Alejandro Deustua
13 de sep de 2005
14 de setiembre de 2005
La cumbre mundial que precede a la instalación de la 60 Asamblea General de la ONU ha sido presentada como una oportunidad en una generación para producir cambios sustantivos en el sistema internacional. De acuerdo a esta referencia, la persistente falta de consenso para producir reformas en el Consejo de Seguridad, fortalecer los compromisos sobre los objetivos del milenio o acordar un régimen global para la lucha contra el terrorismo debiera considerarse un fracaso. Éste es el resultado que muchos anticipan...salvo que se establezcan otros parámetros para medir el resultado.
El primero de ellos debiera consistir en reconocer que el régimen principal del sistema internacional no puede ser cambiado sin que medie una alteración sustantiva del orden establecido. El segundo deriva de los largos plazos que la diplomacia multilateral reclama. La tercera emerge de la realidad presente: el multilateralismo está en crisis si se considera las grandes complicaciones de la OMC (la Ronda Doha), la turbiedad del proceso decisorio del Consejo de Seguridad (la guerra de Irak), la tendencia al bloqueo y la autoexclusión de los Estados Unidos, la abierta contienda de intereses entre potencias establecidas y emergentes y la escasa influencia de las menores.
Este diagnóstico, que no incluye a la Secretaría General, es poco consuelo sin embargo para explicar la falta de consenso en la generación colectiva de bienes públicos y, por tanto, de gobernabilidad.
En un contexto de extendido aunque atenuado crecimiento y de extraordinaria acumulación de riqueza resulta irracional que la comunidad internacional no logre asegurar para el 2015 la reducción de la pobreza extrema en 50%, la disminución sustantiva de la mortalidad infantil y materna, la educación primaria sin discriminación, el incremento de la sustentabilidad del medio ambiente y el incremento de la asistencia y de la apertura comercial con propósitos de desarrollo (los Objetivos del Milenio).
Y en un escenario ausente de conflicto sistémico, aunque permeado de nuevos desafíos de seguridad, es francamente hipócrita el comportamiento de una comunidad que no logra definir una amenaza manifiesta como el terrorismo organizado, que baja la guardia frente al asesinato de civiles en operaciones intrusivas y que excluye de responsabilidad a los movimientos de liberación nacional que ejercen la violencia como instrumento de amedrentamiento social. Si la comunidad internacional no logra organizarse frente a una amenaza clara entonces algunos de sus miembros más influyentes avalan la amenaza.
Por lo demás, si es cierto que un régimen global se organiza mejor como resultado de un cambio de sistema, debe recordarse que el núcleo de ese régimen –el Consejo de Seguridad- se modificó dos veces en plena Guerra Fría: en 1963 para ampliar de 6 a 10 los miembros no permanentes y en 1971 para admitir a China en lugar de Taiwan entre los permanentes. Si hoy la ampliación de los miembros permanentes es más compleja dada la resistencia de China, Pakistán, Argentina, Italia o Estados Unidos a la incorporación de Japón, India, Brasil o Alemania, la ampliación de los miembros no permanentes en un ambiente multilateral debiera ser posible. Y sin embargo, no lo es.
En este escenario contencioso, la reforma de la institucionalidad que cautela los derechos humanos y la creación de una unidad de reconstrucción de Estados post-conflicto será sólo un atenuante si la comunidad internacional no se compromete a realizar, en el largo plazo, la agenda de la actual Asamblea General. El Perú, que en octubre debiera ser electo al Consejo de Seguridad, tiene al respecto una gran responsabilidad.