Alejandro Deustua
9 de oct de 2005
10 de octubre de 2005
El Perú acaba de ser electo como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el próximo bienio. Si ello importa la recuperación del más alto protagonismo del Estado en el ejercicio diplomático de su tradición y experiencia multilaterales, también supone un desafío complejo derivado de la incertidumbre que presenta el sistema y la comunidad internacionales.
En relación al sistema, el Perú se incorpora a la más alta instancia encargada de cautelar la paz y seguridad mundiales cuando la estructura unipolar, en tanto no conforma a una buena parte de sus miembros, desea ser alterada por la mayoría de las potencias emergentes. Si en términos estructurales la alteración del núcleo de poder ocurrirá en el muy largo plazo, las tensiones propias del esfuerzo para lograrlo irán creciendo conforme se expande el ámbito de influencia de las potencias liberales. Si la fricción consecuente será difícil de manejar para la primera potencia, el manejo diplomático de ese desequilirio será aún más complicado para un Estado pequeño que intente realizar su tarea con autonomía reconocible.
En relación a la comunidad internacional, si bien la expansión de los principios y valores liberales que ésta comparte es tan cierta como contestada por quienes no pertenecen a ella, aquélla reporta también la actual crisis del multilateralismo basada en la inaplicación parcial de esos mismos principios. En efecto, si los obstáculos a la reforma del régimen global principal –la ONU- es la mejor expresión de esa complicación, el tortuoso proceso de la Ronda Doha expresa la inconsistencia del principal régimen de la post Guerra Fría -la OMC- a pesar de que los intercambios internacionales hayan crecido extraordinariamente (y en no poca cuenta, gracias a los acuerdos bi o plurilaterales).
Y aunque la consistencia de los regímenes de seguridad regionales es de difícil mensura (la OTAN se ha reformado y expandido, el TIAR sigue siendo incapaz mientras que en el Asia la tendencia a constituir nuevas entidades se incrementa), se puede decir que su eficiencia está en cuestión. En tanto la Carta de la ONU delega en esos organismos una cuota de responsabilidad en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, la incertidumbre sobre la eficacia de la seguridad colectiva no resuelta por el Consejo de Seguridad agrega complicación al desafío. Perú tendrá que enfrentarlo en aspectos que van desde el compromiso con las operaciones de manteniemiento de la paz hasta el establecimiento de regímenes de confrontación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, entre otros.
Por lo demás, la responsabilidad con la comunidad internacional que acaba de aceptar el Estado no puede desligarse de su capacidad para establecer los términos de su propia gobernabilidad. Colocado en una posición de la mayor visibilidad, la relación entre la capacidad negociadora del Perú y los términos en que ésta se sustenta se harán más eviendentes. De allí que, para el mejor ejercicio de esa responsabilidad, las características propias de la sobrenía contemporánea –el adecuado ejercicio de la autoridad, una jurisdicción eficaz, el buen albergue de la población y la mejor inserción jurídica- deberán mejorarse. Ello estará condicionado también por la calidad de nuestra inserción de seguridad y económica.
Y dado que la responsabilidad con la comunidad internacional tendrá que ejercerse de acuerdo al interés nacional, la definción de éste último tendrá que perfilarse mejor. Especialmente cuando la racionalidad del mismo parece estar mutando del sustento que le brindaba el realismo clásico (evidente durante la Guerra Fría) hacia una versión más liberal de sus fundamentos (manifiesta especialmente a partir del cambio de siglo).
Finalmente, la nueva responsabilidad del Estado deberá verse en la perspectiva ya no de las tres primeras experiencias nacionales en el Consejo Seguridad sino de las oportunidades y limitaciones que el contexto internacional ofrecerá en los próximos dos años. Entre las primeras se podría encontrar una mejora del escenario multilateral económico y hasta un progreso en el trato a los países en desarrollo (los Objetivos del Milenio). Entre las segundas, es probable un decaimiento de la economía global después del 2006 (según el FMI) y una situación de seguridad todavía larvada, a pesar de los progreso potenciales, por los problemas del terrorismo global, de la subsistencia de conflictos regionales y de la precarias condiciones de viabilidad de un buen número de Estados pequeños.
La buena noticia del nombramiento del Perú al organismo de mayor responsabilidad global deberá ser ahora complementada con el eficiente desempeño de un país en desarrollo pero pertenciente al ámbito de la potencias liberales.