Alejandro Deustua
17 de mar de 2021
Un nuevo, pero reiterado, ciclo de inestabilidad política se viene desarrollando en Bolivia como si las crisis económica y sanitaria del Covid no fueran suficientes.
A diferencia de las violentas protestas chilenas que desembocaron, luego de un plebiscito, en la organización de una Convención para producir un cambio constitucional; o de las ocurridas en el Perú para impedir la consagración de un gobierno espúreo, las masivas movilizaciones bolivianas se producen para atajar, nuevamente, los afanes autocráticos de otro gobierno del MAS.
Así, en La Paz, Cochabama, Santa Cruz, Trinidad y Sucre (las principales ciudades bolivianas), miles de manifestantes vienen expresando su rechazo a la detención de la ex-presidente interina Jeanine Áñez y la de otros ex -funcionarios, reclamando su liberación luego de que, de manera apresurada, se le impusiera a aquélla 4 años de prisión preventiva.
A favor de ese reclamo la poderosa congregación de obispos católicos boliviana se pronunció con anterioridad exigiendo que la demanda de liberación de la ex-presidenta fuera satisfecha de inmediato (y luego de calificar el hecho como propio de una autoridad judicial dependiente y manipulada -“sólo hay democracia si se respeta la Justicia independiente y no se la somete al interés político del Gobierno de turno”-).
Asimismo, la OEA solicitó la libertad de los detenidos teniendo en cuenta que los mecanismos judiciales empleados se vienen instrumentando como medios represivos de un partido. La OEA propuso como solución eventual una comisión internacional para investigar los casos de corrupción cometidos durante el gobierno de Evo Morales (DW).
Esa masa crítica organizada contra la detención arbitraria de la ex –presidenta interina ha sido acompañada por otros organismos internacionales y regionales de la mayor importancia. Éstos sin, embargo se han limitado a exigir declarativamente un “justo proceso”, transparente y que respete el Estado de Derecho y los derechos humanos. Tal es el caso de la Secretaría General de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y del Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad.
A la ex-presidenta se le acusa de “sedición, terrorismo y conspiración” por los actos nacidos de la renuncia del ex-presidente Morales en 2019. A esos cargos se han añadido acusaciones de corrupción y de promoción de un golpe de Estado.
Ello no obstante que en noviembre de 2019 Morales hizo renuncia pública a la presidencia (en consecuencia, no pudo haber golpe). Similares renuncias realizaron el vicepresidente García Linera y los miembros del MAS que presidían el Senado y la Cámara de Diputado. Y lo hicieron luego de que altos mando de la Fuerza Armada le sugirieran ese paso como forma de pacificar el país que había ingresado en un situación de imparable confrontación callejera y de ingobernabilidad manifiesta (el general a cargo en el momento, Williams Kalima, también está procesado).
Tal situación se presentó luego de que el autócrata Morales convocara a elecciones presidenciales para reelegirse obviando el resultado del referéndum de 2016 en el que la ciudadanía boliviana denegara esa posibilidad. Ello no obstante, el Tribunal Supremo Electoral, integrado mayoritariamente por miembros del partido de gobierno (el MAS), autorizó nuevos comicios arguyendo que presentarse a elecciones era un derecho humano y que, por tanto, Morales podía ser protagonista de ésas y subsiguientes elecciones.
El proceso electoral del caso, además de estar viciado en su origen, fue encontrado por la OEA como imposible de validar debido a “manipulación dolosa” y “graves irregularidades” (OEA, diciembre 2019).
Luego de renunciar, Morales huyó a México. Y tras evaluar dónde podría lograr mejor un nuevo asalto el poder se refugió en Argentina donde fue acogido con facilidades políticas extraordinarias y elogios inmatizados a la figura del autócrata irrespetando las normas de refugio y las decisiones del vecino.
Convocadas nuevas elecciones en octubre de 2020 fue electo, gracias a la fuerte división de la oposición boliviana, el ex-Ministro de Economía y Finanzas de Morales, Luis Arce Catacora. Su moderado desempeño en la cartera contrasta hoy con la disposición a la persecución y represión con la que su gobierno empieza a copiar los métodos de su antecesor quien, para muchos, es algo más que el poder en la sombra.
Políticos de oposición (como el ex-presidente Carlos Mesa) afirman que se ha iniciado en Bolivia una política represiva que utiliza al Ministerio Público y al Poder Judicial para lograr objetivos iniciales (que pueden incluir a Mesa como siguiente blanco).
Si, de momento, el viejo ALBA ha perdido en Suramérica al Ecuador a la espera de la segunda vuelta electoral, ha ganado a la Argentina del presidente Fernández, claro patrocinador de Morales, a cuyas posiciones quisiera atraer a México (un viaje presidencial a ese país lo ha dejado en claro).
De momento, el Perú sólo ha otorgado refugio a la ex-ministra de Áñez, Roxana Lizárraga. Sería muy pertinente que el gobierno se preparase para un nueva toma de posición frente a un gobierno que, como el del MAS, no respeta fronteras, leyes ni formatos diplomáticos.