Alejandro Deustua
29 de oct de 2010
Las elecciones legislativas federales y estaduales norteamericana (“midterm elections”) cambiarán, el próximo 2 de noviembre, una vez, más el punto de sustentación de la política exterior de la primera potencia. El probable triunfo republicano en un tercio del Senado y en la Cámara de Representantes, complicará aún más la discrecionalidad del Presidente Obama en el control de esa política.
Aunque este tipo de cambios forma parte del mecanismo de pesos y contrapesos de la democracia estadounidense y de su práctica periódica, esta vez se producen en un escenario de crisis sistémica. La pérdida por el Ejecutivo de mayor libertad de acción en este complejísimo escenario tendrá un precio mayor para el Estado norteamericano y no sólo para su Presidente.
A ello concurre el hecho fundamental de que la primera superpotencia abandonó hace tiempo el “momento unipolar” e ingresó en un escenario de mayor competencia estructural que está lejos de definirse. Su pérdida de capacidades relativas en los ámbitos económico y de seguridad tiene, además, un correlato evidente en la erosión contemporánea de su poder e influencia.
El reflejo de esa erosión se manifiesta en la improbabilidad de victoria norteamericana y aliada en los escenarios bélicos en que se ha comprometido que han evolucionado, más bien, hacia la dinámica del retiro (los casos de Irak, en proceso de concreción, y de Afganistán, en proceso de inicio). Ello tendrá un efecto multiplicador en el cuestionamiento del rol estadounidense en la solución de otros conflictos regionales de impacto global (Irán, que ha completado el aprestamiento de sus dispositivos nucleares; Corea del Norte, que se prepara para una transición sin haber cedido en su posición nuclear ni en la de la proliferación ni en la de la desestabilización geopolítica; o el árabe-palestino, cuyo enésimo proceso de diálogo sigue las tortuosidades de siempre).
La pérdida de discrecionalidad política de la Casa Blanca golpeará también la capacidad ejecutiva de forzar la coordinación internacional de políticas económicas para asegurar una salida sustentable de los programas de estímulo. En efecto, es probable que la nueva conformación del Congreso norteamericano sea disfuncional a iniciativas de recuperación interna que supongan mayor gasto, sea éste fiscal o monetario, y funcional a recorte tributarios.
Más allá de que ello se refleje o no en un recorte del gasto discrecional del Departamento de Defensa, es posible que se agudice la controversia entre los que proponen un ajuste gradual y ad hoc (el FMI y algunos en el G20) y los menos dispuestos a ello (ello a pesar de que una posición más conservadora norteamericana coincidiría con la europea). Las consecuencias potenciales están a la vista: mayor presión sobre los países superavitarios (China) y menor atención a los efectos contractivos del ajuste enérgico y a la apreciación monetaria en los países en desarrollo.
Como resultado de este eventual cambio de valencia de la política exterior de Estados Unidos, su pérdida inercial de hegemonía se traducirá en pérdida de imagen entendida como referencia pero también como respeto por terceros. De ello ya dan cuenta hasta los socios más cercanos de la primera potencia: el Reino Unido, que ha apurado el retiro de tropas de los frentes iraquí y afgano y procedido a un recorte del presupuesto de defensa superior al prudente según el aliado mayor de la “relación especial”; y Alemania, que ha dado a entender que podría imputar a Estados Unidos “manipulación cambiaria” si procede a extralimitar su política monetaria soltando dólares al mercado a través de la compra masiva de bonos. Esto no es poca cosa: la eventual imputación germana es la que algunos en Occidente desean aplicar a China por la manipulación devaluatoria del yuan.
Frente a esta situación, en la que hacen agua las ingenuidades del “soft power” de los ex - asesores de la Secretaría de Estado, la Casa Blanca no tendrá mayor campo de maniobra que el que pueda negociar con la eventual nueva mayoría en el Congreso.
Pero en este punto, el caso es aún más complejo. En efecto, la pérdida de cohesión social que ha producido la crisis ha evolucionado en Estados Unidos hacia la fragmentación y a la confrontación ideológica (el radicalismo conservador del Tea Party en el partido Republicano) y de clases sociales (entre pobres que han abandonado el mercado laboral que ya se cuentan en dos dígitos, clases medias agobiadas por hipotecas impagables y desempleo, y ricos que se niegan a pagar impuestos). Ello también se dejará sentir en la política exterior de la democracia más poderosa del mundo: el internacionalismo benigno de Obama puede derivar en la reactivación de la beligerancia republicanos de vocación ofensiva (p.e. incrementando tendencias a la coerción económica) o defensiva (p.e. la aplicación de más medidas proteccionistas). Sobre esa vereda, que el Washington Post define como cargada de “ira, frustración y miedo”, caminarán los electores para producir el “swing” en los comicios del próximo 2 de noviembre.
