Alejandro Deustua
11 de ago de 2005
12 de agosto de 2005
Independientemente de su origen profesional, un ministro de relaciones exteriores es esencialmente un político. Pero a diferencia de los demás, el cargo requiere de él un conocimiento elemental del interés nacional establecido, la distinción -por lo menos intuitiva- entre los campos de la política interna y la externa y una atención especial a los mecanismos de proyección internacional y a los que brindan legitimad local.
Si estas condiciones básicas no son satisfechas, el riesgo de fracaso en la gestión es alto y, por lo tanto, los niveles de vulnerabilidad de un Estado pequeño y en formación, como el nuestro, se incrementan. A este riesgo acaba de exponer el país el costoso nombramiento de un nuevo canciller que no satisface esos requerimientos y que ha sumido al país “estable, viable y posible” anunciado el 28 de julio en una crisis de confianza de múltiples aristas cuyo marco es la aproximación al vacío de poder.
Como quiera que desee definirse el interés nacional, entre los que han sido precisados está el de la lucha contra el narcotráfico. Éste, sin embargo, ha sido puesto en cuestión por una peligrosa contienda de competencias sobre la capacidad de legislar sobre los cultivos de coca. El resultado ha sido la atenuación del nivel de alerta nacional sobre ese peligro como consecuencia del desafío planteado por el poder regional para normar en la materia. Esta situación, que pone en riesgo la seguridad nacional y el proceso de descentralización, compromete además el cumplimiento de los compromisos internacionales del Perú.
En este contexto, cualquier ministro de relaciones exteriores habría fortalecido el interés nacional cuestionado, sostenido el fuero de la autoridad central en su defensa y asegurado el cumplimiento de nuestras responsabilidades internacionales en la materia.Especialmente cuando de esa disposición sigue dependiendo la calidad de nuestra inserción externa y el logro de importantes objetivos nacionales. En lugar de ello, el nuevo titular, luego de optar por el alineamiento con la autoridad regional –que pertenece a su partido-, ha descargado su responsabilidad en el Tribunal Constitucional sin tener en cuenta las consecuencias fragmentadoras que la hostilidad cocalera ha producido en un país vecino.
La incapacidad del titular para corregir el rumbo confirma que su prioritaria filiación partidaria sigue incidiendo determinantemente en su comportamiento en la representación del Estado. Aquélla no parece diferir sustancialmente de la que se manifestó, de manera extraordinariamente, mientras se mantuvo a cargo de una embajada en el exterior. Si la atención de los intereses partidarios tiene tal influencia en el titular de Torre Tagle, difícilmente podrá éste distinguir entre política interna y externa en momentos difíciles y menos cuando su antecesor definió ésta como una función de aquélla.
Y si las capacidades de ejecución del interés nacional y de representación del Estado pueden ser afectadas por la predisposición partidaria del titular, aquéllas se verán adicionalmente comprometidas por la incapacidad mostrada por éste para respetar la jerarquía ejecutiva de la Cancillería que, por lo demás, ya exhibe una concentración excesiva del proceso de toma de decisiones en la Alta Dirección.
Si se considera adicionalmente la tradición confrontacional del nuevo titular, será difícil para éste articular una plataforma de consensos que otorguen legitimidad puntual a su gestión. Y menos en el actual clima de disenso que ha contribuido crear y que podrá agravarse conforme se aproxime la campaña electoral en la que tomará parte. El nuevo titular debe recapacitar.