Alejandro Deustua
23 de mar de 2007
Una de las razones principales que motivan la urgencia para el retiro de la coalición internacional liderada por Estados Unidos en Irak es la crueldad de la guerra cuya apocalíptica violencia, como ocurre en toda confrontación bélica desde fines de los 60, es transmitida por TV y otros medios.
Como resultado, la percepción de una buena mayoría de la opinión pública y de no pocos gobiernos es que los causantes principales de esa carnicería son los miembros de la Coalición a pesar de que lo que vemos en pantalla son salvajes atentados con coches-bomba y otro tipo de ataques-suicidas y no actos de guerra de fuerzas regulares.
Aquéllos no sólo son extremadamente difíciles de confrontar o prevenir sino que, por alguna extraña razón, tienden a concentrar la atención sobre el invasor que trata de poner orden y menos sobre las víctimas y sobre los autores del crimen. Es más, estos últimos suelen ser referidos como miembros de la "resistencia" o de algunas de las facciones fundamentalistas chiitas, sunitas o de Al Qaeda sin atribución de mayor responsabilidad.
Ello ocurre a pesar de la evidencia de que la mayor cantidad de víctimas son bárbaramente asesinadas por estos grupos configurando una práctica sistemática de terrorismo condenado por la ley internacional. Y sin embargo, ni los organismos de la ONU, ni los procuradores públicos ni los defensores de los derechos humanos han realizado campaña equivalente a su oposición a la guerra.
Este patrón de conducta tiende a soslayar el hecho de que las tropas de la Coalición están en Irak bajo mandato explícito de la ONU y que su misión es establecer el orden en ese país bajo la autoridad "cedida" por el gobierno iraquí que, a su vez, es reconocido como legítimo por la comunidad internacional.
Es claro para todos que, dentro de este marco, si estas fuerzas se exceden en sus acciones la ley internacional debiera poder aplicárseles. Puede que ello no ocurra, pero éste es el entendimiento universal sobre la materia.
Sin embargo, no sucede lo mismo con los grupos terroristas que se dicen miembros de la "resistencia" cuando atacan inmisericordemente a la población civil y confrontan menos a lo que consideran "fuerza invasora". Si su objetivo es crear un ambiente de caos y pavor que ilegitime la presencia de esa fuerza e impida el arraigo de un gobierno democrático y del Estado de Derecho, es evidente que serán más eficaces confrontando menos al enemigo (el militar regular) sencillamente porque no tendrán mayor respuesta si atacan a ciudadanos inermes.
Y si su objetivo es la población civil sobre la se ceban no sólo para intimidarla sino para lograr resultados políticos que modifiquen la conducta de la ONU, de los Estados Unidos y de los otros estados participantes, estamos frente a un cuadro patente de terrorismo de gran escala, cuyos autores son políticamente reconocibles, que contiene todos los elementos con que la comunidad internacional ha pretendido definir ese acto bárbaro.
Si la definición precisa de este delito no se ha logrado formalizar universalmente, tanto la Asamblea General de la ONU como el Consejo de Seguridad han producido resoluciones que obligan a los Estados a confrontar el terrorismo bajo premisas que todos entienden. Sin embargo, nadie ha impugnado penalmente, más allá de la elaboración de listados estatales e internacionales que identifican a estas organizaciones, a los fundamentalistas islámicos en este marco.
Quizás esa omisión se deba a que la tribulación que producen las cifras de bajas. En efecto, según Estados Unidos las bajas civiles en Irak ascienden a 30 mil, según la ONU a 40 mil, según la organización Irak Body Count a 50 mil y según Iraquiyun (una organización irquí) a 128 mil (1). Peor aún, según un cuestionado estudio de los epidemiólogos de Johns Hopkins Gilbert H. Burnham y Leslie F. Roberts (2) las bajas estimadas en relación al escenario preexistente a la invasión se establecerían en un rango de entre 400 mil y 900 mil (con una media de 654,965).
Al margen de las bajas militares norteamericanas (más de 3 mil), el estudio muestra que las bajas civiles atribuidas a las fuerzas regulares son del orden del 31%. El resto ha sido causada por la violencia sectaria iraquí a través de ataques (disparos) directos superando las que han producido los carros-bomba y los ataques aéreos (3).
No vamos a cometer el error de olvidar que esos números tienen nombre propio. Pero debe recordarse que ellos muestran dónde esta la responsabilidad impune de la barbarie. Los grupos terroristas chiitas, sunitas y de Al Qaeda que la han producido deben ser acusadas por crímenes contra la humanidad por los Estados, los organismos internacionales y las organizaciones civiles al tanto de los hechos.