Alejandro Deustua
11 de feb de 2015
A las proyecciones económicas de los organismos internacionales siempre corregidas (alguna autoridad del FMI acaba de confesar que en su última evaluación de la economía global pecaron de pesimistas), a las nuevas metodologías de cálculo del PBI y de los supuestos elementales que definen el comportamiento económico (el Banco Mundial dice, como todos sabemos, que los individuos no se comportan de manera perfectamente racional sino que la conducta impulsiva debe tener un sitio en los presupuestos de cálculo) y a las “nuevas economías” (la verde, la de la “felicidad”), el Instituto Cato contribuye con un “índice de la miseria”.
Es posible que la concepción de este índice y sus factores determinantes (la suma de las tasas de desempleo, interés y de inflación menos el cambio porcentual del PBI per cápita) sean cuestionables y que, al respecto, se pueda debatir con su autor, Steve Hanke. Pero el hecho es que el índice ya se publica y su origen, el Instituto Cato (un think- tank económicamente ultra liberal), tiene cuatro décadas de arraigo en el “mercado” intelectual de las ONG.
En la versión correspondiente al 2014 (que presenta la situación del 2013), Venezuela aparece sólo debajo de Siria entre los 109 países que producen más miseria (es decir, la miseria que los gobiernos producen a sus ciudadanos) en el mundo. Antes de cualquier reacción demagógica digamos, que entre los latinoamericanos aparecen también Brasil (puesto 9), Argentina (puesto 17), Honduras (puesto 20), Perú (puesto 28), Nicaragua (puesto 29), Uruguay (puesto 35), Bolivia (puesto 51), Paraguay (puesto 56), Chile (puesto 68), México (puesto 78), Ecuador (puesto 79) y El Salvador (puesto 91).
Es decir, 13 de los 109 países (que incluyen a Suecia, Estados Unidos, Alemania y Noruega y, por cierto, a Grecia) son latinoamericanos. Que 12% de los nuestros esté en la muestra global de los “miserables” no es excusa para que Venezuela encabece, entre los países de la región, esa lista con 81.8 puntos mientras el último (El Salvador) aparezca con apenas 11 puntos (al Perú se le atribuye 25.2 puntos, es decir 3.2 veces menos ó 56.6 puntos por debajo de Venezuela). Ello dice muchísimo del padecimiento de los venezolanos y del grado de crueldad económica que les inflinge institucionalmente su autoritario y cruel gobierno.
Obviamente este indicador refleja mejor el impacto humano de la catástrofe económica generada por el chavismo que el índice de competitividad de la WEF 2014-2015 en el que Venezuela se hunde (3.36 es su referencia en la materia: la peor en la región y sólo mejor que Yemen, Burkina Faso o Haití).
Esta situación empeorará este año: si el FMI estimó en -1% la contracción de la economía venezolana en el 2014, para el 2015 proyecta un -7%.
La miseria que esa proyección muestra es también una perspectiva de la violencia y de la polaridad social que padece Venezuela. Ésta está bien lejos de la realidad que presentaba el lustroso Latinoabarómetro que premiaba a Venezuela con uno de los más altos índice democráticos de la región. Es verdad que en esos días (2010-2012) el índice de felicidad de los venezolanos se situaba en el puesto 20 a nivel global cuando el precio del petróleo giraba en torno a los US$ 100 (US$ 98 el WTI y US$ 109 el Brent) y que, por tanto, el apego a Chávez habría estado en mejor pie.
Como se sabe, en los días en que el Sr. Chávez reinaba (como dice reinar el Sr. Maduro cuando bromeó con el Secretario General de UNASUR, el Sr. Samper), el petróleo era la vara que imponía el estado de ánimo en ese reino. Fue útil incluso para rebajar la participación de las exportaciones no petroleras venezolanas de 25% y 30% a fines del siglo pasado al mísero 4% de hoy. Castigado y todo el petróleo sigue siendo el instrumento de la fuerza que esgrime el Sr. Maduro en tanto, al representar el 95% de las exportaciones, representa también el total control de las divisas por el Estado.
A pesar de una reforma cambiaria reciente, así sigue siendo. En efecto, no obstante la creación de un nuevo tipo de cambio “libre” (el Sistema Marginal de Divisas o SIMADI) que, al estilo cubano, permite que una mínima parte de la liquidez en moneda extranjera se comercialice abiertamente (legalizando así el mercado negro), la masa monetaria sigue bajo control gubernamental a tasas fijas.
