –la instigación al homicidio calificado para lograr objetivos políticos-, la posibilidad de que el Estado norteamericano sea denunciado en los foros internacionales –las instancias de la OEA o la ONU- por albergar a potenciales delincuentes no es irreal (el embajador venezolano en Washington ya la ha insinuado). Especialmente cuando el hecho tiene precedentes intervencionistas inmediatos orientados a sacar al señor Chávez del poder –el golpe del 2002 no denunciado por Estados Unidos, ni por otros Estados latinoamericanos, con la oportunidad debida-.
Por este conjunto de razones, el Ejecutivo norteamericano debe pronunciarse en el nivel correspondiente condenado las expresiones de Robertson y tomarle cuentas. Al respecto no basta que un vocero del Departamento de Estado se limite a declarar que las opiniones del reverendo republicano son las de un ciudadano y no las del Estado (más contundente ha sido el Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, que ha calificado la opinión de Robertson como fuera de la ley al tiempo de asegurar que el Pentágono no apoya esa “estrategia”). Y tampoco es suficiente que el señor Robertson, luego de afirmar que no dijo lo que dijo, se disculpe. Si las política exterior de la primera potencia ha sido comprometida, corresponde al Departamento de Estado un deslinde contundente.
De lo contrario, es posible esperar lo que otras organizaciones religiosas y expertos en seguridad ya han expresado: la percepción latinoamericana de la “arrogante ignorancia” de Robertson como no lejana del centro de poder de Estado Unidos, el incremento del antinorteamericanismo en la región, la pérdida de buena parte de lo ganado por las giras regionales de la Secretario de Estado y del Secretario de Defensa y el incremento del riesgo de los ciudadanos nortamericanos –incluyendo a funcionarios- en los ambientes influidos por el chavismo.
Sin embargo, siendo este pronunciamiento imprescindible en relación a la irracionalidad de Robertson, los foros regionales –como la CAN, que ahora preside Venezuela- deben, de una vez por todas, evaluar las consecuencias de la conducta sistemáticamente desestabilizadora del Presidente Chávez y tener presente al respecto la zona gris de los entendimientos económicos venzolano-norteamericanos en el trato mutuo.
Si el Presidente Chávez incrementa deliberadamente la falta de cohesión regional, interviene a través de terceros y de la influencia petrolera en la política interna de sus vecinos y abre la brecha con Estados Unidos, ciertamente estamos frente a un problema que afecta a cada una de las políticas exteriores de los socios suramericanos y hemisféricos.
En efecto, la creciente filiación cubana de la política exterior venezolana constituye un factor disociador en la región en tanto no comparte los principios básicos de sus miembros (el respeto por la democracia representativa y la economía de social de mercado) y genera fricciones políticas y estratégicas por inducción castrista en los ámbitos regional y extraregional. Por lo demás, la hipótesis de que agentes desestabilizadores de Estados suramericanos –el caso de las FARC colombianas o del señor Morales en Bolivia- cercanos al chavismo promueven acciones de fragmentación nacional en esos Estados ya es casi una certeza. Finalmente, la verdadera guerra de insultos antinortamericanos desatada por el señor Chávez compromete seriamente la calidad de socio de Venezuela en los foros que esta república comparte con sus vecinos y la posición internacional de sus miembros. Este problema debe ser discutido y sobre él se debe actuarse.
Ello, sin embargo, debe evaluarse a la luz de los intentos de entendimiento entre agentes políticos y económicos venezolanos y norteamericanos que giran hoy en torno a la inversión extranjera en petróleo. Efectivamente, en el contexto de encarecimiento de los hidrocarburos y de expectativas sociales insatisfechas, Venezuela desea incrementar su oferta potencial mediante fuertes inversiones en exploración. Los rangos incluyen un requerimiento de inversión externa de alrededor de US$ 10 mil millones. Para ello el embajador venezolano en Washington se ha reunido con representantes de 150 empresas norteamericanas y algún senador republicano acaba de expresar en Venezuela el interés norteamericano de invertir en ese país. Este vínculo debe ser mejor publicitado para que se convierta en un factor de real –aunque fuera inestable- interdependencia hemsiférica y no sólo de distensión interestatal como ocurría en la Guerra Fría entre otras potencias antagónicas. El juego sucio entre Venezuela y Estados Unidos debe acabar.