Alejandro Deustua
28 de jun de 2011
Si la inserción del Perú en el mundo ha mejorado en la última década, la confrontación de la amenaza del narcotráfico ciertamente no ha contribuido a ello. Especialmente si se considera el incremento de la extensión de cultivos de coca ilegal en el país (que luego de ser sistemático ha devenido en constante en los últimos cinco años), el relativo progreso registrado por ciertos vecinos al respecto y el retroceso del valor del mercado de la cocaína.
En efecto, según el último World Drug Report de la ONU (1), el cultivo de coca de la hoja de coca ha aumentado en el Perú de 38.7 mil has en 1999 a 61.2 mil has. en el 2010. Y lo ha hecho sin respiro desde el 2006.
Ese aumento de 64% contrasta fuertemente con la gran caída de la producción en Colombia que, en ese período, pasó de 160.1 mil has. a 57 mil has. (es decir, un recorte de algo menos de dos tercios de la extensión cultivada). Y, aunque la proporción del aumento del cultivo ilegal es superior en Bolivia (71%), la extensión del mismo es la mitad de la peruana (la producción creció de 21.8 mil has. a 30.9 mil has. en el período en consideración).
El problema es mayor si se tiene en cuenta que en Bolivia gobierna nada menos que el presidente del sindicato cocalero, cuestión que debiera haber agravado mucho más la situación de ese país en relación al Perú.
Y empeora aún más si se considera que el éxito en Colombia no puede ser atribuido sólo a la erradicación aérea (el spray, responsable de 101.9 mil has erradicadas al 2010). Así mientras que en Colombia la erradicación manual fue de 43.7 mil has al 2010, ese año el Perú sólo alcanzó 12.5 mil has. a lo que debe agregarse el incremento del potencial de la producción de la cocaína multiplicado por el incremento de la productividad de la cosecha y de la calidad de la planta (para esta fenomenología, sin embargo, la ONU no dispone de cálculos apropiados).
De esa estadística se deduce que, en lo que va del siglo, el Perú no sólo no ha contribuido a reducir la cantidad de hoja ilegal efectiva (-18% entre 2007 y 2010, gracias a el esfuerzo colombiano) sino que tampoco ha desempeñado un rol en la gran caída del valor del mercado de la cocaína (de US$ 165 mil millones en 1995 a US$ 85 mil millones en el 2009).
La irresponsabilidad en el sector es aún mayor en tanto el aumento de la captura de cocaína (especialmente en América Latina, que es del orden del 61% de la captura global) muestra un gran dinamismo en el sector productor calificado por la reducción del 18% en la extensión cultivada (hasta 149 mil has. actuales).
Por lo demás, el mantenimiento del nivel global de consumo de la droga (entre 0.3% y 0.5% de la población mundial) no ayuda en la materia. Y tampoco el hecho de que el consumo de marihuana (el mayor de todos), de anfetaminas, metanfetaminas y de opio supere al consumo de cocaína.
En efecto, si bien el consumo de cocaína en los Estados Unidos ha caído fuertemente, ese mercado se mantiene como el principal consumidor global con 36% del total (equivalente a unas 157 mil toneladas).
De otro lado, el efecto de esa caída cuantitativa no ha erosionado el mercado mundial en tanto el consumo de cocaína en Europa Occidental y Central (no en Europa del Este) ha aumentado hasta unas 123 mil toneladas cuando hasta hace poco ésta representaba el 25% del mercado norteamericano.
Esa dinámica no es ajena a Suramérica en tanto los países mayores del área –Brasil y Argentina- han derivado en principales consumidores representando 33% y 25% del total regional, respectivamente. Si a ello se suma Chile (10% del total) resulta que el Cono Sur queda complicado con el 68% del total. Ello representa un problema de seguridad evidente calificado por el incremento del perfil consumidor de los países productores (Colombia representa 9% del consumo regional).
En este escenario no es sólo con políticas finas (control de los insumos, lucha contra el lavado de dinero o esfuerzos focalizados de sustitución) ni con la liberalización del consumo (que sólo incrementaría su volumen en tanto éste tiene un altísimo techo para crecer) que se logrará avanzar frente a este flagelo. El Perú debe volver a considerar una mejor interrelación entre los instrumentos de erradicación intensa (al estilo colombiano), la interdicción y la sustitución amplia de cultivos.
El objetivo debe ser el de extraer al Perú del circuito de la coca ilegal y el esfuerzo debe ser mancomunado si se desea una mejor inserción el mundo. Es en este marco (en el que los países consumidores, especialmente los occidentales, tienen una responsabilidad aún mayor), en el que debe aplicarse el principio de responsabilidad compartida.