Alejandro Deustua
26 de abr de 2005
27 de abril de 2005
Como en todas partes, las relaciones entre agentes privados de diferentes países pueden, eventualmente, generar fricciones de preocupación pública. Si la afectación de políticas exteriores de los Estados por las relaciones exteriores entre sus agentes privados es corriente en las relaciones internacionales, la involucración de la sensibilidad nacional –que sí existe- tiende a elevar el nivel de impacto del hecho irritante. Este es el caso del video distorsionante de la imagen del país que propaló Lan Perú en sus vuelos de itinerario.
Al margen de cómo se soluciona política y empresarialmente el problema –cuestión que se ha dilatado más de la cuenta- el punto preocupante es la aparente subsistencia en la cultura empresarial de algunos inversionistas chilenos de factores que inhiben una adecuada sintonía con la cultura local. Si el Perú es huésped interesado de esa inversión ciertamente sus autoridades no desean que su origen desate inconvenientes bilaterales que, por su contenido emocional, pueden ser eventualmente más difíciles de manejar que la relación racional entre Estados. Como es evidente en este caso, algunos empresarios no están suficientemente alertas de las consecuencias de su actos o de sus inadvertencias.
La especial condición de su origen –que desmiente el hecho de que el capital extranjero no tenga bandera- debiera obligar a ese grupo empresarial a ser especialmente meticuloso en el respeto de la legislación y organizaciones locales, de los símbolos vernaculares y de la tradición del país anfitrión. Especialmente cuando se sabe que, cuando ello no ocurre, la reacción local –como en otras partes- tiende a ser elástica. Lamentablemente para el conjunto de empresarios sureños, algunos de sus exponentes más visibles no atienden con suficiente seriedad esos preceptos básicos de los que depende el buen curso de su empresa. Y al no hacerlo, el malestar generado tiende a complicar al conjunto empresarial que sí respeta las normas locales y que contribuyen a generan una interdependecia constructiva que los respectivos Estados amparan.
Así ocurrió en el caso de las AFP cuando, en el proceso de su inserción en el mercado, sus representantes promocionaron debates públicos con los sindicatos locales demostrando incomprensión de la relación capital-trabajo en el Perú. Y también cuando una empresa de pastas insistió, vulnerando normas administrartivas y tomando contacto con autoridades siniestras, en radicarse en un distrito –Chorrillos- cuya especial condición ecológica no estaba desprovista de fuerte carga histórica. Y ahora, quizás en circunstancias menos apremiantes, otra empresa chilena que tiene participación mayoritaria en un estratégico mercado local, incurre en negligencia que violenta la sensibilidad de los clientes a los que sirve. Insistimos, la secuencia de estos hechos indica que algunos exponentes del empresariado sureño no han incorporado suficientemente a su gestión parámetros elementales de conducta que eviten fricción con la cultura local.
No podemos reportar los mismos niveles de desadaptación en los inversionistas peruanos en Chile porque, salvo algunos contados casos (el de Aerocontinente fue una excepción además de un mal ejemplo) sencillamente éstos no tienen la capacidad financiera para incorporarse a él o las barreras de entrada son innecesariamente altas (p.e. en el sector bancario). Por ello, nuestro problema de presencia privada en el exteior no proviene del sector empresarial sino del sector laboral: de nuestros migrantes.
Éstos, empujados por la falta de oportunidades en el Perú, concurren a mercados saturados como el chileno,el boliviano o el argentino. Lamentablemente, escondidos en el cúmulo de ciudadanos decentes que buscan empleo decente en el exterior, no son pocos los compatriotas que incurren en actividades delictivas o que muestran incapacidad de adaptación a los usos locales generando innecesario malestar. La sensitividad a la fricción es en estos casos también alta habiéndose escalado alguna vez al nivel político. En estos casos la buena disposición de las respectivas cancillerías ha generado regímenes que permite el buen manejo de los problemas sociales y laborales en este acápite. La interdependencia, aunque a un costo, también ha crecido en este sector.
Bajo estos marcos de progreso, sin embargo, existen rigideces en el mercado que seguirán causando fricciones que es necesario prevenir para beneficio de ambos Estados. Una de ellas está referida a la extraordinaria flexibilidad del régimen de inversión extranjera en el Perú o a interpretaciones fundamentalistas en su aplicación. Esta consiste en no reconocer la existencia de sectores estratégicos que debieran estar reservados para el capital nacional o para el inversionista que resulte más conveniente o menos propenso a la afectación de intereses nacionales aceptando un concurso minoritario en asociación con el capital nacional.
En efecto, bajo parámetros económicos de irracional aplicación, el gobierno anterior no sólo se llevó de encuentro a la empresa pública –considerarda como un mal per se- sino que se procedió a una política de apertura a la inversión extranjera en términos que consideraban la seguridad nacional y la sensistividad de ciertos sectores para el desarrollo como un inexistente bien público. El trato paritario se estableció, sin excepciones, en la Constitución con las consecuencias conocidas: un país central para el transporte aéreo en América del Sur no tiene línea de bandera y un Estado costero con una economía que crece por exportaciones no tiene líneas ni de cabotaje ni de carga relevantes que transporten sus productos. Y hasta hoy –mientras el Congreso no se pronuncie- la inversión extranjera de cualquier origen puede concurrir al sector portuario sin importar la condición del puerto (la centralidad y el volumen de movimiento de carga del Callao, por ejemplo) ni niveles de participación (Chile admite inversión vecinal en un porcentaje minoritario).
Mientras estos problemas no se corrijan, la fricción con el inversionista extranjero estará latente. Si entre vecinos en la región deseamos generar una intensa interdepedencia, evitar la sensitividad negativa derivada de esa relación es una responsabilidad de los gobiernos. Y ésta pasa por establecer de manera explícita lo que el inversionista no puede hacer (para evitar casos como el de Lan) y por definir los ámbitos donde el concurso de la inversión extranjera debe tener limitaciones derivadas de los requerimientos de seguridad o de cuidado de ciertos sectores necesarios para el desarrollo nacional.
Es más, teniendo en cuenta el bajo flujo de inversión extranjera derivado en parte de la concentración de ésta en los países mayores de la región (especialmente en Brasil y México), las instituciones de promoción de la inversión no pueden limitarse a ser reguladores de concesiones de bienes públicos. Su deber también debiera ser el de salir a los mercados a promover el flujo de capitales hacia nuestro país, estimular el concurso de inversionistas nacionales en empresas mixtas y orientar la inversión extranjera a sectores efectivamente estratégicos para el desarrollo y la competitividad nacionales en el ámbito industrial y de servicios, por ejemplo.
En este campo la cooperación entre el sector público y privado nacional y extranjero es indispensable para evitar problemas como el que acaba de ocurrir con Lan, para optimizar el rol de la inversión extranjera en el país y para evitar la indebida manipulación de los sentimientos nacionalistas que existen aún en todos los Estado contemporáneos.