Alejandro Deustua
5 de oct de 2012
14 años después de la primera elección de Hugo Chávez la oposición venezolana tiene la primera oportunidad real de vencerlo.
En efecto, después de que Chávez fuera electo en 1998 y ganara luego las elecciones generales de 2000 (que, bajo la nueva Constitución de 1999, amplió el período de gobierno a seis años -de 2001 a 2007-), la oposición sólo había logrado ganar, por mínimo margen, el referendo de 2007 (que consultaba sobre la reforma de 69 artículos constitucionales destinados a ampliar el poder presidencial).
Al margen de ello, la oposición sólo logró éxitos tácticos como en las elecciones parlamentarias de 2010 logrando suficientes representantes como para impedir que la mayoría oficialista legislara a voluntad sobre cuestiones cruciales (la “ley habilitante”, por ejemplo, que, sin embargo, fue otorgada en los tres períodos de Chávez para redefinir y controlar el poder). En el proceso, la oposición ha ido acumulando masa crítica, organización y militancia real.
Cualquiera fuera el resultado, éste 7 de diciembre marcará, en consecuencia, un punto de inflexión en el sistema político venezolano y, por la influencia de ese Estado, también en América Latina.
En efecto, esta vez una propuesta sencilla basada en la recuperación del Estado de Derecho, la separación de poderes, la igualdad ante la ley, el sostenimiento de la propiedad privada (representada por Henrique Capriles y la Mesa de Unidad Democrática) tiene la posibilidad de derrotar a un gobernante que ha hecho de Venezuela una autocracia, un baluarte partidario de sus instituciones y una sistémica conminación asistencialista de la libertad ciudadana.
Parece claro que esta alternativa maniquea sólo podía configurarse en la polarización política. Si ello presenta un cuadro de inseguridad, sin embargo, éste se identifica con el eventual ejercicio de la violencia política que el mismo presidente Chávez anuncia (al endilgarle a la oposición una voluntad golpista) y que es capaz de desatar más la milicia armada, subordinada al Jefe de Estado, que la oposición que se ha manifestado multitudinariamente en las calles.
Lo que está en juego en Venezuela es la posibilidad de rescate, por los venezolanos, de un gobierno cuyo monopolio del poder se ha legitimado en la práctica oficial del sectarismo organizado, del control de las instituciones al punto de la subordinación ideológica y de la apropiación de la economía a través del control de los ingresos de las exportaciones petroleras. Ese esquema de temor y exclusión que dice pretender inclusión social mediante la cooptación, ha logrado establecerse como una cuña insolidaria en la región.
En consecuencia el domingo también está en juego parte del futuro de la región cuya estabilidad ha sido alterada por el conjunto de relaciones que Venezuela, en alianza con Cuba, ha establecido de manera privilegiada con regímenes autoritarios cuya capacidad de generar inestabilidad ejemplifica tan bien el gobierno iraní.
Bajo estas circunstancias, la limpieza del proceso electoral venezolano de este domingo debía ser impecable. Pero el despliegue electoral del chavismo ha sido monumental en rangos que van desde el encadenamiento del voto chavista (especialmente el del sector público) hasta el amedrentamiento de la oposición (contra la que se ha empleado todo tipo de insultos y de amenazas –incluyendo las consecuencias que implica la acusación de golpista-).
Ello evidencia que las garantías electoral venezolanas son, por lo menos, precarias (a la vista está el uso y abuso de los medios de comunicación públicos y privados por el oficialismo obligados a trasmitir el mensaje chavista).
En ausencia de garantías internas, las obligaciones americanas de resguardo colectivo de la democracia representativa comprometidas en la Carta Democrática adquirían, en este caso, un valor adicional.
Lamentablemente esa obligación ha empezado a incumplirse con la negativa del gobierno venezolano a la observación internacional del proceso electoral. Esta práctica bien establecida en América Latina y fuera de ella, y por tanto legítima, ha querido reemplazarse mediante la figura del “acompañamiento” que el UNASUR ha aceptado.
Esta curiosa forma de dar cuenta de un proceso electoral crítico en la región no sólo carece de definición conocida sino que pareciera implicar la aquiescencia adelantada del proceso electoral.
El sistema interamericano, en consecuencia, debe estar alerta a la conducción de las elecciones venezolanas este domingo. Si gana el señor Capriles, el pleno respaldo regional debería lograse rápida y categóricamente. Y si gana Chávez, la región debiera estar preparada para exigirle garantías de respeto a todos los venezolanos sobre los que pende la imposición de un proyecto político disfuncional a la América Latina.