Alejandro Deustua
7 de oct de 2009
Si la OEA, la ONU u otros organismos hubieran decido perfeccionar (en el primer caso) o adoptar (en el segundo) el compromiso de cautelar coactivamente la democracia representativa en el mundo el hecho sería revolucionario. Lo actuado por esas instituciones en el caso de Honduras quisiera aproximarse a esa utopía.
Lamentablemente, éste no es el caso a pesar de que el número de Estados que pertenecen al ámbito del liberalismo político se ha ampliado globalmente desde el fin de la Guerra Fría. Últimamente, sin embargo, a la pérdida de impulso de la expansión liberal se ha sumado la manipulación de regímenes liberales (como los de protección democrática) por Estados interesados en promoverse mediante demostraciones de poder (en este caso, a través del asilamiento de Honduras).
Que en ese país se realizó un golpe de Estado es formalmente claro (un presidente electo democráticamente fue expulsado del gobierno y exiliado). Lo que es claro también es que ese presidente contrarió primero la voluntad de sus electores (que lo creyeron liberal y sin embargo asoció a Honduras al ALBA) y pretendió luego violentar la constitución hondureña llamando a un referéndum ilegítimo para perpetuarse en el poder (violentando, por tanto, el Estado de Derecho). El Poder Judicial hondureño se pronunció en contra de esa decisión e impugnó las acciones del presidente en cuestión. Lamentablemente, autoridades hondureñas aplicaron abusivamente la ley que disponía la medida correctiva correspondiente.
Estos hechos no fueron adecuadamente evaluados fueron por los miembros de la OEA cuando decidieron suspender la participación de Honduras en el sistema interamericano en julio pasado (el gobierno de facto, sin embargo, se adelantó a esa decisión autoexcluyéndose por anticipado).
Aunque, en este caso, las instancias formales dispuestas por la Carta Democrática fueron respetadas, la Asamblea General de la OEA tomó esa decisión con inusual rapidez (una semana medió apenas entre el golpe y la Resolución correspondiente) cerrando las puertas a cualquier negociación interna (que luego la OEA misma iba a procurar a través de la mediación de Costa Rica).
Ello no sólo contrastó con obvios antecedentes interamericanos (por ejemplo, el golpe de Fujimori que fue tratado, en más de un período, por esa Asamblea General) sino con la condición de los Estados que mostraron especial interés en apurar la máxima sanción para Honduras (los gobernantes de esos Estados llegaron al poder por el voto popular, violentaron las instituciones republicanas y cambiaron sus respectivas constituciones para reelegirse). Sin distinguirse de estos Estados autoritarios, Estados cuya expediente democrático es incuestionable participaron en ese proceso con similar premura.
Esta distorsión de un régimen colectivo liberal por quienes lo vulneran en sus propios países no se limitó al ámbito interamericano. Casi sobre la marcha, la Asamblea General de la ONU, que alberga por lo menos a 50 Estados autoritarios y totalitarios, emitió una Resolución de condena al golpe en Honduras. El Consejo de Seguridad “agendó” también la materia y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (que entre sus miembros actuales cuenta con algunos Estados africanos y asiáticos de cuestionables credenciales democráticas), expulsó al representante de Honduras.
Si el interés en aislar a este país ha sido liderado por Estados autoritarios con la participación de Estados liberales que, sin embargo, pretenden mostrar su influencia en este empeño, la interrogante mayor (¿desde cuándo los miembros de estos organismos multilaterales adoptaron un compromiso de protección colectiva de la democracia representativa sin límites regionales?) sólo tiene una respuesta obvia: nunca. Entonces, esta respuesta va acompañada de una interrogante aún más elemental: ¿desde cuándo los cambios en la distribución de poder internacional se reflejan políticamente en los regímenes multilaterales actuales? La respuesta es desde que empezó ese proceso redistributivo. Pero ahora ha agregado una variable: el abuso del poder emergente en el ámbito global por algunos países latinoamericanos.
De otro lado, si Centroamérica ha sido históricamente centro de disputas entre Estados americanos y los que no lo son, hoy esa condición se reitera en el caso hondureño en el que los actores más influyentes se esconden en una cuestionable acción colectiva.
Ésta, por lo demás, no sólo no ha evitado la negociación entre los actores internos y vecinales relevantes (la mediación de Costa Rica sigue vigente) sino que ha distorsionado el régimen interamericano (que ha sido sobrepasado por foros externos y por actores propios) restando eficacia a su decisión más extrema (la exclusión de un Estado) en aras del crudo ejercicio del poder. En tanto el rol de los miembros del ALBA ha sido evidente al respecto, el de ciertas potencias liberales (como Estados Unidos y Brasil) debe aún ser clarificado.