Alejandro Deustua
4 de sep de 2005
5 de setiembre de 2005
Durante tres días, a partir del 14 de setiembre, la Asamblea General de la ONU, llevará a cabo su 60 reunión ordinaria con la presencia de alrededor 140 Jefes de Estado o de gobierno. Una agenda que cubre temas fundamentales sobre desarrollo, seguridad, promoción de valores universales y cambios institucionales anuncia que los miembros de la organización internacional más longeva de la historia esperan resultados de efectivo beneficio público. En una escenario de expansión económica -que ha superado su apogeo- y de ausencia de beligerante conflicto sistémico -pero plagado de nuevos desafíos- es necesario que aquéllos se concreten. Si ello no ocurre, la dimensión onomástica del acontecimiento aflojará las amarras del régimen internacional más exitoso en uno de los momentos de mayor necesidad de orden, estabilidad y progreso internacionales.
Para tratar los problemas del desarrollo la Asamblea General evaluará primero el proceso de cumplimiento de los Objetivos del Milenio que, hace cinco años, comprometió el esfuerzo colectivo en la lucha por la erradicación del hambre y contra la pobreza extrema (reducción del 50%), por la educación primaria completa sin discriminación de género, la atención de la salud básica (especialmente la reducción drástica de la mortalidad infantil y materna), el medio ambiente y el desarrollo (a través de la apertura del comercio fundamentalmente) hacia el 2015.
Según la Secretaría General de la ONU estos objetivos deben realizarse mediante el incremento de la cooperación internacional de los países desarrollados (un proceso de aumento sustancial que tiene como referencia el 0.7% del PBI de cada Estado) y la incorporación transparente y bien administrada de esos objetivos a las políticas de los países en desarrollo.
A la fecha se están haciendo avances de resultados distribuidos entre la suficiencia de cumpliento, la buena orientación y la insuficiencia de ejecución que será examinados con el fin de renovar el compromiso colectivo. Como muestra de buena voluntad resalta la disposición del Grupo de los 8 de incrementar la cooperación con el África y de cancelar las obligaciones financieras a 18 de los países más fuertemente endeudados. Ciertamente estos esfuerzos, que debieran contar con US$ 50 mil millones para asegurar su éxito universal, deben progresar porque de ellos depende la supervivencia de 1200 millones de personas.
Sin embargo, éstos pueden ser trabados por las limitaciones fiscales de nuestras políticas económicas –que, como se sabe, comprometen también compromisos con organismos multilaterales vinculados al sistema de Naciones Unidas-, por la excesiva concentración en el asistencialismo que no corrige los problemas de acceso a las fuentes de capital y por los problemas de la Ronda Doha este año (la desaparición de los subsidios a la producción agrícola de los países desarrollados está lejos de concretarse y el trato especial y diferenciado es menos real que ligado al cumplimiento común de reglas de juego que no admiten excepciones). Si esto no se enmienda seguiremos teniendo algo menos de lo mismo.
En el ámbito de la seguridad, la Asamblea General ha adoptado las prioridades de combatir el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Si ésta es o no una “agenda norteamericana” ahora importa menos en tanto esas amenazas son ya consideradas por la comunidad internacional como reales y ésta, en consecuencia, sólo puede avanzar en la organización de su defensa colectiva si no desea autoderrotarse.
Si para ello el difícil consenso sobre la definición de terrorismo no se logra, los Estados afines deben dejar para la firma el tratado general contra el terrorismo que se incluye en la agenda de manera que éste pueda ser suscrito por los que deseen efectivamente empeñarse en el mejoramiento sustancial de su defensa contra organizaciones concretas sin debilitar el esfuerzo nacional en la materia. La identificación del enemigo es acá indispensable para no distraer recursos y ganar en eficacia.
En cuanto al tratado contra la proliferación de armas de destrucción masiva, éste debiera poder lograrse. Sin embargo éste debe incluir a todos los productores y comercializadores de insumos sin excepción teniendo como antecedente el Tratado de No Proliferación Nucleares que, habiendo sido prorrogado, no es cumplido ni por los no suscriptores (por eso se abstuvieron) ni por las potencias nucleares que sí lo firmaron.
En el ámbito de los valores, es interesante que la dimensión universal de los derechos humanos se siga reconociendo a pesar de aquellos Estados que tienden a considerar que éstos son fundamentalmente occidentales. Al respecto debe destacarse la apreciación aparentemente general sobre la necesidad de cambiar la actual Comisión de Derechos Humanos por un organismo permanente (no sujeto a la rotación constante producto del voto) menos proclive a la “politización” del tema. Si esta alternativa, que es también política, tiene éxito reflejaría un consenso internacional sobre la validez intrínseca de los derechos humanos en el ámbito global que la discusión ideológica y la práctica político-burocrática hoy le niegan.
Finalmente, la Asamblea General tratará el proceso de reforma de la ONU en sus tres ámbitos: el Consejo de Seguridad, la Secretaría General y el propio funcionamiento de la Asamblea. En tanto los dos últimos son procesos fundamentalmente administrativos y burocráticos, éstos será menos contenciosos que las alternativas que se plantean para la adecuación del Consejo de Seguridad a las nuevas realidades de la post Guerra Fría. En tanto estos últimos involucran la distribución y la alteración de la jerarquía del poder internacional, lo más apropiado sería la ampliación de los miembros no permanentes y la expansión rotativa, siguiendo criterios regionales, de los miembros permanentes sin derecho a veto. Lo contrario llevará a un impasse que la ONU ahora no está en capacidad de resolver.
Si lo que se busca son resultados y el fortalecimiento de un régimen internacional históricamente exitoso antes que la celebración de un onomástico, éstas son algunas de las consideraciones que nuestra representación, que conseguirá un sitio bianual entre los miembros no permanentes del Consejo, podría tomar en cuenta.