Alejandro Deustua
12 de ene de 2006
13 de enero de 2006
El Perú estrena silla como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU con el tratamiento de una crisis mayor: la decisión de Irán de continuar con las actividades de investigación que le permitan desarrollar material nuclear eventualmente aplicable a armas de destrucción masiva y la posible derivación del caso al Consejo donde se podrían considerar sanciones a ese Estado bajo el Capítulo VII de la Carta.
Una potencia menor como la nuestra deberá asumir su responsabilidad con la comunidad internacional: impedir la proliferación nuclear en el marco de regímenes globales y específicos que involucran a Estado en cuestión en un contexto donde la posesión del arma nuclear por potencias establecidas sigue siendo asunto de seguridad colectiva.
Contra lo establecido por los regímenes de transparencia y vigilancia, como la Agencia Internacional de Energía Atómica –reciente ganadora, a través de su director, de un premio Nobel-, a lo largo de 18 años Irán desarrolló clandestinamente actividades orientadas a la producción autónoma de energía nuclear en niveles que pueden superar los fínes pacíficos.
Tal ocultamiento previno al mundo de que la proliferación de armas de destrucción masiva –luego de que la información compartida por todos que condujo a la guerra Irak se probara errada- sigue siendo una amenaza real. Más aún cuando las autoridades iraníes debieron reconocer el descubrimiento, escalarecer sus intenciones e identificar el trabajo realizado al respecto.
En ese escenario, Irán acordó con la Agencia Internacional de Energía Atómica suspender los desarrollos nucleares y admitir, in situ, la investigación por la AIEA. Mientras tanto, tres países de la Unión Europea (Alemania, Francia y el Reino Unido) negociaban la suspensión definitiva del programa para evitar llevar el problema al Consejo de Seguridad donde la negociación derivaría en punición. Estados Unidos respaldó la acción europea. La AIEA también mientras la preocupación incluyó a Rusia, un proveedor de Irán, que ofreció producir material nuclear para fines pacíficos en territorio ruso.
Luego de que Irán se negara a ello, su disposición ofensiva se radicalizó: el nuevo presidente, Mahmoud Ahmandinejad, amenazó con “barrer a Israel del mapa”. Aunque la frase apocalíptica intentó ser mitigada, su contenido se agravó cuando el mandatario consideró que los ciudadanos israelíes deberían restablecerse en Europa y negó el holocausto como un hecho histórico de connotaciones humanitarias relevantes. Al hacerlo, Irán evidenció no sólo su afán de convertirse en una potencia nuclear sino de confrontar eventualmente a Israel en ese terreno (el supuesto general es que Israel tiene armas nucleares).
Y como si la amenaza militar no fuera suficientemente clara, Irán ha procedido a quebrar unilateralmente los sellos de un importante planta nuclear colocados, de común acuerdo, con la AIEA, y amenazado con no admitir más inspecciones si el caso es llevado al Consejo de Seguridad. Esta acción se produce en momento críticos para el establecimiento del orden democrático en el vecino Irak (que ha elegido un Parlamento pero no puede aún organizar un gobierno efectivo ni una fuerza pública eficiente en un contexto de insaciable violencia) y para la marcha estable de la economía mundial (una de cuyas vulnerabilidades son los altos precios del petróleo a la que contribuye, influyentemente, la producción iraní).
Salvo que se produzca un entendimiento de última hora (al que, fuera del Consejo, podrían también contribuir China y Rusia (TE), Estados cuya reemergencia no puede darse en el marco del conflicto abierto), el caso iraní será remitido al Consejo de Seguridad. Éste, que no puede eludir la responsabilidad de mantener, dentro de sus posibilidades y contradicciones, la paz y estabilidad internacionales, probablemente actuará como en el caso iraquí: generará una serie de resoluciones instigando a Irán a cumplir con el convenio de suspensión del procesamiento nuclear y, si éste no lo hace, autorizará sanciones.
Ello no ocurrirá sin complicaciones: es previsible una oposición a resoluciones “duras” o reformulaciones del problema por China y Rusia, el caso iraquí será recordado –y cuestionado- como antecedente relevante, Irán estará al tanto de que Estados Unidos no desea extender más su fuerza militar y, por tanto, preferirá otro tipo de sanciones , la experiencia podrá fortalecer a otros agentes de la proliferación nuclear (como Corea del Norte) y el nivel de incertidumbre global se incrementará debido a la erosión de la capacidad de coacción occidental.
Pero el caso es aún más complicado: en un escenario global fuertemente influenciado por potencias emergentes, la calidad militar de las mismas repotenciará su valor. En nuestra región ese rol desea ser desempeñado por Venezuela que no sólo ha adelantado afinidad con el gobierno y la posición iraníes sino que hace algún tiempo persigue también hacerse de una cierta capacidad nuclear. Si ello ocurre, se estará alterando el régimen de no proliferación nuclear suscrito por los países latinioamericanos y una potencia emergente adquirirá una manifiesta valencia hostil en nuestro vecindario.
Al Perú le toca decidir en la materia. Para eso tiene una sitio en el Consejo de seguridad de la ONU. El interés nacional y su responsabilidad global indican que deberá actuar para impedir la proliferación nuclear.