Si ello indica una devaluación en ciernes (que, por lo demás, la realidad demanda so pena de que se produzca el gran “desembalce” como se decía en el Perú en los años 80) los venezolanos seguirán padeciendo porque la inflación actual de 60% podrá evolucionar a una hiperinflación de tierra arrasada cuya posta intermedia sería ya de 120% según Capital Market. Ello golpeará aún más a los miserables.
Mientras tanto, se mantiene el mecanismo estatal denominado Centro de Comercio Exterior (CENCOEX) que controla el 70% de las divisas a un precio de 6.3 bolívares que se dedica sólo a la importación de alimentos y medicinas entre otros bienes básicos que las empresas venezolanas (con una importante tradición agropecuaria) ya no pueden producir.
Y queda también el mecanismo de subasta de divisas para las empresas a partir de 12 bolívares del Sistema Complementario de Administración de Divisas.
En este marco, la corrupción campea a costa del ciudadano (y probablemente lo involucra) en un escenario de escasez generalizada que degrada la vida cotidiana de los individuos e inflinge, en las colas y en el total deterioro de las expectativas más elementales, serio daño material y moral a la sociedad.
Esta realidad es la contracara de los 25 mil homicidios cometidos en Venezuela el año pasado (Montaner) que multiplicados, digamos por una década, preferimos no precisar. La incapacidad estatal para controlar esa monstruosa realidad es de lesa humanidad.
Por lo demás, la historia de la violencia política en Venezuela es bien conocida. Especialmente la que ejerce las milicias oficiales y oficiosas amparadas por autoridades corruptas que encarcelan a líderes de la oposición (el caso de Leopoldo López) y reprimen sus derechos ejerciendo violencia material y psicológica sobre ellos (el caso de Carolina Machado).
Al respecto, Human Rights Watch ha publicado un reporte que en América Latina pocos gobiernos desean leer o darse oficialmente por enterados. En lugar de ello, la preferencia va por el lado de las sanciones aplicadas a abusivas y delincuenciales autoridades venezolanas que, delatadas por sus propios colaboradores, han violado normas internacionales (especialmente las vinculadas al narcotráfico) y que han recibido sanciones que se aplican sólo en territorio estadounidense (negación de visas, paralización de cuentas).
He aquí entonces que aparece el UNASUR tan patrocinado en el pasado por Venezuela y Brasil. A pesar de que el Secretario General de la OEA ya tomó nota de las denuncias de violación de la democracia en Venezuela, los cancilleres de Uruguay, Brasil, Ecuador y Venezuela se han reunido en Montevideo con el Secretario General de UNASUR, el cuestionado Sr. Samper, no para promover la normalización de la situación política interna venezolana ni, mucho menos, para conminar al Sr. Maduro a que cese de violentar la cláusula democrática del propio UNASUR o se atenga a la punición correspondiente, sino para favorecer “la paz y la concordia” entre Venezuela y Estados Unidos.
La intención es convocar una reunión extraordinaria de cancilleres para evaluar el impacto de las sanciones norteamericanas antes que atender la catástrofe política y económica que ocurre en Venezuela y los efectos que ésta tiene en el resto de la región (especialmente por ser miembro pleno del MERCOSUR, por los vínculos de Petrocaribe –cuyos beneficiarios se verán afectados por cualquier ajuste venezolano que implique rebajar pérdidas por US$ 44 mil millones- o por los vínculos especiales que mantiene con China –cuyo financiamiento incondicional por US$ 50 mil millones ha contribuido al desastre como sostiene Hausman-).
La atención regional a un particular problema entre Estados Unidos y las autoridades venezolanas en lugar de prestar atención y ánimo corrector a la situación interna venezolana es sencillamente escandoloso.
Si bien hoy la presidencia pro témpore de UNASUR la ejerce Uruguay, la legitimación externa de la cuestionable elección del Sr. Maduro ocurrió en UNASUR bajo la presidencia pro témpore peruana cuya demanda de diálogo no sólo no mejoró la situación interna en el país del heredero de Chávez sino que la gestión peruana no exigió ni instaló un mecanismo efectivo de diálogo interno ni recordó conminatoriamente, al respecto, los términos de las cláusulas democráticas regional y hemisférica.
En no poca medida, la cobertura que la región ha prestado al régimen venezolano es responsable de la situación de la miseria integral que padece la población de ese país. Ya es tiempo que UNASUR atienda esta extraordinaria problemática.