Alejandro Deustua
7 de feb de 2007
El proyecto de presupuesto de los Estados Unidos para el año fiscal 2008, que empieza en octubre y asciende a 2.9 millones de millones de dólares, tiene relevancia global.
En efecto, más allá del debate interno al respecto, el hecho es que ese presupuesto anuncia el equilibrio del déficit fiscal norteamericano en cinco años (lo que sustraería, de realizarse, una causa fundamental del desbalance económico internacional), indica una disposición a incrementar el poder militar de la primera potencia (lo que señala, aunque predominantemente en el ámbito de la seguridad, su compromiso externo) y, en lo que respecta a América Latina, define la importancia económica de la región en la perspectiva norteamericana (por su ausencia en el proyecto, reitera que ésta no será mayor).
Y al margen de la discusión sobre si el sustento del presupuesto es razonable cuando la reducción del gasto se compensa con el incremento de la asignación militar y la consolidación de la rebaja tributaria del primer gobierno del Presidente Bush, la preocupación latinoamericana puede ser acotada por razones muy precisas: una eventual reducción de la cooperación en la lucha contra el narcotráfico.
Al respecto, voceros norteamericanos acaban de desmentir la información sobre un supuesto recorte del 39% de esa cooperación. Al recordar que ésta se incrementó en realidad de US$ 40 millones a principios de siglo a US$ 130 millones anuales en el 2004 en ese acápite, la Embajada norteamericana en el Perú ha reiterado también que los recursos destinados a América Latina se han incrementado de US$ 862 millones (2001) a US$ 1.6 mil millones (2006). Y sobre la cooperación futura en la lucha contra el narcotráfico, esa Misión ha señalado que ésta ya no se encuentra en el capítulo denominado Iniciativa Contradrogas Andina sino en el correspondiente a un Fondo de Apoyo Económico.
En otras palabras, la cooperación antinarcóticos se mantiene pero lo que no sabemos hoy es en qué cantidad y con qué prioridad. Si el consenso sobre la condición vital de la cooperación norteamericana con el Perú en la materia es claro para todos, las dudas sobre las modalidades de su continuación deben absolverse a la brevedad para evitar un decaimiento del esfuerzo compartido.
La urgencia es de mayor importancia aún si, según Devida, del gasto anual de US$ 124 millones requerido para estos menesteres, la cooperación internacional responde por US$ 120 millones de los que Estados Unidos es fuente del 90% (LR).
De otro lado, si ésa fuera efectivamente la proporción del compromiso norteamericano con el Perú, es evidente que el término “cooperación” sólo es un eufemismo que disfraza, como desde hace varias décadas en el acápite del desarrollo, una asistencia que señala extraordinaria dependencia. Devida debe aclarar este punto en tanto que esa información contradice el considerable aporte financiero que, esta vez, estaría realizando el Estado peruano para ejecutar la estrategia nacional contra las drogas (que, sin embargo, se ha aprobado sin otorgar la prioridad apropiada a la tarea fundamental de la erradicación de la coca ilegal).
Si ese aporte nacional fuera efectivo, la incertidumbre sobre asistencia norteamericana (que, de cualquier manera, tiende a la baja) debería a replantear la relación con Estados Unidos en la materia. Al respecto, la aplicación del principio de responsabilidad compartida no sólo debiera propiciar el incremento de la participación financiera nacional en toda la cadena de la lucha contra el narcotráfico sino concretar la exigencia de que Estados Unidos reduzca la demanda de manera más efectiva.
Aunque, según la ONU, la demanda de cocaína tiende a reducirse en la primera potencia, Norteamérica sigue siendo el principal consumidor de esa droga. Para luchar más efectivamente contra la oferta y rebajar sus costos, el principal consumidor debería establecer metas de reducción anual para terminar con el problema que compromete al Perú con un 30% de la oferta.
Lo mismo debiera exigirse a los miembros de la Unión Europea donde, aunque el consumo es menor, la tendencia al alza es marcada en muchos de ellos al tiempo que el problema tiende a definirse como uno de salud pública antes que como uno de seguridad.
Bajo estas premisas elementales, la cooperación internacional efectiva podría abandonar el campo de la asistencia externa. Éste no sería, sin embargo, el único instrumento definitorio de la responsabilidad peruana. En tanto el consumo de drogas en el Perú sigue creciendo y se extiende a toda la región, la responsabilidad nacional (que, en términos cuantitativos, está por debajo de la colombiana, pero es superior a la boliviana) es mayor.
Esta redistribución de responsabilidades en la lucha contra el narcotráfico (que hoy no puede contar con una coordinación andina elemental debido a las divergencias planteadas por Ecuador y Bolivia) debe, sin embargo, contar con la certeza de la participación norteamericana en la fuente de la oferta. Esa certeza, lamentablemente no aparece nítidamente definida en el proyecto de presupuesto de la primera potencia para el año fiscal 2008-2009. Ello debe aclararse a la brevedad.