Alejandro Deustua
4 de ago de 2005
5 de agosto de 2005
En una votación contenciosa, que reclamó la intervención personal del presidente Bush y del vice-presidente Cheney, la Cámara de Representantes del Congreso norteamericano acaba de aprobar el Cafta. Por apenas dos votos de diferencia (217-215) -y uno para obtener el resultado positivo- republicanos y demócratas resolvieron la aprobación de un tratado de libre comercio con seis pequeños países como si el destino económico de la primera potencia, definido por un intercambio anual de aproximadamente US$ 30 mil millones, estuviera en juego.
Si se considera que en el Senado el voto a favor triunfó también ajustadamente (55 vs 48), está claro que los legisladores norteamericanos entendieron que tenían en sus manos algo más que un acuerdo de libre comercio. Especialmente si se recuerda que el intercambio entre Estados Unidos y Centroamérica apenas representa el 1% del total del comercio exterior norteamericano (US$ 2910 mil millones en el 2004).
En apariencia una compleja situación que conjugó argumentos de seguridad, de autoridad en esferas de influencia, de competencia extraregional, de temor al incremento de una balanza comercial desfavorable y pérdida de empleos defendidos por representantes de los denominados “intereses especiales” interactuaron para definir tan inusual resultado.
Si bien es verdad que el crecimiento del empleo ha sido una preocupación norteamericana desde la contracción de hace pocos años y que los problemas generados por la “ exportación laboral” (el ourtsourcing) hacia centros de mano de obra barata (especialmente China) han incrementado la aprehensión estadounidense al respecto, el problema parece sobredimensionado.
En efecto, no sólo el crecimiento del empleo en julio último ha superado las expectativas (hasta 270 mill nuevos puestos de trabajo) sino que ese nivel coloca la proyección de desempleo cercana a la tasa natural del 5% . Por lo demás, la multibillonaria protección de la actividad agrícola norteamericana (cuya problemática Estados Unidos sólo discutirá en la OMC) y el compromiso de que las exportaciones más competitivas centroamericanas se surtirán de insumos fabricados en Estados Unidos, son factores que rebajan aún más la dimensión del problema laboral norteamericano por efectos del Cafta.
Aún así, es evidente que la permeabilidad del Congreso estadounidense a los lobbies que defienden intereses sectores potencialmente afectados por acuerdos de libre comercio (p.e., los sindicatos que sustentan el voto demócrata, los textileros y confeccionistas, entre otros) se incrementa bajo circunstancias particulares (el aumento del outsourcing principalmente estimulado por China). De allí que el Ejecutivo esgrimiera dos argumentos fundamentales para ganar votos decisivos para la aprobación del tratado de libre comercio. Primero, el acuerdo con Centroamérica contribuiría a frenar las importaciones baratas chinas en tanto las importaciones de confecciones p.e., desde el Cafta incluirían necesariamente bienes importados desde Estados Unidos por los productores centroamericanos. Segundo, Estados Unidos tiene en la pequeña Centroamérica un mercado para exportaciones superior a las que se destinan a las potencias emergentes más destacadas (Pakistán, India, Sur África).
A este cálculo mercantilista se añadió otro de política comercial liberal: en un contexto de frustración de las negociaciones comerciales multilaterales, Estados Unidos no podía autoinflingirse otra derrota en la intención de abrir mercados cuando ese interés forma parte de los objetivos centrales de la política exterior de la primera potencia. En efecto, desde hace mucho años -y más específicamente desde el gobierno demócrata del presidente Clinton- Estados Unidos ha dejado en claro que empleará todos los instrumentos necesarios –unilaterales, bilaterales, plurilaterales y multilaterales- para ampliar las fronteras del libre comercio a la par de la expansión democrática en el sistema internacional. Si el Cafta forma parte de ese esquema, éste no podía fracasar sin causar grave daño a los objetivos externos primarios de la primera potencia y a su política exterior.
Más aún cuando las negociaciones Cafta se dieron en el contexto de una seria retracción del gran proyecto hemisférico: el ALCA. Aunque éste se originó en 1994 bajo un gobierno demócrata, su antecedente –la Iniciativa de las Américas- se forjó bajo la administración republicana del primer Bush probando su condición bipartidista. Aunque las negociaciones ALCA no marchan con la velocidad deseada, su proceso básico –la convergencia progresiva de esquemas subregionales- está en marcha en el caso de la CAN y del Mercosur a pesar de tropiezos que contrastan con su grandielocuencia. Sin el Cafta, sin embargo, el eslabón centroamericano habría empantanado ese progreso en relación al conjunto latinoamericano y desmerecido intensamente la relativa prioridad regional.
Aprobado éste y avanzada la negociación con los andinos, el esquema hemisférico no sólo va definiéndose como efectivo sino que la consolidación de América como bloque integrado –en la perspectiva suramericana- y como esfera de influencia norteamericana –en la perspectiva de la superpotencia- se consolida.
Si bien este argumento estratégico no fue esgrimido con intensidad destacable, su correlato de seguridad sí contribuyó a definir el voto: el presidente Bush volvió a enfatizar la relación entre comercio y seguridad como herramienta de progreso y de estabilidad en una región que no acaba de emerger de una serie de intricados conflictos internos. Aunque éstos se dieron en la Guerra Fría, su remanencia en violencia organizada es aún visible. Un mayor crecimiento generado por la integración con Estados Unidos con efectos redistributivos en el Istmo resulta esencial para otorgar nuevas posibilidades de viabilidad a los pequeños Estados que lo componen.
Por lo demás, éstos, que forman parte de la primer círculo de influencia norteamericano, no podían quedar a merced de la renovada influencia venezolano-cubana en el Caribe. Menos cuando ésta promueve un proyecto alternativo de cooperación comercial en la región: el ALBA del presidente Chávez y su proyección política.
En la perspectiva de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, el argumento de seguridad es equivalente al que fundamenta la autorización otorgada al Ejecutivo norteamericano para negociar un acuerdo de libre comercio con los países andinos. De allí que un fracaso del Cafta habría mermado también las bases de la negociación del nuevo vínculo de integración andino-norteamericano. El éxito de la votación es, por tanto, redoblado.
Sin embargo, a la luz de la intensidad de la disputa entre demócratas y republicanos sobre la conveniencia del acuerdo; habiéndose invertido los roles en relación al Nafta (cuando los demócratas defendieron ardientemente la integración con México); y teniendo en cuenta la fortísima influencia de los sindicatos (que reclaman elevar el estándar de las normas laborales y ambientales para considerar nuevos acuerdos) y de grupos de presión como los agrícolas y de confecciones, no se puede concluir que la aprobación del acuerdo con los centroamericanos vaya a mejorar las posibilidades del acuerdo con los andinos.
En efecto, si el Ejecutivo norteamericano ha probado que dará batalla hasta donde sea necesario, la oposición demócrata en el Congreso ha marcado un punto: se reagrupará para resistir, en momentos en que el apoyo nacional a la política exterior del.presidente Bush disminuye, nuevos acuerdos de libre comercio aunque haya hecho lo contrario en el pasado facilitando, además del Nafta, los acuerdos con Chile (que también fue espinosa), Jordania, Signapur y Australia.