Inversión Extranjera, Friendshoring y el Banco Mundial

28 de  mayo de 2024

América Latina se aproxima al cierre de la primera mitad de la década con serios problemas de crecimiento y de inserción externa en momentos de cambio sistémico. Mientras su perfomance regional se proyecta en niveles cercanos al 50% del promedio de las economías emergentes y las exportaciones suramericanas se concentran en el mercado de un competidor sistémico de nuestros socios occidentales la inversión extranjera (IED), aunque recuperada, no fluye ni prioritaria ni adecuadamente a la región.

El Banco Mundial (Maloney) (1) reporta este último problema expresando  preocupación por la pérdida de oportunidades de atraer inversión norteamericana en el marco del “friendshoring”. En esa disposición financiera convergen el interés de Estados Unidos de reorientar sus cadenas de suministros vinculadas a China y el interés regional de integrarse al mundo mediante cadenas de valor globales. Para lo primero Estados Unidos requiere  de “socios y aliados confiables” y América Latina necesita inversiones nuevas que enriquezcan mercados pequeños, con escasos actores económicos potentes, abundancia de trabajo informal y profusión de empresas que no sobrepasan la decena de empleos.

Esa convergencia de intereses no se expresa, sin embargo, en la recuperación reciente de la inversión extranjera en el área  ni en la diversificación de la misma. Si bien ésta aumentó en 2022 (US$ 225 mil millones, CEPAL) a los niveles de 2014, no ha llegado a las cotas del 2010 mientras continuó privilegiando a Brasil (41%) y México (17%) al tiempo que los demás suramericanos no superaban el 10% (Chile, 9%; Perú, 5%). 

Al respecto, el  Banco Mundial sostiene que esta estadística mostraría que, la proximidad geográfica  no basta para atraer inversiones basadas  en “friendshoring”. Para beneficiarse de esa corriente, sostiene, es necesario avanzar en facilitación del comercio, eficiencia portuaria (lo que añade exigencias al puerto de Chancay), mejoras en el clima de negocios, mayor profundidad en los acuerdos de libre comercio y mejoras de capacidades locales en educación técnica, ingeniería y gestión. (Op.Cit).  

Aunque esos requerimientos son sensatos, algunos de ellos aluden a reformas complejas que producirán resultados en el largo plazo.  En efecto, disminuir la informalidad, mejorar las capacidades de la oferta laboral o restablecer el equilibrio del sistema político  toma tiempo y consenso. Ese plazo es demasiado extenso para las necesidades regionales de IED de corto y mediano plazo. Y también desentona con el interés norteamericano de reorientar sus cadenas de suministros ahora. Es más, si ese interés es sistémico, es difícil estar de acuerdo con que la región está perdiendo la ventana de oportunidad de inversiones “nearshoring” por no avanzar en las reformas requeridas y carecer de políticas de promoción adecuadas.

Por lo demás, si en apariencia, algunas de las ventajas competitivas latinoamericanas consisten en un menor nivel de remuneraciones en relación a China, unidad idiomática o, efectivamente, proximidad geográfica que reduce costos,  no parece razonable esperar a que el potencial mercado receptor muestre condiciones ideales para el inversionista norteamericano (el caso de México lo demuestra).

Especialmente si las oportunidades de inversión se refieren a sectores como  infraestructura (como el portuario -sector en el que Estados Unidos pierde sitio como lo evidencia la inversión china en el puerto de Chancay). O si el mercado para el desarrollo de nuevas tecnologías  (que, efectivamente, requiere de capacidades locales sofisticadas) es un espacio abierto en la región donde es menos difícil crecer en base al desarrollo progresivo de capacidades (p.e. el caso de Costa Rica y sus instalaciones de ensamblaje de semiconductores). 

De otro lado, la disposición del inversionista norteamericano al manejo eficiente de riesgos es parte del ADN de ese empresariado (que tiene, además, larga su experiencia en la región). Prueba de ello es que la IED  de origen norteamericano en el área corresponde al 38% del total superando a otras fuentes.

Por lo demás, si bien el requerimiento de lograr una mayor profundidad en acuerdos de libre comercio no es irrazonable, es evidente que países como el Perú ya han alcanzado esos niveles en el acuerdo respectivo con Estados Unidos involucrando temas requeridos como facilitación del comercio, convergencia normativa e inclusión de áreas como servicios.

Al respecto se debe considerar que la evaluación de esos acuerdos por Estados Unidos debe hacerse país por país evitando generalizaciones (como parece hacer el Banco Mundial con la demanda de profundización adicional al constatar que el ritmo de negociación de esos acuerdos ha caído).

En este punto, la responsabilidad norteamericana es mayor. En efecto, la primera potencia no sólo no ha deseado mantener su rol en acuerdos comerciales plurilaterales bajo la administración Trump (el TPP o Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica  que convoca a 12 países -entre ellos al Perú-) sino que a principios de año dejó sin piso momentáneo al acuerdo sobre cadenas de valor y normas equitativas en el Indopacífico (Marco Económico del Indopacífico). Esa dinámica se inscribe en un cuadro proteccionista más amplio sustentado en una amplia red de sanciones económicas y nuevas barreras al comercio basadas en criterios de seguridad y de competencia interestatal que tendería a prolongarse en el futuro  (especialmente si el Sr. Trump gana las próximas elecciones). Ello enturbia el desarrollo general de TLC profundos  en el ámbito de las normas OMC y fomenta el bilateralismo comercial extremadamente selectivo. 

Ello no obstante, la mayoría de los países latinoamericanos necesita la inversión norteamericana al tiempo que  a Estados Unidos le intereses revaluar la relación con América Latina. La convergencia de intereses es obvia. Prueba de ello es la Iniciativa para la Prosperidad Económica de las Américas planteada por el presidente Biden en 2022 para promover la integración regional, el empleo, la democracia y la equidad. Perú suscribió la declaración multilateral correspondiente en enero de 2023 mientras intensifica su interés por mejorar su inserción en el mundo incorporándose a cadenas de valor global en las que Estados Unidos desempeñe un rol mayor.

Para implementar esa convergencia entre la mayor potencia y la región  y, en ese marco, mejorar  la promoción de IED , quizás los funcionarios del Banco Mundial encargados de América Latina podrían contribuir de manera más práctica.