Alejandro Deustua
30 de dic de 2004
Poniendo en cuestión los diagnósticos sobre el predominio de las “nuevas amenazas” en épocas de pseudo-globalización, la semana pasada ambientó, aunque sobre premisas equivocadas, el retorno de la problemática convencional de seguridad en el Pacífico sur suramericano.
En efecto, la insuficiente carta de intención para la exportación del gas boliviano por territorio peruano y un precario acuerdo que apunta a la creación de un mercado común entre las partes suscritos en el marco de sendos reclamos marítimos, parece haber sido leído por la autoridad chilena como una reedición de alineamientos del siglo XIX. Ello ha motivado una reacción en esos tres países –y en el Ecuador- típica de los más primitivos escenarios del realismo clásico y del ejercicio rudimentario del balance de poder.
La sobrereacción de las autoridades implicadas puede explicarse por su pésima lectura del poder que éstas pueden desplegar efectivamente en el terreno, las graves fallas de comunicación entre la cancillerías, la fuerte distorsión del problema diplomático por los medios de comunicación, la subestimación de la sensibilidad del interés nacional vinculado al territorio por la políticas exteriores vigentes, el uso de las mismas para solucionar problemas internos y, especialmente, al predominio de elementos emocionales en su conducción. En resumen, la dimensión de irracionalidad con que se promueve el interés nacional en los cuarto países involucrados se ha probado en estos días alarmante.
El núcleo de este escenario lo conforma la reivindicación marítima boliviana a partir de octubre del año pasado cuando fuerzas antisistémicas de cocaleros e indigenistas forzaron la renuncia del presidente Sánchez de Lozada. Si la política explícita boliviana de promover la competencia abierta peruano-chilena para la canalización de un recurso estratégico como el gas era entonces peligrosa, ésta se tornó abiertamente desestabilizadora cuando Bolivia perdió toda capacidad de intermediación interna y el nuevo presidente tuvo que seguir el curso hipernacionalista que imprimió la situación de emergencia a su legítima reivindicación marítima. Sin medir las consecuencias, Bolivia confrontó beligerantemente a Chile aun cuando sus autoridades saben que deberán entenderse con ese país.
En ese contexto disfuncional, nuestra Cancillería renovó la solicitud de negociaciones de delimitación marítima buscando un resultado perentorio al hacerlo de manera pública y planteando un plazo de 60 días al efecto. Sin tomar en cuenta el marco de largo plazo en que está planteada la controversia, despreocupándose por la consolidación regimental de nuestra posición (que reclama la adhesión a la Convención del Mar) y obviando la reserva del procedimiento, el planteamiento peruano pareció organizarse a la sombra del boliviano. De allí que el “Tratado General” de integración que se orienta hacia un mercado común y la carta de intención para sacar el gas tarijeño por puertos peruanos –interés peruano anterior a la presidencia del señor Mesa y distinto del requerimiento de delimitación marítima- aparecieran signados por esta situación.
De otro lado, la autoridad chilena –embarcada en su propia problemática interna- no supo ni quiso leer esta circunstancia y dio “fe” a una distorsión deliberada de un diario boliviano que sostenía que el Perú estaba cuestionando el principio básico de su política exterior -el fiel cumplimiento de los tratados- sin tomar en cuenta que autoridades bolivianas están interesadas en que ello ocurra para poder cuestionar el tratado boliviano-chileno de 1904. Con ello los medios chilenos autojustificaron la percepción de “aislamiento” que Chile dice padecer a pesar de su predominio económico y militar. Esta situación quiso dar un nuevo giro a la controversia jurídica peruano-chilena a la que se sumó el canciller ecuatoriano ejerciendo, según él, la “diplomacia preventiva” cuando el Perú no ha planteado absolutamente nada al Ecuador.
Como en el siglo XIX y mediados del XX la fantasía de los “ejes” geopolíticos se reconfiguró en la percepción de las cancillerías y de las fuerzas armadas. Así, cuando la fuerzas chilenas cambiaron de objetivo estratégico a unas maniobras que no fueron anunciadas como debieron serlo y la fuerza aérea peruana respondió como debía, el trabajo de generación de medidas de confianza entre las partes de estos últimos años fue gravemente afectado aun cuando las instituciones pertinentes en la materia están activas.
A la luz de estos hechos, es necesario que el Perú recobre la independencia de su política exterior vecinal, extienda los vínculos de integración con Bolivia a Chile y que nuestra fuerzas armadas restablezcan un equilibrio estratégico razonable con nuestro vecino del sur para cooperar mejor. Bolivia y Chile, por su lado, deben retomar la agenda de Algarve del 2000 comprometida por el presidente Lagos con el expresidente Banzer – y que incluye al Perú-. Y Ecuador debe sumarse a sus tres vecinos en un esfuerzo de recuperación conjunta de la racionalidad perdida.