Alejandro Deustua
7 de feb de 2006
8 de febrero de 2006
Que Venezuela reitere su condición de potencia revisionista no es novedad. Y mucho menos que el gobierno del señor Chávez desempeñe ese rol regional en el campo estratégico (mediante el alineamiento con Cuba), en el político (a través de mecanismos de injerencia en los vecinos) o en el económico (ejerciendo una diplomacia petrodolarizada). Lo que es nuevo es que ahora intente activamente un rol militar en la región y en el ámbito global.
En efecto, hasta ahora las compras de armas venezolanas (salvo por los fusiles Kalashnikov) no parecían orientadas a alterar orden alguno. Las adquisiciones a España (barcos ligeros y aviones de transporte) objetadas por Estados Unidos por contener tecnología norteamericana, no presentaban, en apariencia, amenaza alguna. Lo mismo ocurrió con el intento de adquisición de aviones Super Tucano brasileños. Y si, luego de la indisposición estadounidense a facilitar la reparación de aviones F-16, el impacto de la búsqueda de alternativas en Rusia u otras fuentes sólo puede ser materia de evaluación.
Sin embargo, cuando el gobierno del señor Chávez adquirió 100 mil Kalshnikovs rusos las dudas sobre su uso potencial (el Ejército venezolano no tiene 100 mil hombres) emergieron en la región (especialmente en vecinos que son seriamente amenazados por organizaciones narcoterroristas).
Y si la respuesta venezolana de que esas armas estaban destinadas a la formación de una milicia no conformó a nadie, el anuncio chavista de una adquisición futura de un millón de esos fusiles tras declarar a Estados Unidos como enemigo y acusarlo de intentar invadir el país ciertamente ha generado preocupación colectiva. Especialmente cuando las armas estarían supuestamente destinadas a armar a la población que, bajo un pretexto defensivo, devendría en un ejército popular mayor difícilmente controlable si Venezuela no deviene en una dictadura.
Teniendo en cuenta la vocación intervencionista venezolana, no es en absoluto un disparate adelantarse a la posibilidad de que esas armas efectivamente terminen en manos de organizaciones criminales y paramilitares del vecindario. Si las FARC puede ser el primer destinatario potencial otro no lejano podría aparecer en ciertos gobiernos afines cuyos mandatarios han denunciado públicamente el tráfico de armas por empresas multinacionales que desean desestabilizarlos.
Si éste es un escenario potencialmente subversivo cuyo contexto es la antihemisférica declaración de Estados Unidos como enemigo, entonces la región tiene un problema de seguridad colectiva del que no puede escabullirse.
Y mucho menos ahora que a la adquisición desestabilizadora de armas convencionales (que tiene dimensión regional), Venezuela acaba de agregar desestabilización global al alinearse con Irán en un caso de proliferación nuclear con eventuales fines bélicos. En efecto, Venezuela y Cuba fueron los únicos Estados latinoamericanos que votaron en contra de la resolución de la Organización Internacional de Energía Atómica que derivó el desafío iraní al Consejo de Seguridad de la ONU con el voto aprobatorio de la totalidad de los miembros permanentes del Consejo.
La posición venezolana es aún más peligrosa si se tiene en cuenta que ese Estado ha expresado interés en adquirir tecnología nuclear. Ello no sería mayor problema si su ambición se enmarcara en el Tratado de No proliferación que permite el empleo de la energía nuclear sólo para fines pacíficos. Pero al haberse alineado con Irán, el señor Chávez pone seriamente en duda ese propósito.
Si la vocación revisionista del gobierno venezolano va ahora más allá de la injerencia planteando abiertamente la fragmentación hemisférica y comprometiendo la seguridad colectiva en los ámbitos regional y global, el sistema interamericano no puede hacerse de la vista gorda como viene ocurriendo con la inaplicación de la Carta Democrática al régimen autoritario de Caracas.
Si el señor Chávez desea reproducir al señor Castro (y renovar a Cuba en Venezuela) exportando la revolución y generando eventualmente una crisis nuclear que remede peculiarmente la de 1962 sin tener en cuenta la seguridad de sus vecinos, sus vecinos deben entonces pedirle explicaciones y rectificaciones en el marco correspondiente: la OEA.