Alejandro Deustua
6 de nov de 2005
7 de noviembre de 2005
Alberto Fujmori y quienes lo ayudan o asesoran no podían haber elegido mejor momento para perjudicar al Perú en el manejo de un tema sensible –una controversia sobre delimitación marítima- con un vecino complejo –Chile- en un proceso bilateral inestable –el tránsito del conflicto a la cooperación intensamente propenso a impasses y crisis-.
Pero ello no es necesariamente así en la perspectiva de Fujimori precisamente porque esta coyuntura excepcional para ambos países es percibida por él como beneficiosa. De ello se concluye que su interés personal es absolutamente contradictorio con el interés nacional.
He allí una demostración de la oscuridad del personaje. Y también uno de los fundamentos que permiten explicar su fácil predisposición a someterse a la soberanía de una potencia extranjera involucrando –como ocurrió en su momento- el cargo de la Presidencia de la República. Si en la legislación penal este hecho se define como traición a la Patria y Fujimori no parece percatarse del hecho, ello también explica su predisposición para incurrir en el delito ordinario sin que ello le importe demasiado.
De allí que tampoco le sea complicado transladar el escenario antiperuano que él creó en el Japón a Chile e intente convertir a un Estado de particular connotación histórica y estratégica como nuestro vecino en el equivalente desafiante de la gran pontenca asiática.
Al hacerlo, Fujimori ha generado una de las peores crisis que caracterizan al difícil proceso de aproximación peruano-chileno. Y al hacerlo ha incrementado la inestabilidad preexistente y agregado cimientos a las posibilidades de que ésta evolucione hacia una etapa de conflicto diplomático contraria a la realización de intereses primarios que al Perú le interesa plantear ahora.
De plantearse este escenario, éste atestiguará la erosión de la eficacia de la política exterior peruana. En efecto, en relación a Chile ésta tenderá a debilitarse en tanto deberá desconcentrar su atención en varios frentes no previstos en el trato con el vecino. En ese proceso no sólo no se pueden percibir hoy beneficios claros sino que los perjuicios ya están a la vista: la pérdida de cohesión nacional en el trato del problema delimitatorio (a lo que contribuye la falta de consenso necesario para la aprobación de la Convención del Mar) y la incorporación de elementos subjetivos irracionales –“el fujimorismo activo”- a la problemática internacional del Perú.
En tanto esta fenomenología proyecta una imagen de debilidad nacional en el vecino, éste verá fortalecida su posición en el trato de los contenciosos con el Perú. Pero lo hará con un agregado aún más perjudicial todavía: si, desde Santiago, Fujimori podrá influir en el proceso electoral peruano, es evidente que quien cumple el rol de definir su destino jurídico –el gobierno de Chile- sentirá que puede también pretender cambiar el curso electoral en el Perú. Fujimori, por tanto, se ha convertido voluntariamente en un instrumento de poder del vecino o ha buscado serlo.
Esta situación -que ubica a su autor entre la provocación al Estado que alguna vez representó y la traición abierta- no se traduce, sin embargo, en ventajas automáticas para Chile si a nuestro vecino le interesa la buena relación con el Perú. En tanto la fricción –que es ahora también social- puede crear obstáculos mayores a los legítimos intereses chilenos en el Perú, ésta será directamente proporcional a lo que el vecino percibe erróneamente como “antichilenismo” al tiempo que conflictos previamene inexistentes –como los interinstitucionales p.e. entre los respectivos fueros jurisdiccionales- pueden emerger. Si ello va acompañado de la percepción peruana de que entidades chilenas cobijan deliberadamente a Fujimori, la desconfianza mutua erosionará lo difícilmente ganado en ese terreno.
Si ello ocurre, la tarea de las instituciones bilaterales –como las que organizan a las altas autoridades políticas y de defensa- habrán reducido su campo de acción. Revertir esa tendencia siempre será más costoso (como costoso será poner en evidencia el mecanismo que ampara financiera y políticamente a Fujimori desde fuera).
De otro lado, las pérdidas institucionales para el Perú ya están a la vista: la ineficacia de la política peruana en el trato del casoFujimori frente a Japón ciertamente es un revés para la Cancillería. Éste es aún mayor si se tiene en cuenta la absoluta falta de información de nuestra misión diplomática en Tokyo (que desconocía el viaje) y su nula predisposicón a aplicar la ley internacional y la peruana dentro de territorio nacional: el Consulado del Perú en la capital japonesa, disponiendo de la orden de captura de Interpol, fue incapaz de tomar medida coercitiva alguna.
En tanto el Perú no tiene control del caso, ahora sólo le resta seguir actuando judicialmente (esta vez ante el fuero chileno). Si éste produce una extradición “rápida”, se habrán minimizado los daños. En cambio si la decisión se prolonga excesivamente en el tiempo, el ambiente de incertidumbre en la relación bilateral puede agravarse. Y si se niega la extradición, un nuevo frente de conflicto se habrá abierto entre Perú y Chile. Entonces, el interés personal de Fujimori se habrá nuevamente impuesto sobre el interés ncional peruano. Esto sencillamente no puede ocurrir.