Ello tendrá una implicancia adicional: el poder considerable que, en materia fiscal y comercial externa -y de manera más ambigua en el campo político-, otorga la Constitución al Congreso puede resultar asentado en el vacío. En efecto, a la pérdida de sustento del Ejecutivo demócrata se sumará la del propio Congreso: éste es hoy la institución con menor aprobación entre el público norteamericano (apenas 14%, mientras sólo 8% de los ciudadanos opina que sus integrantes deben ser reelegidos según una encuesta New York Times-CBS).
A pesar de ello, el efecto de la pérdida de apoyo interno de la política exterior podría ser menos intenso por dos razones. Primero, porque ésta tiene una cierta (y sólo cierta), dinámica propia (que se intensifica en regiones no conflictivas como Suramérica). Y segundo porque la proclividad demócrata del electorado ciertamente ha retrocedido hasta perder lo ganado en las elecciones del 2008 (incluyendo la fuga de los numerosos independientes), pero no al punto de la implosión representativa: por ejemplo, el partido Demócrata podría ganar los grandes Estados de California, Tejas y Florida. En todo caso, la encuesta NYT/CBS otorga un margen no abrumador de victoria a los republicanos (46%) y mantiene a los demócratas con un apoyo que ronda el 40%.
Pero ello no es alivio para el Ejecutivo que ha sido abandonado por varios de sus principales colaboradores. Desde Larry Summers, Director del Concejo de Asesores Económicos del Presidente, hasta el principal consejero político, Rahm Emmanuel, Director de Personal de la Casa Blanca. A ello debe agregarse el retiro forzado del comandante en Afganistán, el General Stanley McChrystal y su reemplazo por un oficial de vocación republicana (según fuentes verosímiles) que peleó bajo las órdenes del Presidente Bush, el General David Patraeus. Estas renuncias ocurren en el contexto de comentarios crecientes sobre un eventual retiro del Secretario de Defensa, Robert Gates (que sirvió también bajo el presidente Bush).
A este abandono de autoridades principalísimas de la Casa Blanca en materia política, económica y de seguridad se agrega el fuerte descenso en la aceptación popular del Presidente Obama: de 68% en abril de 2009 a 44% (Gallup) o a 41% (Pew) en setiembre (aunque 45% aprueba su gestión) (NYT/CBS).
Es verdad que la aprobación pública de Ronald Reagan (que se retiró con una alta aprobación al culminar su segundo gobierno), repuntó luego de una caída al 41% en 1982 hasta ser reelecto en 1983 (y reasumir en 1984). Y Bill Clinton en 1994 superó el 44% del segundo año de gobierno para presidir un segundo período. Es más 56% del electorado opina hoy en términos optimistas de la gestión de Obama para los próximos dos años (NYT/CBS).
Pero esa misma encuesta registra que el 61% de los norteamericanos considera que su país está orientado en la dirección equivocada. Esta quizás sea la percepción que manda. Y también más contundente que la sentimental (al 40% que simpatiza con Obama se suma el hecho que apenas un 36% tiene una opinión desfavorable del Presidente).
A pesar de su evidente debilitamiento interno, la interacción de Estados Unidos con América Latina seguirá siendo intensa, aunque no necesariamente la mejor. La complicada situación de seguridad de Méjico, la transición cubana, la emergencia brasileña, los realineamientos y fragmentación suramericanos y los problemas globales “tradicionales” requieren de atención continua. Por lo demás, la creciente complejidad de la relación extra- regional de nuestros países debiera incrementar el interés norteamericano en el área (algo que, sin embargo, no se ha mostrado con eficiencia más allá del discurso de Obama en la cumbre hemisférica de Puerto España en abril del 2009). Sin embargo, el debilitamiento del soporte de la política exterior norteamericana puede obstruir la respuesta a la región.
Pero más preocupante que ello es la insuficiente reacción de los Estados Unidos a la pérdida de su status. Más allá de su sustancial y progresiva erosión de hegemonía, esa potencia sigue siendo indispensable para la buena marcha de Occidente, para la consistencia del sistema internacional y para un aceptable equilibrio global en un escenario de incremento de potencias emergentes. De sus gobernantes y representantes depende que esa situación imparable no decaiga, se desestabilice más o implosione arruinando no sólo el balance necesario sino el tejido de interdependencia.