Alejandro Deustua
22 de nov de 2021
22 de noviembre de 2021
En un marco de debilidad institucional en casi todos los países suramericanos los procesos electorales realizados en Venezuela y Chile no mejorarán la situación de gobernabilidad en el área y tampoco y tampoco reconstituirán a esos países como polos articuladores regionales.
Si hasta hace poco el ordenamiento político suramericano se tensaba entre la consistencia liberal chilena y la persistencia comunista cubana reflejada en el núcleo venezolano, esas referencias se han diluido al tiempo que los consensos democráticos y económicos hemisféricos se han disipado. El desorden, en consecuencia, reina en el área.
En efecto, las recientes elecciones locales y regionales venezolanas lejos de restablecer el poder ordenador de ese país que, ilegalmente, generó Chávez, hoy sólo incrementan la ilegitimidad de la dictadura. Ésta ha “ganado” 20 de las 23 gobernaciones con un ausentismo de entre 58% y 75%, el control de todas las instituciones y de una población que depende económicamente del favor gubernamental luego de que la dictadura destruyera el 75% del PBI.
Bajo esas condiciones, la participación observadora de una misión europea luego de que Maduro quebrara el diálogo con la oposición en protesta por la extradición de un blanqueador de activos (Saab), sólo añade farsa a los comicios. Y también subraya el carácter de la organización criminal que dice gobernar Venezuela mientras la CPI investiga al dictador por delitos de lesa humanidad.
El reconocimiento del gobierno de Maduro por grandes potencias extra- regionales y por algunas pequeñas o disfuncionales, no cambia el hecho de que, lejos de generar influencia y constituir un polo ordenador regional, esa dictadura opte por el control de los movimientos sociales del área y la modulación del clima delincuencial que se proyecta sobre ella.
Ello ocurre mientras su fuente de soporte ideológico (Cuba) está perdiendo viabilidad social como lo prueba el activo rechazo que genera ese gobierno en las nuevas generaciones. De ello ha dado cuenta la represión generalizada ejercida recientemente por el gobierno cubano, al estilo de la vieja KGB o de la Stasi, sobre las protestas iniciadas en julio.
Desaparecido así un núcleo convencional de poder regional en manos de una gran corporación criminal, el escenario debería haber quedado abierto al predominio de un polo de proyección democrática y de libre mercado.
Pero he aquí que uno de sus baluartes articuladores (Chile), ha sufrido la consecuencias del descontento de su propia población. La combinación de gran desigualdad, exceso de expectativas, corrupción, disfunciones institucionales, escándalos financieros (el último de los cuales el presidente Piñera acaba de sortear) y violencia derrumbó a la Concertación.
Si la debilidad gubernamental no pudo salvar a los gestores de una transición democrática de gran legitimidad política inicial y eficiencia económica reconocida que alejó de los rezagos de la dictadura, tampoco pudo contener la exigencia de cambio constitucional. Ésta, reflejada hoy en una asamblea integrada mayoritariamente por independientes (elegidos, también, sin gran participación ciudadana) produciría un proyecto normativo probablemente antisistémico.
En ese marco, candidatos de los extremos políticos acaban de triunfar en elecciones presidenciales a resolverse en segunda vuelta. En apariencia, no existe entre ellos posibilidades de consenso programático ni operativo alguno en un marco de alta inflación, fuga de capitales, crisis de las AFP, elevada deuda externa y desconfianza de inversionistas. La quebrada disciplina del mercado ha perdido también proyección ordenadora.
En consecuencia, se ha fortalecido en Suramérica un escenario carente de alineamientos estabilizadores (que tampoco las grandes potencias del área -Argentina y Brasil- pueden proporcionar). A ello se añade una proyección regional de muy bajo crecimiento (EIU). Y mientras la anarquía manda, el Perú no desea aún prepararse para la torrentada.